En una jornada de altas tensiones en el Foro Económico Mundial de Davos, el canciller alemán, Friedrich Merz, lanzó un contundente mensaje de apoyo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.
Su declaración llega apenas un día después de que el Parlamento Europeo decidiera, por un ajustado margen, remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para una revisión, un movimiento que podría retrasar su entrada en vigor hasta dos años. Según DW.
Merz expresó abiertamente su descontento con la decisión de la Eurocámara, calificándola como un «obstáculo» en el camino. «No dejaremos que nos detengan», afirmó con firmeza el líder alemán, defendiendo que el acuerdo es «justo y equilibrado» y que no existe alternativa si Europa aspira a un mayor crecimiento económico. Además, instó a que el acuerdo se aplique de manera provisional mientras se resuelve la cuestión legal.
Un voto que refleja la profunda división europea
La decisión del Parlamento Europeo, tomada el miércoles 21 de enero, fue el resultado de una de las votaciones más reñidas en la historia reciente de la institución. La moción para solicitar un dictamen al TJUE se aprobó por 334 votos a favor contra 324, con 11 abstenciones.
El resultado dejó al descubierto una fractura política poco habitual. La coalición a favor de la revisión judicial estuvo compuesta principalmente por Los Verdes, La Izquierda, grupos de derecha y eurodiputados no inscritos. Por el contrario, los grandes partidos tradicionales del hemiciclo, como el Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialdemócratas (S&D), votaron mayoritariamente en contra.
Esta división también tuvo un marcado cariz geográfico. Delegaciones nacionales como las de Francia y Polonia votaron de forma unánime a favor de remitir el acuerdo al tribunal. En el extremo opuesto, países como Alemania, Italia y España mostraron mayorías claras en contra de la medida. En el caso español, el voto nominal reveló que 42 de los 52 eurodiputados presentes (principalmente del PP y PSOE) rechazaron la revisión judicial, mientras que 10 votaron a favor.
El principal argumento legal es la preocupación de que el «mecanismo de reequilibrio» incluido en el pacto pueda limitar la autonomía de la UE para legislar en áreas como la protección ambiental, climática o la seguridad alimentaria. Los críticos temen que esta cláusula permita a los países del Mercosur exigir compensaciones económicas si futuras leyes europeas afectan sus exportaciones, lo que podría «presionar a la UE a fin de que se abstenga de promulgar» dicha legislación.
Un acuerdo estratégico entre la presión agrícola y la geopolítica
El acuerdo, firmado el 17 de enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones, crearía la zona de libre comercio más grande del mundo, integrando un mercado de unos 780 millones de personas. Eliminaría aranceles para más del 90% del comercio bilateral.
Sin embargo, su ratificación choca con intereses contrapuestos dentro de Europa. Por un lado, países como Francia, Irlanda y Polonia, junto con poderosos lobbies agrícolas, se oponen férreamente. Argumentan que la apertura a productos agropecuarios del Mercosur (como carne, azúcar y etanol) generará una «competencia desleal» para los productores europeos, quienes operan bajo estrictas y costosas normas ambientales y de bienestar animal.
Por el otro, naciones como Alemania y España, respaldadas por asociaciones industriales y exportadoras, defienden el pacto como una herramienta clave. Lo ven fundamental para la competitividad industrial europea, el acceso a minerales críticos de Sudamérica (como el litio) esenciales para la transición verde y digital, y como un contrapeso estratégico para reducir la dependencia comercial de China. El presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Antonio Bonet, celebró el acuerdo como un «hito histórico» que mejorará la posición de las empresas europeas frente a las chinas en dichos mercados.
La mirada desde Argentina: preocupación y determinación
Desde Argentina, el Gobierno sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos. Fuentes oficiales en Davos, donde se encuentra una delegación encabezada por el presidente Javier Milei, reconocieron que el tema se discutió en varias conversaciones con contrapartes europeas.
Pese a la incertidumbre, la posición oficial oscila entre la preocupación por el retraso y la confianza en que las diferencias se resolverán. De hecho, el gobierno argentino tiene la intención de ser el primer país del Mercosur en aprobar el tratado a nivel local, para lo cual planea enviarlo al Congreso durante las sesiones extraordinarias convocadas para febrero.
El presidente Milei había calificado previamente este acuerdo como «el mayor logro alcanzado por el bloque desde su creación». Ahora, la pelota está en la cancha europea. El TJUE podría tardar entre 18 y 24 meses en emitir su dictamen, aunque la Comisión Europea tiene la facultad de aplicar el acuerdo de forma provisional mientras tanto. No obstante, el presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, advirtió que «no habrá aplicación provisional sin el consenso entre Comisión y Parlamento».
El futuro del mayor pacto comercial de la historia de ambos bloques dependerá de un complejo equilibrio entre la legalidad, la política interna europea y la visión geoeconómica de un mundo en transformación. La advertencia de Merz en Davos deja claro que, para algunos, la paciencia tiene un límite.