Luque exige informes por la venta de Manantiales Behr de YPF en Chubut.
La transferencia de activos estratégicos en la cuenca del Golfo San Jorge ha escalado al ámbito parlamentario nacional. El diputado nacional y exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, presentó un pedido de informes dirigido al Jefe de Gabinete de la Nación para transparentar la cesión de áreas hidrocarburíferas en Chubut. La iniciativa surge ante la incertidumbre que rodea al «Proyecto Andes», el plan de YPF para desprenderse de yacimientos convencionales, y el impacto que esto podría tener en la economía real de la región.
El foco en Manantiales Behr y la transparencia del «Proyecto Andes»
El eje del conflicto radica en el yacimiento Manantiales Behr, una de las áreas más productivas y emblemáticas de la provincia. Según News Digital, el proyecto presentado por Luque busca esclarecer si la transferencia de concesiones, oleoductos y materiales operativos cumple con los plazos y requisitos legales originalmente informados. El legislador advirtió que cualquier demora o irregularidad en esta operación genera una «preocupación institucional, económica y social» que afecta directamente el empleo y la producción en Comodoro Rivadavia.
Luque reclama detalles precisos sobre qué áreas fueron transferidas, quiénes son las empresas adjudicatarias y qué procedimientos administrativos se utilizaron. En este sentido, el pedido de informes pone bajo la lupa el rol del Banco Santander como conductor del proceso y cuestiona si la provincia de Chubut fue consultada formalmente sobre el destino de sus recursos naturales, tal como exigen las normativas vigentes.
Los 575 millones de dólares y la valuación de activos
Uno de los puntos más polémicos de la presentación legislativa es la disparidad en los montos de la operación. El 16 de enero de 2026, YPF informó a la Comisión Nacional de Valores la firma de acuerdos con Limay Energía S.A. (Grupo Rovella Capital). Según el documento, el precio total acordado por el 100% de la concesión de Manantiales Behr y diversos oleoductos ascendería a 575 millones de dólares más IVA, con un pago inicial del 60%.
Sin embargo, Luque cuestionó esta cifra basándose en estimaciones previas que valuaban los activos del «Proyecto Andes» en torno a los 1.800 millones de dólares. El diputado sugiere que existe una brecha significativa que debe ser justificada, señalando que «la valuación de activos del Proyecto Andes equivaldría a 1.800 millones de dólares», lo que vuelve «muy relevante» la decisión para la industria local y el patrimonio estatal.
Qué información solicita el diputado al Gobierno
El pedido de informes reclama al Poder Ejecutivo que detalle, entre otros puntos:
- Qué áreas o yacimientos fueron vendidos, cedidos o transferidos, y cuál es su estado actual.
- Cómo se instrumentó el “Proyecto Andes”, incluyendo procedimientos administrativos, jurídicos y societarios.
- Quiénes fueron las empresas adjudicatarias, sus datos legales y el monto de las operaciones.
- Cuál es la situación específica de Manantiales Behr.
- Qué rol cumplió el Banco Santander como conductor del proyecto.
- Si la provincia de Chubut fue formalmente consultada.
- Cómo fueron valuados los activos y qué previsiones existen sobre pasivos ambientales.
- Si las empresas involucradas acreditaron capacidad técnica y financiera según la Ley 17.319.
La operación informada a la CNV y el monto en juego
En la fundamentación, Luque recuerda que la operación fue informada el 16 de enero de 2026 ante la Comisión Nacional de Valores, en cumplimiento de las normas vigentes.
Según el documento, YPF y Limay Energía S.A., del grupo Rovella Capital, comunicaron la firma de acuerdos para:
- La cesión del 100% de la concesión de Manantiales Behr.
- La transferencia de concesiones de transporte por distintos oleoductos.
- La venta de stock de materiales.
El precio total acordado ascendería a 575 millones de dólares más IVA, con un esquema de pago del 60% al cierre y el resto en los 12 meses posteriores.
Ambiente, inversiones y capacidad operativa
Otro eje del pedido está vinculado a las obligaciones ambientales y a los planes de inversión.
Luque solicita información sobre:
- La estimación de pasivos ambientales.
- Las previsiones de fondos para su remediación.
- Las auditorías realizadas.
- Los compromisos de inversión futura.
Además, pide que se acredite si las empresas involucradas cumplen con los requisitos técnicos, económicos y financieros exigidos por la normativa vigente.
Pasivos ambientales y capacidad de las nuevas operadoras
Finalmente, el pedido de informes hace especial hincapié en la sustentabilidad de la operación a largo plazo. Se solicita al Ejecutivo que informe sobre la estimación de pasivos ambientales y las previsiones de fondos para su remediación, un tema sensible para las comunidades cercanas a los yacimientos. Asimismo, se exige verificar si las empresas compradoras acreditaron la capacidad técnica y financiera exigida por la Ley 17.319 de Hidrocarburos.
El texto busca reconstruir integralmente el proceso de desprendimiento de activos para asegurar que la salida de YPF de las áreas convencionales no derive en una desinversión que afecte la producción petrolera de Chubut. El control institucional sobre estas transacciones resulta vital para garantizar que los compromisos de inversión futura se cumplan y que la transición operativa no ponga en riesgo la estabilidad del principal polo energético del país.
