Glinski presentó un proyecto para que las petroleras asuman el costo de los pozos abandonados.
El diputado nacional de Unión por la Patria, José Glinski, presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos y Transición Energética Justa. La iniciativa tiene como objetivo principal cubrir un vacío regulatorio histórico en el país, obligando a las empresas petroleras a hacerse cargo del cierre de los pozos y de la remediación ambiental de las áreas que abandonan, evitando así que los altos costos de este proceso recaigan sobre el Estado y las arcas públicas.
Nuevos presupuestos mínimos y exigencias ambientales
La propuesta legislativa establece pautas de protección ambiental conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional, respetando integralmente las competencias provinciales sobre los recursos naturales. Para garantizar su efectivo cumplimiento, el proyecto contempla la creación de un Fondo Federal de Recomposición financiado por aportes obligatorios de las empresas titulares de concesiones, sumado a un Registro Nacional de Pasivos Ambientales de acceso público, gratuito e irrestricto.
En la misma línea, la normativa impone garantías financieras obligatorias para cubrir las etapas de cierre y monitoreo. Se determina la responsabilidad objetiva y solidaria de las operadoras, una condición legal que subsiste incluso en casos de cesión, quiebra o disolución empresarial, lo cual se complementa con un régimen específico y estricto para la transferencia de áreas que exige auditorías técnicas independientes.
Una respuesta a la realidad de Chubut y la generación de empleo local
Este marco regulatorio surge como respuesta directa al retiro masivo de operadoras de las áreas convencionales del país, tomando como referencia inmediata la situación en Comodoro Rivadavia tras el acuerdo de YPF por los pozos offshore y el traspaso de activos a PECOM. El legislador remarcó que, tras más de un siglo de hospitalidad patagónica con la industria, resulta indispensable exigir que las empresas retiren su infraestructura con plena responsabilidad ecológica y social.
Como aspecto innovador, la ley incorpora el principio de transición energética justa con sostenimiento del empleo. El documento plantea que las complejas tareas de ingeniería, sellado, restauración y seguimiento ambiental no representen el final de la actividad productiva, sino una nueva oportunidad de trabajo. El objetivo es que estas operaciones sean ejecutadas por los propios trabajadores petroleros de las cuencas argentinas, protegiendo así las fuentes laborales y asegurando que las consecuencias de la extracción no queden abandonadas en las comunidades locales.