El gobierno peruano firmó la resolución para entregar a Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como el principal responsable del asesinato de tres jóvenes mujeres en 2025.
La Justicia argentina dio un paso crucial para lograr el juzgamiento de uno de los acusados por el triple crimen de Florencio Varela. El gobierno de Perú oficializó la decisión de conceder la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», mediante la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS firmada por el presidente José Enrique Jerí Oré.
El documento, publicado el 30 de enero en Lima, habilita su traslado a la Argentina para ser procesado por los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), un caso que conmocionó al país por su extrema violencia. Según La17.
Los términos de la extradición y las condiciones para el traslado
La firma de la resolución no implica una entrega automática. El texto establece que las autoridades peruanas deben verificar previamente que «Pequeño J» no tenga procesos penales pendientes ni sentencias condenatorias por cumplir en Perú. Este filtro de control es parte del procedimiento estándar en extradiciones y busca que el país que detiene al requerido resuelva primero cualquier interés penal local antes de proceder a la entrega. La existencia de una causa abierta podría aplazar el traslado hasta que esa situación se regularice.
Por su parte, el Estado argentino ofreció garantías formales como condición para el avance del trámite. Según consta en la resolución, se comprometió a computar el tiempo de detención que el imputado cumpla en Perú durante el proceso de extradición como parte de la pena eventual que pudiera recibir en Argentina. Este punto es habitual en estos acuerdos y busca asegurar el respeto a los derechos procesales del acusado.
La gravedad de la acusación y el próximo paso procesal
Una vez que se concrete el traslado y «Pequeño J» pise suelo argentino, enfrentará una acusación de máxima gravedad. La causa lo imputa por «homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos». Esta carátula refleja la crueldad y planificación atribuidas a los crímenes, que están vinculados a una disputa por el control de puntos de venta de drogas en el barrio La Colorada de Florencio Varela.
La resolución peruana, que también lleva las firmas del ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, y del canciller, Hugo De Zela Martínez, representa la habilitación política y administrativa final para que el caso pase a su etapa operativa. Ahora, el foco está en la verificación judicial en Perú. Si no surgen obstáculos, «Pequeño J» estará pronto frente a la Justicia argentina, dando respuesta a una demanda de justicia que ha mantenido en vilo a las familias de las víctimas y a la comunidad.
