Bullrich defiende la reforma laboral y promete cambios en licencias.
En el tramo final hacia el debate decisivo en la Cámara de Diputados, el oficialismo busca blindar el proyecto de modernización laboral frente a las críticas y el clima de tensión social. La senadora Patricia Bullrich salió al cruce de los cuestionamientos, asegurando que el Gobierno está dispuesto a corregir los puntos más sensibles del articulado, específicamente en lo referido a las licencias médicas, con el objetivo de no desvirtuar el espíritu central de la norma: la reducción del costo laboral y la generación de empleo genuino.
El foco en la reducción de las cargas patronales
Para la administración de Javier Milei, el núcleo del proyecto reside en el alivio fiscal para las empresas que decidan contratar personal de manera formal. Según TN, Bullrich hizo un llamado público a no perder de vista los beneficios macroeconómicos de la ley en medio de la controversia por la letra chica. La funcionaria e integrante de La Libertad Avanza pidió que la modificación de un apartado específico «no tape una de las medidas más importantes de la ley», haciendo referencia directa a la baja de impuestos al trabajo que impulsa el Ejecutivo junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

El pedido de Patricia Bullrich en redes sociales
A través de sus canales oficiales, la senadora reforzó la línea discursiva del Palacio de Hacienda. En un mensaje contundente, buscó separar la discusión técnica sobre la salud del trabajador del beneficio estructural de la reforma. «Lean a Toto. Que la corrección de un artículo no tape una de las medidas más importantes de la ley para crear trabajo formal», expresó Bullrich textualmente, citando un posteo del ministro Caputo. Esta estrategia apunta a calmar a los sectores aliados que, como el PRO, habían manifestado reparos sobre posibles perjuicios salariales durante los períodos de enfermedad.
Clima de paro y firmeza gubernamental
Mientras el debate legislativo avanza, la presión de los gremios ha escalado a niveles máximos. La CGT, junto a los sindicatos del transporte, ya ha convocado a un paro general para el día del tratamiento en Diputados, lo que paralizará trenes, colectivos y vuelos en todo el país. Ante este escenario de parálisis, el Gobierno Nacional ratificó su postura de «tolerancia cero» al ausentismo injustificado en el sector público. Se confirmó que se descontará la jornada a todos los empleados estatales que adhieran a la medida de fuerza, marcando una clara frontera entre la negociación política en el Congreso y la confrontación directa con el sindicalismo tradicional.




