Con el ministro Santilli recorriendo gobernadores, el oficialismo se muestra confiado en la sanción de una de las iniciativas clave de su agenda para las sesiones extraordinarias del próximo mes, a pesar del firme rechazo sindical.
El gobierno de Javier Milei ingresa en la recta final de las negociaciones políticas para conseguir la aprobación de su proyecto de reforma laboral. Con la mira puesta en las sesiones extraordinarias de febrero, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensifica una ronda de reuniones con gobernadores para consolidar apoyos parlamentarios.
Según Noticias Argentinas aseguran que el oficialismo «tiene el número necesario» para aprobar el proyecto, cuyo tratamiento en el Senado está previsto para los días 10 y 11 de febrero. Esta confianza se sostiene pese a que la iniciativa enfrenta un fuerte rechazo de la oposición y de las principales centrales obreras, que la califican de «inconstitucional» y ya anunciaron paros y movilizaciones.
La convocatoria formal a las sesiones extraordinarias, que se extenderán del 2 al 27 de febrero, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 24/2026. Además de la reforma laboral, el temario incluye la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cambios en la Ley de Glaciares y la designación de un embajador.
Santilli recorre provincias para asegurar el respaldo político
La estrategia del gobierno se centra en la negociación directa con las provincias. Este miércoles 21 de enero, el ministro Santilli se reunirá con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en la sede de la gobernación. Al día siguiente, jueves, hará lo propio con su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con quien comparte la militancia en el PRO.
Estos encuentros buscan sumar voluntades en el Congreso, donde el oficialismo requiere de aliados para alcanzar los quórum necesarios, especialmente en el Senado. Desde el gobierno destacan que ya cuentan con el respaldo público de los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
Aunque admiten la posibilidad de realizar modificaciones al articulado original, fuentes oficiales son claras en que cualquier cambio debe «no alterar el espíritu de la norma». Además, descartan tajantemente ofrecer «compensaciones» económicas a los gobernadores reticentes al capítulo tributario de la reforma, argumentando que la «compensación va a surgir del crecimiento que va a generar».
La oposición y los sindicatos endurecen su posición contra el proyecto
Mientras el gobierno busca acuerdos, la oposición política y el movimiento sindical preparan una fuerte resistencia. La CGT calificó el proyecto de «inconstitucional» y advirtió que «va a empeorar la situación laboral». Jorge Sola, cosecretario general de la central, afirmó que la iniciativa «profundizará la precariedad laboral y eliminará derechos consagrados por la Constitución».
Por su parte, ATE fue más allá: su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que «el proyecto se tiene que caer completo» y llamó a profundizar la estrategia de «paro y movilización». Ambos sectores intentarán presionar a legisladores y gobernadores para que no acompañen la iniciativa.
El proyecto, denominado Ley de Modernización Laboral, propone cambios profundos. Entre sus puntos clave se encuentran la modificación del cálculo de las indemnizaciones por despido, la habilitación para que los salarios se abonen en moneda extranjera, y la creación de un sistema de «banco de horas» en reemplazo del pago de horas extra. También busca limitar el derecho a huelga y eliminar la «ultraactividad» de los convenios colectivos.
Con las sesiones extraordinarias a la vuelta de la esquina, el gobierno de Milei apuesta a una victoria legislativa que marque un punto de inflexión en su agenda de reformas. Sin embargo, el camino hacia la aprobación está plagado de obstáculos políticos y sociales. El éxito o el fracaso de la reforma laboral dependerá no solo de la habilidad del ministro Santilli para cosechar votos, sino también de la capacidad del gobierno para contener el conflicto social que la iniciativa ya ha despertado.