Un informe del Equipo de Chequeado alerta que el nuevo organismo oficial, creado para desmentir «fake news», carece de independencia y contradice los principios básicos del fact checking. Señalan el riesgo de que sea usada para hostigar a opositores.
La creación de la «Oficina de Respuesta Oficial» por parte del gobierno nacional, presentada como un mecanismo para combatir la desinformación y «dejar en evidencia las operaciones de los medios», fue duramente cuestionada por especialistas en verificación del discurso público.
Según Noticias Argentinas, la iniciativa se aleja de los estándares internacionales de fact checking y genera riesgos de convertirse en una herramienta de control político. Los expertos coinciden en un punto clave: el Estado, actuando como juez de su propio discurso, no puede cumplir el rol de verificador independiente.
El problema de ser «juez y parte»: los principios incumplidos de la verificación
La crítica central de los especialistas se basa en los Códigos de Principios de la International Fact Checking Network (IFCN), que exigen a las organizaciones verificadoras una independencia absoluta del poder que están fiscalizando, transparencia metodológica y en el financiamiento, y una política de corrección abierta de errores.
Lucas Graves, investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison, uno de los mayores referentes mundiales en el tema, es contundente: «Ninguna agencia estatal debe confundirse o presentarse como fuente de información independiente». Clara Jiménez Cruz, CEO de la prestigiosa organización española Maldita.es, explica la contradicción de fondo: «El trabajo del fact checking es obligar a los poderosos a rendir cuentas. Si ellos mismos pretenden hacer el fact checking, ¿quién garantiza la rendición de cuentas?». Esta lógica de «auto-auditoría» socava la esencia misma de la verificación de datos, que es controlar a quienes ejercen el poder.
Una paradoja: más desmentidas oficiales, pero menos acceso a la información pública
El informe de Chequeado también subraya una flagrante contradicción en la gestión. Mientras la Oficina de Respuesta promete «brindar más información» para combatir la desinformación, el gobierno de Milei ha modificado la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, introduciendo nuevas restricciones y dificultando las consultas ciudadanas.
El dato es elocuente: según las estadísticas oficiales, la actual gestión es la que «más pedidos de acceso a la información dejó sin responder» en comparación con los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Esta falta de transparencia activa, mientras se desarrolla un organismo para «desmentir activamente», preocupa a las organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho a la información, como FOPEA, quienes ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.
Antecedentes que preocupan: no es la primera vez que un gobierno intenta controlar el relato
La estrategia de crear «verificadores oficiales» no es nueva ni exclusiva de Argentina. El informe de Chequeado enumera varios antecedentes nacionales y regionales que sirven como advertencia sobre los riesgos de estas herramientas:
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Argentina: La plataforma «Confiar» durante la pandemia, el observatorio «Nodio» bajo la gestión de Alberto Fernández, y el streaming «Fake, 7, 8» inaugurado recientemente por el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
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Región: El sitio «Brasil Contra Fake» del gobierno de Lula da Silva, «Infodemia» en México y la cuenta «Segcomv» en Ecuador.
La experiencia muestra que estas oficinas suelen derivar en mecanismos para hostigar y perseguir a voces disidentes o críticas, en lugar de combatir objetivamente la desinformación. Por ello, organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y dirigentes de la oposición han advertido sobre el peligro de que esta Oficina de Respuesta se transforme en un arma para silenciar opiniones bajo el disfraz de la «verdad oficial».
La creación de la Oficina de Respuesta plantea una disyuntiva fundamental para la democracia: ¿quién controla a quien controla? Los expertos son claros en que una herramienta estatal, por diseño, no puede auditarse a sí misma ni a sus funcionarios con la imparcialidad y rigurosidad que exige el periodismo de datos. El riesgo final es que, lejos de esclarecer el debate público, termine opacándolo bajo la sombra de una «verdad» impuesta desde el poder.