Ante la jueza Loretta Preska, el Estado sostuvo que las reservas de oro del Banco Central no están sujetas a embargo ni a pedidos de discovery del fondo Burford
El proceso judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Estados Unidos, luego de que la República Argentina presentara una declaración jurada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en relación con las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La presentación respondió a un requerimiento de la jueza Loretta Preska, quien falló a favor del fondo Burford Capital en la causa por la estatización de la petrolera. En el escrito, el Estado argentino reafirmó la inmunidad soberana de las reservas internacionales y rechazó que puedan ser alcanzadas por embargos o ejecuciones judiciales.
La postura oficial: inmunidad absoluta de las reservas
En la declaración jurada, firmada por el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, la defensa sostuvo que las reservas del BCRA no están sujetas a ejecución ni en Estados Unidos, ni en la Argentina, ni en ningún otro país, independientemente de cualquier pedido de discovery formulado por los demandantes.
El documento dejó asentado que el Ministerio de Economía no posee información directa sobre la ubicación ni la administración del oro, ya que esas funciones corresponden exclusivamente al Banco Central, en su carácter de ente autárquico e independiente. De acuerdo con BAE Negocios.
Para la elaboración de la presentación, se consultó al ministro de Economía, Luis Caputo, al Ministerio de Seguridad y al propio BCRA, que ratificó la imposibilidad de brindar la información solicitada por razones de seguridad y política monetaria.
El rol del Banco Central y la confidencialidad
Desde el BCRA remarcaron que revelar información sobre la ubicación pasada, presente o futura del oro podría afectar la política monetaria y cambiaria, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero.
Según el criterio oficial, la administración de las reservas es una competencia exclusiva del Banco Central y cualquier intento de forzar su divulgación vulneraría su independencia funcional, además de comprometer intereses estratégicos del Estado.
Fuentes oficiales fueron categóricas al señalar que «las reservas del BCRA gozan de inmunidad soberana» y que brindar detalles sobre su localización no solo es improcedente desde el punto de vista legal, sino riesgoso desde el punto de vista institucional.
El interés de los fondos y el pedido de discovery
El planteo se inscribe en el marco de la ejecución de la sentencia que condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management. Desde mayo de 2024, los demandantes vienen impulsando pedidos de discovery para identificar activos susceptibles de ejecución, con especial foco en más de USD 1.000 millones en reservas de oro.
El pedido incluyó la identificación de cuentas, movimientos, localización del oro y la comparecencia de un funcionario con conocimiento directo. Incluso, los fondos solicitaron que Luis Caputo declare ante el tribunal.
En agosto de 2025, la jueza Preska ordenó que la Argentina presentara un testigo sobre el oro, pero la defensa sostuvo que el representante enviado no contaba con las credenciales necesarias para responder sobre un activo bajo administración del BCRA.
La estrategia legal del Estado argentino
La Procuración del Tesoro respaldó la presentación y reiteró que la información sobre las reservas internacionales está bajo control exclusivo del Banco Central, y que facilitar esos datos vulneraría la legislación local, la Constitución Nacional y principios básicos del derecho internacional.
En despachos oficiales reconocen un creciente malestar con la estrategia de Burford, a la que consideran abusiva e ilegítima, por avanzar sobre activos soberanos protegidos por normas internacionales.
Mientras tanto, sigue pendiente la definición de la jueza Preska sobre el pedido argentino de suspender todo el proceso de discovery. En caso de rechazo, el Gobierno ya anticipó que recurrirá a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
Un frente sensible para la política económica
El conflicto judicial por YPF y sus derivaciones sobre los activos del BCRA se convirtió en un foco de tensión clave para la política económica y financiera, en un contexto de presión internacional por el cumplimiento de la sentencia y de resguardo de las reservas.
La estrategia oficial apunta a cerrar cualquier puerta a eventuales embargos, preservar la autonomía del Banco Central y evitar precedentes que puedan comprometer activos soberanos en el exterior.
La definición judicial que adopte Preska en las próximas semanas será determinante para el futuro inmediato del litigio y para la capacidad del Estado argentino de blindar sus reservas internacionales.