Una carrera dramática contra el reloj institucional y financiero se desató en los pasillos del Congreso de la Nación.
En medio de un clima de extrema tensión por la posibilidad inminente de que se caigan los convenios internacionales y se ejecuten confiscaciones masivas contra las empresas insignia del Estado argentino, el Poder Legislativo se vio obligado a acelerar a fondo los mecanismos burocráticos. La sombra del colapso del default más largo de la historia vuelve a acechar las arcas públicas si no se convalidan las millonarias transferencias en dólares antes de una fecha límite impostergable.
La extrema urgencia parlamentaria quedó sellada tras un acalorado debate en las comisiones de la Cámara Baja. Con una demostración de fuerza política, el oficialismo dejó listo el dictamen del acuerdo con los fondos buitre y se votará en la próxima sesión de Diputados de manera inminente. La iniciativa que refrenda formalmente los acuerdos de conciliación con dos poderosos holdouts de la deuda defaulteada en 2001 cosechó un total de 42 firmas, quedando blindada para su inminente debate en el recinto.
Amenaza de embargos sobre YPF y Aerolíneas: el límite es el 30 de junio
El tratamiento del proyecto de ley expuso la vulnerabilidad de los activos soberanos más importantes del país si el Congreso le da la espalda a la medida. Al abrir el plenario, el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, encendió las alarmas rojas al precisar que el desembolso destinado al fondo Bainbridge Ltd. asciende a la impactante cifra de 171 millones de dólares, mientras que el remanente para el grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund se ubica en los 104 millones de dólares. El diputado advirtió de forma tajante que, en caso de incumplimiento legislativo, existe la amenaza real y concreta de embargos internacionales sobre las acciones de YPF, las cuentas del Banco Nación y la flota de Aerolíneas Argentinas. “Si no se aprueba el acuerdo conciliatorio podría caerse”, alertó Benegas Lynch, recordando con crudeza que el plazo técnico fatal vence el próximo 30 de junio.
Para defender el proyecto de ley asistieron al Congreso el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija. Este último funcionario detalló ante los legisladores que estos litigios representan batallas de muchísimos años con los últimos grandes grupos de holdouts que jamás ingresaron a ninguno de los canjes previos de deuda promovidos por administraciones anteriores. «Todos tenían sentencia firme desde hace años y estaban intentando ejecutarlas contra el país», informó el enviado del Palacio de Hacienda.
Quitas millonarias del 35% para cerrar la maldición del default de 2001
A pesar del multimillonario impacto en las reservas del Banco Central, las autoridades económicas ponderaron que el pacto cerrado con los acreedores es “muy beneficioso” para la República Argentina debido a que se obtuvo una reducción sustancial de los montos reclamados en los tribunales de Nueva York. En detalle, el entendimiento con Bainbridge supone una quita real del 30% sobre el monto original demandado, en tanto que las negociaciones con Attestor arrojaron un recorte del 35% de los intereses acumulados. Stampalija garantizó formalmente que con el pago de estos fondos «desaparecen de forma definitiva» los fantasmas de embargos sobre el patrimonio nacional.
El cierre de la nota de prensa de la cartera económica trajo un alivio clave respecto a futuros litigios internacionales. Los funcionarios confirmaron que los acreedores asumieron el compromiso formal y legal de no volver a accionar judicialmente por ningún bono emitido con anterioridad a la crisis del año 2001. «Queda completamente cerrado este capítulo de la deuda defaulteada. Estos son los únicos holdouts con sentencia firme y cerraríamos esto de una vez y para siempre”, concluyó el funcionario, dejando el escenario listo para que la Cámara de Diputados convierta la iniciativa en ley el próximo miércoles.