La fiscal general Florencia Gómez inició una investigación de oficio para determinar si hubo crueldad animal sobre cuatro equinos faenados en el marco de una «prueba piloto».
Advierten que el burro no integra el Código Alimentario Argentino y su comercialización para el consumo interno está estrictamente prohibida por ley. La polémica por la seguridad alimentaria y el bienestar animal se instaló en el centro de la escena judicial de Chubut. La fiscal general Florencia Gómez, jefa de la Unidad Especial en Ambiente y Delitos contra los Animales de Rawson, confirmó que la fiscalía comenzó una investigación de oficio tras tomar conocimiento público sobre la faena y posterior comercialización de carne de burro dentro del territorio provincial.
El caso generó un inmediato repudio social y la movilización de la comunidad civil, derivando en la presentación formal de más de 20 organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales dedicadas a la protección y conservación de equinos, las cuales se constituyeron como denunciantes en la causa.
El vacío legal y la prohibición del consumo interno
La intervención de la Fiscalía Ambiental se apoya en las severas restricciones que rigen sobre este tipo de ganado en la legislación federal. La funcionaria judicial fue tajante al desmarcar la actividad de cualquier circuito comercial legal regulado para las carnicerías locales:
“La particularidad de esta situación es que el burro no integra el Código Alimentario Argentino, motivo por el cual no está permitido el consumo interno. La producción no se puede hacer para consumo interno, solamente para exportación”, remarcó Gómez, aclarando que en la República Argentina solo existen tres frigoríficos autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para el procesamiento de estos animales, con destino exclusivo a mercados extranjeros.
Si bien los responsables del procedimiento exhibieron autorizaciones oficiales previas que justificaban la maniobra bajo el rótulo de una «prueba piloto» técnica, la fiscal advirtió que la validez legal del ensayo es sumamente acotada y «tiene que terminar en eso, una prueba piloto», ya que bajo ninguna circunstancia se puede habilitar la distribución ni la venta al público de los subproductos cárnicos en góndolas o cadenas de provisión regionales.
Foco en la crueldad animal y posibles medidas contra el establecimiento
La hipótesis de la Unidad Especial se encuentra en una etapa de averiguación preliminar y recolección de pruebas técnico-ambientales. El foco de la pesquisa penal está centrado de forma específica en el trato recibido por las cuatro especies faenadas durante el operativo y en constatar fehacientemente si existieron situaciones de maltrato, sufrimiento innecesario o crueldad, conductas tipificadas y sancionadas por las leyes de protección animal vigentes en el país.
De cara a las próximas jornadas, la fiscalía de Rawson no descartó la solicitud de medidas cautelares urgentes o inspecciones directas sobre las instalaciones del establecimiento involucrado para auditar los protocolos utilizados. La causa promete sumar nuevos capítulos administrativos a medida que el Senasa y las carteras de control sanitario provincial determinen la trazabilidad y el destino final que se le dio a la carne obtenida en el polémico procedimiento.