La crisis que atraviesa el sector productivo argentino encendió todas las alertas. Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió un crecimiento explosivo en los concursos preventivos y reclamó medidas urgentes al Gobierno nacional para evitar un colapso empresarial sin precedentes.
El escenario, según referentes del sector, podría superar incluso los peores registros de la pandemia si no se toman decisiones inmediatas.
Concursos preventivos en alza y récord en puerta
De acuerdo a lo informado por IPA, las aperturas de concursos preventivos crecieron más del 130% en el último año solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cifra, ya de por sí alarmante, anticipa un 2026 que podría romper todos los récords históricos.
El presidente de la entidad, Daniel Rosato, fue contundente: “Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil Pymes”. Sin embargo, advirtió que la situación actual refleja un deterioro mucho más profundo del entramado productivo.
Reclamo urgente al Gobierno y al Congreso
Ante este panorama crítico, IPA exigió una intervención inmediata del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo. El pedido central es la declaración de la emergencia económica para frenar el cierre masivo de empresas.
Además, la entidad solicitó al Congreso que trate y apruebe de forma urgente un proyecto de ley específico que permita aliviar la situación financiera de las Pymes.
“Hoy no hay tiempo para debates ideológicos, sino para salvar a las empresas y sus trabajadores”, enfatizó Rosato, marcando la gravedad del momento.
Una crisis que golpea empleo, inversión y producción
El impacto ya se refleja en números contundentes. Según el informe del Departamento de Legales de IPA, encabezado por Germán Pizzano, entre noviembre de 2023 y comienzos de 2026 cerraron 24.437 empresas en el país.
Como consecuencia directa, 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo, evidenciando el fuerte deterioro social.
El documento también señala un proceso de desinversión profunda, con pérdida neta de inversión extranjera directa, algo inédito en más de dos décadas.
En paralelo, multinacionales comenzaron a retirarse del país, mientras que muchas firmas locales se ven obligadas a reconvertirse para sobrevivir, adaptándose a un modelo económico basado en dólar barato y apertura de importaciones.
Colapso judicial y empresas al límite
El crecimiento de los concursos preventivos también tiene su correlato en la Justicia. Los tribunales comerciales muestran signos de saturación ante el aumento de presentaciones.
En 2025 se registraron 190 concursos preventivos, frente a 82 en 2023, lo que implica un incremento del 131,71%. La tendencia se agravó en 2026: solo en el primer trimestre judicial (febrero, marzo y abril) se iniciaron 92 procesos.
El dato más preocupante es que en esos tres meses ya se superaron los registros anuales completos de años anteriores, incluso en comparación con el período 2021-2024.
Este contexto empuja a muchas empresas hacia la quiebra, en un escenario de capacidad ociosa del 40,2% y pérdida creciente de capital productivo.
La propuesta: una ley de emergencia para ganar tiempo
Frente a la gravedad del panorama, IPA propone una salida basada en el denominado “Derecho de la Emergencia”, con medidas transitorias que permitan a las Pymes recuperar capital de trabajo.
Entre las iniciativas en análisis se incluyen la suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, la extensión de plazos en procesos concursales y facilidades para acceder a soluciones preventivas.
“Lo que necesita el empresario Pyme es tiempo”, explicó Pizzano, quien remarcó que una legislación de emergencia permitiría oxigenar las finanzas hasta que los ingresos vuelvan a superar los costos.
No obstante, desde la entidad advierten que estas medidas serán insuficientes sin un cambio en las condiciones macroeconómicas que impulse el mercado interno, el empleo y el consumo.
La advertencia de IPA expone una realidad cada vez más compleja para el entramado productivo argentino. Con miles de empresas en riesgo y un sistema judicial al límite, el futuro inmediato del sector Pyme dependerá de decisiones políticas urgentes que eviten una crisis aún mayor.