El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos, intervino por 12 meses la terminal fueguina tras detectar el uso irregular de sus recursos y un grave deterioro en sus instalaciones.
En una decisión que marca un antes y un después para la logística del extremo sur argentino, el Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un período de 12 meses. La medida, oficializada este jueves mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), responde a graves irregularidades financieras y a un alarmante estado de deterioro en la infraestructura, según Noticias Argentinas.
Financiamiento irregular de la obra social y reinversión incumplida
El principal fundamento de la intervención es un grave desvío de recursos. La ANPyN verificó que la provincia de Tierra del Fuego, a cargo del gobernador Gustavo Melella, utilizó fondos del superávit financiero del puerto para solventar la obra social estatal provincial (OSEF). Esta práctica se habilitó mediante la Ley Provincial N° 1596, pero viola directamente el convenio de transferencia de la terminal, que estipula que todos los ingresos generados deben reinvertirse exclusivamente en la actividad portuaria para garantizar su mantenimiento y desarrollo.
Esta utilización de los fondos portuarios para fines ajenos a su operación explica, en gran parte, el crítico estado de abandono que presentan las instalaciones.
Infraestructura en riesgo: muelles deteriorados y obras paralizadas
Más allá de las irregularidades contables, una inspección técnica realizada en 2025 reveló un panorama de abandono y riesgo operativo concreto. Los inspectores nacionales detectaron un deterioro estructural significativo en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1.3% del gasto total del ente provincial. Este dato es contundente: de cada peso presupuestado para mantener y mejorar el puerto, solo 1.3 centavos se ejecutaron efectivamente en obras.
Esta situación compromete no solo la seguridad de las operaciones diarias, sino también la capacidad de la terminal para atender de manera segura a la creciente actividad turística, especialmente la de cruceros.
Intervención inmediata, pero con salvedad para la temporada de cruceros
La resolución publicada en el Boletín Oficial establece la intervención inmediata sobre la maquinaria, instalaciones y gestión de todos los fondos del puerto. La ANPyN designará un interventor y solicitará la colaboración técnica de la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.) para normalizar la operatoria.
No obstante, la medida contiene una salvedad clave para no afectar la economía regional: si bien se establece la suspensión de la habilitación del puerto por un año, la ejecución de esta sanción queda diferida. Esto busca evitar interrumpir la actual temporada de cruceros 2025-2026 y garantizar el abastecimiento normal de la provincia, demostrando un equilibrio entre la aplicación de la ley y la protección de la actividad económica local.
La intervención del Puerto de Ushuaia pone en evidencia una gestión provincial que, según el Gobierno nacional, priorizó el desvío de recursos por sobre la inversión crítica en infraestructura estratégica. El estado de los muelles y la casi nula ejecución de obras son la consecuencia tangible de este manejo. Ahora, la ANPyN tiene por delante el enorme desafío de revertir años de desinversión en un plazo de 12 meses, mientras debe garantizar que la terminal, puerta de entrada a la Antártida y pilar del turismo fueguino, recupere los estándares de seguridad y eficiencia que nunca debió perder.
