Un feroz cruce de posiciones sacudió la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, donde representantes del sector bancario y de las plataformas Fintech asistieron invitados por el oficialismo para sentar postura sobre el acelerado crecimiento del endeudamiento familiar.
Durante la reunión informativa, los referentes del ecosistema financiero no bancario justificaron las elevadas tasas de interés y el Costo Financiero Total (CFT) en función de sus gastos operativos y los riesgos de morosidad que asumen, buscando desactivar cualquier intento de regulación legislativa sobre sus contratos.
la férrea defensa corporativa frente a los techos de interés y la mora
El primer expositor de la jornada fue Francisco Gismondi, gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), quien aseveró taxativamente que «no hace falta una ley» para resolver el problema de la morosidad en los hogares, al argumentar que los bancos ya pactaron 500.000 refinanciaciones de forma privada. Gismondi advirtió que una ley que intervenga en acuerdos entre particulares «retraerá el crédito» y rechazó que las tasas sean desmedidas, indicando que si se imponen topes, los usuarios acudirán al mercado informal. En esa línea, Luciana Ríos, Directora Ejecutiva de la Cámara de Medios de Pago, sostuvo que no existe una solución única y que se deben potenciar la educación financiera y la transparencia.
Por su parte, Mariano Biocca, Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, precisó que si bien existen 5 millones de personas con irregularidades en el sistema financiero, 2,4 millones corresponden a préstamos de billeteras virtuales, representando apenas el 16% de la masa de dinero prestada. Biocca remarcó que el 90% de sus deudores cuenta con esquemas de asistencia para evitar la interrupción de su historial crediticio. A su turno, Norberto Echegoyen (CERTACYC, entidad que reúne entre el 25% y 30% de las tarjetas de crédito) admitió el incremento no conveniente de la mora al expandirse el crédito, pero descartó el cobro por vía judicial por resultar inviable económicamente ante usuarios no asalariados o sin bienes.
la dura denuncia de la oposición: tasas del 700% y acusaciones de usura
En la vereda opuesta, la diputada nacional por Unión por la Patria y exministra de Trabajo, Kelly Olmos, rebatió los argumentos de los empresarios y exigió una inmediata regulación estatal. Olmos sostuvo que el sobreendeudamiento crece a ritmo geométrico desde hace más de un año, demostrando que la vía de la negociación bilateral entre privados ha fracasado por completo.
La legisladora opositora denunció la escandalosa brecha existente entre el costo de fondeo de las entidades y el valor cobrado a los deudores, asegurando que se ofrecen préstamos a más del 700% de CFT. Al señalar que hay casi 6 millones de personas atrapadas en situaciones de mora bajo condiciones asfixiantes, Olmos remarcó que «la usura no puede disfrazarse de formalidad» y recordó que en las crisis de 2001 y de la postpandemia se implementaron soluciones colectivas que permitieron desendeudar a las familias sin resentir el sistema financiero.