El juez del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), Jorge Gorini, salió en defensa del fallo emitido en la causa por la obra pública en Santa Cruz contra la ex presidenta Cristina Kirchner.
Durante una entrevista concedida a Clarín, el magistrado aseguró que el proceso respetó “absolutamente” las garantías constitucionales y definió el expediente de Vialidad como uno de los hechos de corrupción “más importantes de los que la historia judicial argentina tenga registro”, además de constituir “un punto de inflexión importante” dentro del Poder Judicial.
Gorini rechazó enfáticamente las versiones que señalan que la exmandataria se encuentre bajo una proscripción política y aclaró que la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos es una pena tipificada en el Código Penal desde su redacción en 1921. “No es proscripción”, aseveró, remarcando que se trata de la consecuencia legal estipulada ante la comisión de un delito acreditado.
Las fallas en la presentación ante las Naciones Unidas
En relación con el recurso presentado por la defensa de la exvicepresidenta ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para revertir la inhabilitación, Gorini advirtió que la solicitud presenta inconsistencias de forma, ya que cualquier planteo de inconstitucionalidad debió ser presentado primero ante las instancias judiciales locales, lo cual “nunca se planteó”.
Si bien prefirió no aventurar si el reclamo internacional prosperará, remarcó que el escrito presenta “serios defectos de procedencia y admisibilidad”. Según la perspectiva del magistrado, la única vía jurídica para modificar dicho marco punitivo radicaría en que el Congreso sancione una norma derogatoria que habilite una revisión por la aplicación de la ley penal más benigna.
Rechazo al argumento de «machismo estructural» y detalles del debido proceso
El integrante del TOF2 desestimó las acusaciones planteadas por la exjefa de Estado respecto a un presunto sesgo de género en la sentencia, tildando de “absolutamente falso” que la condición de mujer haya influido en el veredicto. Para respaldar la transparencia del debate oral, recordó que, a solicitud de la defensa de Julio De Vido, dos veedoras designadas por el Colegio Público de la Abogacía asistieron a la totalidad de las audiencias sin realizar objeciones.
A su vez, repasó las cuatro etapas del debido proceso (“acusación, prueba, defensa y sentencia”) y sostuvo que las objeciones suelen provenir de personas que no presenciaron el debate ni leyeron el expediente. No obstante, Gorini consideró que el tope punitivo aplicado al delito de administración fraudulenta contra el Estado “suena insuficiente en términos de correspondencia de delito y reproche” dada la magnitud de la maniobra, aunque ratificó que no se verificó el delito de asociación ilícita.
En relación con los perjuicios económicos, garantizó la restitución de activos:
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Decomiso de bienes: Explicó que la recuperación de fondos enfrenta trabas técnicas por embargos cruzados en otras causas, pero aseguró que los activos correspondientes serán devueltos al Estado una vez que se resuelvan los recursos pendientes en la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema.
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Presiones e intimidaciones: El magistrado reveló haber sufrido situaciones de hostigamiento durante el juzgamiento, entre ellas 12 accesos ilegítimos a sus datos biométricos en el Renaper, sustracción de documentación reservada, una falsa amenaza de bomba en su vivienda, seguimientos a familiares y escraches digitales.
Prisión domiciliaria, vacantes y relación con la sociedad
En otro tramo del reportaje, el juez propuso abrir un debate legislativo sobre la Ley de Ejecución Penal para revisar el régimen de prisión domiciliaria, advirtiendo que debe sostenerse “el equilibrio suficiente para no desnaturalizar el contenido punitivo” de la sanción privativa de la libertad.
Finalmente, Gorini —quien fue designado en su cargo en 2011 durante el mandato de Cristina Kirchner— señaló que juzgar a exmandatarios evidencia “cierta salud democrática” y concluyó con un llamado a la autocrítica institucional: “Creo que hay que reconciliar al Poder Judicial con la gente”, argumentando que las formalidades y tiempos procesales buscan resguardar las garantías de defensa frente a la inmediatez del juicio mediático.