Un terremoto político de proporciones impredecibles sacude los cimientos más profundos del Gobierno nacional tras la presentación de una durísima y fulminante denuncia contra el corazón de la estructura presidencial.
En una arremetida legal que pone en jaque el discurso de transparencia oficial, un prestigioso organismo especializado en la lucha contra la corrupción económica exigió de forma urgente que se abra una investigación criminal sobre los bienes del funcionario más cercano al presidente Javier Milei. La mira está puesta sobre un vertiginoso incremento de la riqueza familiar y transacciones dudosas que encendieron las alertas del sistema financiero de control.
El escándalo estalló de manera oficial inmediatamente después de que el propio jefe de Gabinete publicara de forma tardía su declaración jurada del año 2025. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó una solicitud formal de máxima prioridad ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
La presentación reclama que el organismo estatal active de inmediato un expediente de inteligencia financiera para desenterrar la verdadera evolución patrimonial de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, ante la sospecha de que existan bienes y fondos millonarios cuyo origen no se encuentra debidamente acreditado.
Mansiones, dólares en negro y vuelos privados con contratistas del Estado
Los sólidos argumentos presentados ante el titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, describen un alarmante y vertiginoso festival de adquisiciones de lujo que coinciden de manera exacta con el ejercicio de la función pública del imputado. El CIPCE, a través de la firma de su director ejecutivo Pedro Biscay, colocó el foco de sospecha sobre la compra relámpago de una imponente propiedad en un exclusivo barrio privado en noviembre de 2024, maniobra que fue coronada apenas un año después, en noviembre de 2025, con la compra de un costoso departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A este vertiginoso raid inmobiliario se le sumó la denuncia por el manejo de imponentes sumas de dinero en efectivo, constantes viajes en aviones privados en compañía de contratistas directos del Estado y la ejecución de dudosas operaciones crediticias por fuera del circuito bancario con personas físicas que carecerían de la capacidad económica mínima para otorgar préstamos. El escenario se volvió insostenible tras recuperarse una confesión pública realizada por el propio jefe de Gabinete en la señal LN+, donde el funcionario de Milei reconoció haber omitido «por error» en sus declaraciones de 2023 y 2024 que los ahorros de su familia se habían estructurado históricamente de forma marginal. «Ahorramos en negro como todos los argentinos», se justificó Adorni en televisión respecto de una fortuna oculta de 500.000 dólares, desatando la indignación de la ONG anticorrupción.
Operaciones inmobiliarias simuladas y el cerco internacional del GAFI
La gravedad de la denuncia adquiere ribetes criminales aún más complejos al incorporarse al expediente testimonios clave brindados ante la Justicia federal. Según las declaraciones bajo juramento de testigos directos, al menos una de las tantas operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por el matrimonio Adorni-Angeletti se habría escriturado intencionalmente por un valor muy inferior al real. De confirmarse técnicamente esta maniobra de subfacturación, la Justicia previene que se encuadraría de forma directa dentro del delito de simulación con el fin de ejecutar maniobras complejas de lavado de activos de origen corrupto.
Frente al intento de la defensa de ampararse en el régimen simplificado de Ganancias previsto por la flamante ley de “Inocencia Fiscal”, el CIPCE fue implacable: advirtió que dicha normativa no suspende, bajo ninguna circunstancia, las obligaciones de prevención contra el blanqueo ni recorta las facultades de control de la UIF. Asimismo, recordaron que por tratarse de Personas Políticamente Expuestas (PEP), la ley exige una debida diligencia reforzada. En un contexto internacional crítico donde la Argentina se encuentra bajo el monitoreo y seguimiento estricto del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la organización exigió que la UIF actúe con celeridad cruzando las bases de datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) bancarios para dar una señal clara de que el país no tolera la impunidad en sus más altos rangos jerárquicos.