El Senado convirtió en ley el Presupuesto Nacional para el año 2026, un documento que establece el marco fiscal y de gastos del país y que marca una agenda económica con metas ambiciosas de estabilización y crecimiento, junto a cambios estructurales en áreas sensibles como la educación y la ciencia.
El proyecto sancionado establece un gasto total autorizado de $148 billones y se fundamenta en un conjunto de proyecciones macroeconómicas clave. La ley prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1,423 para diciembre del próximo año.
Estas cifras son la base para lograr los superávits gemelos que el Gobierno destaca: un superávit primario del 1.2% del PBI y un superávit financiero del 0.2%. El presidente Javier Milei celebró la sanción, calificándola de «hecho histórico» al tratarse, según sus palabras, de la primera ley de presupuesto «sin déficit fiscal en décadas». Según ADNsur.
Cambios estructurales en educación, ciencia y defensa
Uno de los aspectos más debatidos y que generó mayor controversia fue el artículo 30 de la ley. Este artículo deroga leyes que establecían pisos mínimos de financiamiento obligatorio para áreas consideradas estratégicas. Entre los cambios más significativos se encuentran:
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La eliminación de la meta de invertir el 6% del PBI en educación.
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La derogación de normas que garantizaban un incremento gradual del presupuesto para ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032.
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La eliminación de fondos específicos para la educación técnico-profesional.
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La modificación del financiamiento del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).
Estas modificaciones representan un cambio de paradigma en la asignación de recursos, priorizando la discrecionalidad presupuestaria anual por sobre compromisos de financiamiento a largo plazo establecidos por ley.
Universidades: fondos con condicionamientos
En contrapartida a los recortes mencionados, el artículo 12 de la ley asigna $4,8 billones a las universidades nacionales. Sin embargo, esta asignación viene acompañada de una nueva condición: las casas de altos estudios deberán presentar información detallada sobre el uso de los recursos ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
El texto establece que el Gobierno podrá «interrumpir las transferencias de fondos» en caso de incumplimiento en el envío de esta información. Este mecanismo busca, según la visión oficial, garantizar mayor transparencia y control en la ejecución del presupuesto universitario.
Un año definitorio con metas ambiciosas
Con la sanción definitiva, el Presupuesto 2026 se convierte en la hoja de ruta oficial para el próximo año. Plantea un escenario optimista de reactivación económica con crecimiento y baja inflación, objetivos que dependerán de múltiples factores internos y externos.
Paralelamente, los cambios en la estructura de financiamiento de la educación, la ciencia y la defensa inauguran un debate profundo sobre las prioridades del Estado y la forma de sostener las políticas públicas a largo plazo, prometiendo ser uno de los temas centrales de la agenda política y social durante todo 2026.