El gobierno boliviano oficializó una profunda reestructuración estatal al declarar como prioridad absoluta la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas del nivel central.
Esta contundente medida administrativa coloca bajo la lupa a un total de 67 entidades estatales y mixtas, abriendo las puertas a cierres masivos como parte central del plan de ajuste fiscal promovido por la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Un decreto clave redactado a distancia para recortar el gasto público
La decisión cobró forma mediante la aprobación del Decreto Supremo 5727, oficializado este viernes en la Gaceta Oficial tras una reunión virtual de gabinete encabezada por Paz Pereira desde la ciudad de Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de la ONU. La normativa responde a una rigurosa evaluación técnica preliminar que detectó al menos 20 firmas estatales en situación financiera extremadamente crítica.
El articulado del decreto no implica un cierre automático e indiscriminado, sino que obliga a determinar caso por caso el destino de cada firma:
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Ponderación técnica: La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública elaborará un diagnóstico exhaustivo sobre cada caso.
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Aprobación estratégica: Las recomendaciones deberán ser avaladas por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública.
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Composición del sector: De las 67 firmas bajo análisis, 42 son totalmente estatales y 25 son de carácter mixto, con capitales privados y mayoría estatal.
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Origen normativo: El 80% de estas corporaciones fue fundado por Decreto Supremo durante los últimos 20 años, incluyendo gigantes como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), además de firmas petroleras y eléctricas recuperadas o nacionalizadas.
El Gobierno boliviano dio un giro radical en su política económica al declarar como prioridad absoluta la reorganización, disolución o liquidación de decenas de firmas estatales. En una jornada de anuncios clave, la administración central también lanzó un plan de emergencia para intentar calmar la furia del sector del transporte tras la eliminación del subsidio a los combustibles.
Ajuste implacable: 67 empresas bajo la lupa y posibles cierres masivos
A través del Decreto Supremo 5727, publicado de manera oficial tras una reunión virtual del gabinete encabezada desde Nueva York por el presidente Rodrigo Paz Pereira, el Poder Ejecutivo dispuso la revisión integral de 67 entidades. La normativa marca una ruta general para evaluar de forma individual el destino de cada firma, luego de que auditorías técnicas detectaran al menos 20 organismos en situación financiera crítica.
Del total de las empresas analizadas, 42 pertenecen íntegramente al Estado y 25 son de carácter mixto. Un dato clave revela la magnitud de la estructura pública construida en los últimos años: el 80 % de estas firmas fue creado por Decreto Supremo durante las últimas dos décadas. Dentro del listado sujeto a evaluación se encuentran gigantes estratégicos como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), además de firmas eléctricas y petroleras surgidas de procesos de nacionalización.
Esta determinación profundiza las medidas adelantadas por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, quien ya había advertido la necesidad de recortar el déficit eliminando las dependencias deficitarias en el corto plazo.
Plan PATRIA: la apuesta para frenar el estallido en el transporte público
En simultáneo, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 5726, mediante el cual crea el programa nacional «PATRIA». Esta iniciativa busca financiar la renovación del parque automotor y acelerar la reconversión de unidades de diésel a Gas Natural Vehicular (GNV).
La medida surge como contención directa ante el malestar de los choferes tras el fin de la subvención estatal a los carburantes, que pasó a regirse por valores del mercado internacional. Frente a los aumentos, los sindicatos del transporte federado, libre y cooperativo confirmaron un repliegue de unidades por 24 horas para este lunes 28 de septiembre y amenazan con un paro indefinido.
Para financiar el cambio de flota, la norma implementa un mecanismo novedoso: los créditos estatales se pagarán de manera progresiva cada vez que el chofer cargue combustible, mediante el Sistema Informático de Financiamiento Integrado por Consumo de Combustibles. Asimismo, la Entidad Ejecutora de Conversión a GNV pasó a llamarse Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria —bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda— y asumirá la reconversión de motores, mantenimiento e instalación de cilindros.