La ofensiva se apoya en supuestas demoras en la entrega de comunicaciones de funcionarios. La defensa argentina cuestiona la legalidad del requerimiento.
Se abre un nuevo capítulo en el juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Nueva York, donde la Argentina enfrenta una condena en primera instancia por US$ 16.100 millones más intereses.
Los beneficiarios de la sentencia presentarán este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska en el que le solicitarán de manera formal que declare al país en desacato y que le apliquen sanciones, mientras el Gobierno busca frenar esa ofensiva con una apelación clave para su estrategia de defensa. De acuerdo con TN.
En el planteo, los demandantes —los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital—sostendrán que la Argentina incumplió una orden judicial vinculada al proceso de discovery, en el que se exige la entrega de correos electrónicos y comunicaciones por servicios de mensajería —como WhatsApp— de funcionarios y exfuncionarios.
Según esa postura, las demoras y la falta de entrega completa del material justificarían avanzar con sanciones. La defensa argentina, en tanto, tiene previsto responder el 19 de febrero con su propio escrito.
El conflicto gira en torno a una orden de Preska que obliga al país a producir comunicaciones digitales de determinados funcionarios, tanto de la actual gestión como de etapas anteriores. De acuerdo con información oficial, la mayoría de los involucrados ya cumplió con el requerimiento, pero al 12 de enero restaban seis funcionarios que no habían entregado ese material, explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, que sigue al detalle los procesos judiciales contra el país en los tribunales del exterior.
Para los demandantes, ese punto es clave para sostener que existe un incumplimiento; para el Gobierno, en cambio, se trata de comunicaciones de carácter personal protegidas por la Constitución.
Desde la Procuración del Tesoro, que encabeza la defensa argentina, rechazaron de plano la acusación de desacato. “La República Argentina está cumpliendo con todas las decisiones judiciales vigentes”, sostuvieron fuentes oficiales, y remarcaron que ninguna declaración de ese tipo puede tener efectos hasta que el país ejerza plenamente su derecho a defensa y la jueza analice el fondo de la cuestión. En ese marco, recordaron que la orden que obliga a revisar dispositivos y cuentas personales ya fue apelada ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York.
Esa apelación es considerada clave por el Gobierno. En octubre, la Argentina recurrió la decisión de Preska por la que exige la entrega de comunicaciones personales. El Gobierno sostiene que es ilegítima tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense. En los últimos días, la defensa presentó por escrito los argumentos para intentar que la Cámara revoque esa orden, un movimiento que busca debilitar el principal sustento del pedido de sanciones.
Los demandantes sostienen que el país utiliza maniobras dilatorias. En presentaciones previas, advirtieron que, si no obtenían la información, avanzarían con pedidos de sanciones, incluidas multas y presunciones adversas. También solicitaron que Preska fije un cronograma específico para tratar el desacato, con fechas para la respuesta argentina y una eventual réplica, además de una audiencia probatoria.
El trasfondo del conflicto excede el intercambio de escritos. Los beneficiarios del fallo buscan probar que distintas entidades públicas, como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, funcionan como “alter ego” del Estado. Si lograran demostrarlo, podrían intentar embargos sobre activos de esos organismos para cobrar la sentencia. Para ese objetivo, consideran central acceder a las comunicaciones internas de funcionarios que, a su entender, revelarían cómo se toman y ejecutan las decisiones.
El Gobierno rechaza esa interpretación y habla de hostigamiento. Fuentes oficiales calificaron el discovery como “un intento inadmisible” contra un Estado soberano y señalaron que el cumplimiento de esta etapa demandó casi dos años de trabajo, con la producción de más de 110.000 documentos y comunicaciones oficiales. También subrayaron que se avanzó “dentro de las posibilidades legales del Estado” y respetando los límites constitucionales, en particular el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de la correspondencia.
El calendario procesal ya está en marcha. Tras el escrito de los demandantes, la respuesta argentina llegará el 19 de febrero y la contrarréplica quedará para el 5 de marzo. Recién después, en las audiencias previstas para fines de ese mes, Preska definirá si corresponde declarar el desacato y aplicar sanciones.
Mientras, la apelación principal contra la sentencia por la expropiación de YPF sigue su curso en la Cámara, sin una fecha definida para el fallo, y se mantiene como la principal apuesta del Gobierno para frenar cualquier intento de ejecución.