En un operativo que sacude al mundo tecnológico, las autoridades de Francia procedieron este martes al allanamiento de las sedes de la red social X (anteriormente Twitter)
La medida se enmarca en una causa de extrema gravedad que investiga la presunta complicidad de la plataforma en la difusión de pornografía infantil, manipulación algorítmica y la propagación de contenidos que atentan contra los derechos humanos.
La inspección busca recolectar pruebas sobre el funcionamiento interno de la compañía y su aparente falta de controles ante delitos digitales complejos que han puesto en alerta a la ciberpolicía europea.
Graves acusaciones y el rol de Elon Musk
La investigación, que tomó impulso a inicios del año pasado, apunta a la presunta «complicidad» de la empresa en la distribución de imágenes manipuladas de contenido sexual explícito y negación de crímenes contra la humanidad. Según información detallada por el medio Ámbito, la fiscal de París, Laure Beccuau, programó para el próximo 20 de abril una serie de «entrevistas voluntarias» donde deberán comparecer tanto el dueño de la firma, Elon Musk, como la exdirectora general Linda Yaccarino.
Además de los delitos relacionados con la integridad sexual, la justicia pone la lupa sobre las alteraciones en el algoritmo de la plataforma. Se sospecha que estas modificaciones habrían sido diseñadas para favorecer la injerencia extranjera y sobredimensionar ciertos contenidos en el «feed» de los usuarios, distorsionando el debate público.
Alerta por riesgos democráticos y falta de transparencia
La causa judicial avanzó tras las denuncias de legisladores franceses, quienes advirtieron que la gestión personal de Musk ha deteriorado la moderación de contenidos. Los diputados Éric Bothorel y Arthur Delaporte señalaron que los algoritmos de X podrían estar dañando los sistemas de procesamiento de datos y reduciendo la diversidad de voces en el entorno digital.
Con el apoyo técnico de Europol, la fiscalía también citó a declarar a empleados de la compañía en calidad de testigos. El objetivo final, según el Ministerio Público, es garantizar que la red social cumpla estrictamente con la legislación local y europea para asegurar un espacio seguro para los ciudadanos.