Tensión por las tasas municipales: Caputo y supermercadistas denuncian «costos ocultos».
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, calificó como «excelente» el encuentro mantenido este martes con representantes de las principales cadenas de supermercados y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. El eje central de la reunión no fue la inflación ni el abastecimiento, sino el fuerte reclamo del sector privado contra la presión tributaria municipal, a la que señalaron como el principal obstáculo para la actividad y un factor de distorsión en los precios al consumidor.
El foco en el Conurbano: tasas de hasta el 6%
Durante la charla, los empresarios detallaron cómo diversas intendencias, principalmente de la provincia de Buenos Aires, han incrementado las tasas de Seguridad e Higiene y creado nuevos conceptos recaudatorios que, según el Gobierno Nacional, carecen de una contraprestación de servicio real.
Los municipios que quedaron bajo la lupa por sus elevados porcentajes fueron:
-
Lanús: Lidera el ranking de presión con una tasa municipal del 6,36%, bajo la gestión de Julián Álvarez.
-
Pilar: Federico Achával aplica un 4,50%, sumado a un «Fondo Educativo» de $435.997 y una percepción ambiental del 2% que se traslada directamente al cliente.
-
Luján: La tasa base del 4,20% se eleva al 5,13% al sumar el componente ambiental.
-
Hurlingham: Alcanza el 4,50% tras incorporar adicionales para comedores y protección ciudadana.
-
Quilmes y Bahía Blanca: Ambas jurisdicciones promedian un 4,05% final tras la aplicación de diversos recargos sobre la facturación.
La postura del Ministerio de Economía
Caputo utilizó sus redes sociales para denunciar que estas prácticas son «absolutamente descabelladas» y que «por ley no corresponden», argumentando que las tasas municipales deben representar el costo de un servicio prestado y no funcionar como un impuesto encubierto sobre los ingresos brutos.
Desde el Palacio de Hacienda sostienen que estos gravámenes terminan perjudicando el proceso de desinflación, ya que las cadenas de supermercados trasladan estos costos operativos al ticket final que paga el consumidor. La reunión marca el inicio de una ofensiva política y técnica del Gobierno Nacional para intentar limitar la autonomía recaudatoria de los municipios en lo que respecta a tributos que afecten la actividad comercial nacional.