La investigación judicial sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo explosivo: la Justicia detectó que intermediarios en las contrataciones se quedaban con hasta un 20% del dinero de las operaciones.
El expediente está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, quienes analizan una presunta red de sobreprecios y cobro de comisiones ilegales dentro del organismo.
Las pruebas recolectadas refuerzan la hipótesis de un esquema sistemático de retornos en las compras estatales.
Las pruebas que complican a los intermediarios
Uno de los elementos clave de la investigación son documentos y anotaciones dirigidas a Miguel Ángel Calvete, señalado como operador externo en las maniobras.
En esos registros aparecen cifras específicas que representarían el 20% de distintas operaciones. Entre ellas, se identificaron montos como “$6.600.000” y “$1.650.000”, junto a anotaciones de cobros, todos correspondientes a una quinta parte del total de contrataciones realizadas por determinadas empresas.
Estas coincidencias entre los registros privados y las compras oficiales del organismo fueron consideradas por la Justicia como indicios contundentes del circuito de retornos.
El rol clave de Miguel Calvete en la maniobra
Para el fiscal Picardi, Calvete habría tenido un papel central en la estructura investigada. Aunque no era funcionario de la ANDIS, se lo señala como quien articulaba las adjudicaciones y facilitaba la participación de empresas en licitaciones a cambio de beneficios económicos.
De acuerdo con la causa, el intermediario mantenía contacto directo con funcionarios del organismo, quienes lo informaban sobre pagos y movimientos vinculados a las contrataciones.
Mensajes, pagos y cifras millonarias bajo la lupa
Uno de los episodios más relevantes del expediente involucra al exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, quien habría enviado un mensaje a Calvete con la frase: “Sus ofrendas de esta semana”.
Ese mensaje incluía un listado de diez contratistas del Estado con un total de $2.021 millones.
La investigación detectó que ese mismo día —24 de julio de 2025— la ANDIS emitió 16 certificados de pago a esas mismas empresas por un monto idéntico, lo que refuerza las sospechas sobre la existencia de un circuito coordinado.
Con nuevas pruebas y cifras que evidencian posibles retornos millonarios, la causa por corrupción en la ANDIS avanza y podría escalar en los próximos meses, con implicancias tanto judiciales como políticas.