El principal foro de periodistas del país calificó la iniciativa del Gobierno como un intento por establecer una «verdad oficial» y advirtió sobre el uso de recursos públicos para estigmatizar el trabajo de la prensa.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó este jueves su «profunda preocupación y rechazo» ante la creación de la «Oficina de Respuesta Oficial», una cuenta en la red social X promovida desde la Presidencia de la Nación. Según Noticias Argentinas, la entidad advirtió sobre «la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un ‘tribunal de la verdad'».
Una oficina para «desmentir activamente»
La nueva oficina, dependiente de la Dirección Nacional de Comunicación Digital y creada por pedido expreso del presidente Javier Milei, tiene como objetivo declarado «desmentir activamente la mentira» y «dejar en evidencia operaciones» de medios y políticos. El Gobierno justificó la medida como una herramienta necesaria para combatir la desinformación.
Sin embargo, para FOPEA esta dinámica es acusatoria y estigmatizante. La organización sostuvo que «el periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad» desde el poder, sino que trabaja con información verificada. «La pretensión del Gobierno de establecer una ‘verdad oficial’ indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre», afirmaron.
Críticas al contexto de opacidad
El rechazo no se limita al concepto de la oficina. FOPEA y otras entidades como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) señalaron una contradicción: esta iniciativa surge en un momento en que, según denuncian, el Gobierno restringe el acceso a la información pública.
Critican específicamente la modificación por decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública, la falta de conferencias de prensa regulares y la eliminación de la vocería presidencial formal. «Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes», remarcó FOPEA, cuestionando que se use una estructura oficial para «vigilar, señalar y estigmatizar el disenso».
Un debate sobre los límites del Estado
La organización, con 23 años de trayectoria, recordó que ha planteado preocupaciones similares ante iniciativas de gobiernos anteriores. Su argumento central es que «el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público».
FOPEA concluyó que, si bien el periodismo debe someterse a la crítica, «ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público» porque eso socava la libertad de expresión. El caso abre un intenso debate sobre el rol del Estado en el combate a la desinformación y los riesgos de que se erija como árbitro único de la verdad pública.
