En una rápida respuesta judicial ante la ola de mensajes intimidatorios que circularon recientemente, la División de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn llevó adelante procedimientos en los domicilios de dos adolescentes
La causa, que se originó tras la denuncia de las autoridades de la Escuela Municipal de Pesca, busca deslindar responsabilidades sobre presuntos planes de violencia difundidos a través de redes sociales y servicios de mensajería.
Operativos en los barrios Nueva Chubut y Progreso
Bajo las órdenes de la fiscal Eugenia Vottero, los efectivos policiales irrumpieron este lunes en dos viviendas ubicadas en los sectores norte y oeste de la ciudad. Los objetivos fueron las residencias de dos menores de 16 años, quienes quedaron involucrados en el expediente tras la viralización de estados de WhatsApp que alertaron a la comunidad educativa.
La investigación se disparó específicamente luego de que directivos de la Escuela Municipal de Pesca Nº 2701 “Juan Demonte” detectaran que un alumno de la institución, en complicidad con otro joven ajeno al establecimiento, participaba de la difusión de mensajes con contenido violento. Según fuentes policiales, estas conductas estarían vinculadas a una serie de «retos» que cobraron fuerza en diversas plataformas digitales durante la última semana.
Secuestro de evidencia clave y peritajes
Durante las intervenciones en los domicilios, la policía procedió al secuestro de varios dispositivos de telefonía celular pertenecientes a los involucrados. Estos elementos tecnológicos serán sometidos a peritajes informáticos para determinar el origen de los mensajes y confirmar si existía una planificación real o si se trató de una conducta irresponsable enmarcada en tendencias virales de internet.
El despliegue de la DPI responde a un clima de tensión que afectó a varios colegios de Puerto Madryn y otras ciudades del país, donde las amenazas públicas obligaron a las autoridades a reforzar la seguridad y activar protocolos de contingencia. Por el momento, la justicia mantiene la investigación abierta bajo la carátula de amenazas públicas, enfocándose en la responsabilidad de los tutores y el entorno de los menores.