Seguridad: evalúan revisar mochilas y prohibir banderas en marchas.
La ministra Alejandra Monteoliva analiza endurecer los controles en marchas tras los incidentes en el Congreso. El escenario de la protesta social en Argentina podría sufrir modificaciones drásticas en el corto plazo. Tras los graves disturbios ocurridos el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso nacional, durante el debate por la reforma laboral, el Ministerio de Seguridad de la Nación analiza un endurecimiento severo de los protocolos de actuación. La intención oficial es minimizar los riesgos de violencia mediante controles preventivos más exhaustivos sobre los elementos que los manifestantes ingresan a las zonas de concentración, una medida que ya despierta debates sobre el alcance de las libertades civiles y la seguridad pública.
Endurecimiento del protocolo y nuevos controles preventivos
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que su cartera está evaluando herramientas legales y operativas para robustecer el actual protocolo antipiquetes. Según Noticias Argentinas, las autoridades buscan evitar que objetos de uso cotidiano o simbólico sean transformados en armas improvisadas contra el personal policial. «Hemos conversado de endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones o este tipo de protestas, llámese el protocolo antipiquete… la cantidad de elementos que tenemos en cuenta», advirtió la funcionaria que sucedió a Patricia Bullrich.
Entre las medidas que están bajo análisis técnico y legal, se destaca la posibilidad de realizar requisas sistemáticas de pertenencias personales. La ministra adelantó que están en carpeta medidas como la revisión de mochilas y, en un punto más controvertido, la prohibición total o parcial de banderas y estandartes, debido a que los mástiles suelen ser utilizados como proyectiles o elementos de choque durante los enfrentamientos.
El uso de mástiles como armas y la experiencia del Congreso
La preocupación del Ministerio de Seguridad surge de las imágenes captadas durante la última movilización frente al Palacio Legislativo. En aquella jornada, mientras en el Senado se discutía la reforma laboral, se registraron enfrentamientos directos entre manifestantes y efectivos de la Policía y Gendarmería. Monteoliva justificó la posible prohibición de banderas señalando su utilización como «flechas» para atacar a las fuerzas de seguridad.
“No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas… Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos», indicó la ministra. Según los reportes oficiales, durante la represión se detectó no solo el lanzamiento de piedras, sino también de bombas molotov, lo que derivó en una respuesta policial que incluyó el uso de gases lacrimógenos, carros hidrantes y formación de infantería para dispersar la protesta.
Hacia un nuevo paradigma en la gestión de la protesta social
La gestión de Monteoliva busca establecer un equilibrio entre el derecho constitucional a la protesta y la preservación del orden público, sin comprometer la integridad física de los participantes ni del personal uniformado. La ministra indicó que desde su cartera se va a “mirar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”, enfatizando que la prevención es la clave para evitar que las movilizaciones deriven en batallas campales.
El debate sobre estas medidas continuará en el seno del Gobierno y probablemente en el ámbito judicial, dado que la revisión de efectos personales sin orden judicial previa suele ser cuestionada por organismos de derechos humanos. No obstante, desde Seguridad insisten en que la prioridad es desarmar la logística de los grupos violentos que, según denuncian, se infiltran en los reclamos legítimos para generar caos y atacar a las instituciones.