En el marco de la causa judicial que investiga el colapso financiero de Ueno Bank y las maniobras que derivaron en la destitución del expresidente paraguayo Santiago Peña, la justicia detuvo a la jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, Andrea Benítez.
La ejecutiva fue sorprendida por las cámaras de seguridad destruyendo documentación relevante sobre operaciones bursátiles del exmandatario minutos antes de un allanamiento fiscal. El procedimiento judicial estuvo a cargo de los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta en las oficinas de la firma en Paseo Galería (Asunción), donde se recuperaron fragmentos de papel impresos esa misma mañana que fueron arrojados a la basura. Tras el operativo, Benítez fue imputada por frustración de la ejecución penal.
Allanamientos simultáneos y avance de la causa judicial
De forma paralela al operativo en la casa de bolsa, el Ministerio Público intensificó los allanamientos sobre el entorno del exmandatario y su gabinete. Las intervenciones alcanzaron las viviendas residenciales de Santiago Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien se entregó a las autoridades el pasado 7 de noviembre. Estos procedimientos en la capital paraguaya se suman a la inspección realizada en la residencia de verano del exjefe de Estado en San Bernardino, donde las autoridades incautaron computadoras, un teléfono celular, documentación clave y detectaron una bóveda de alta seguridad que requerirá de equipamiento técnico especializado para su apertura.
La situación procesal del expresidente Santiago Peña
El avance de las actuaciones judiciales se produce tras la destitución de Santiago Peña mediante juicio político por decisión unánime del Senado, en una resolución que le retiró los fueros parlamentarios y derivó en su inmediata detención con prisión preventiva. La imputación contra el exmandatario y los altos ejecutivos involucrados busca esclarecer la red de operaciones bursátiles irregulares vinculadas al Grupo Vázquez. Con este desenlace institucional, Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo removido de su cargo por la vía del juicio político constitucional desde la destitución de Fernando Lugo en 2012.