El abogado Gastón Bordier explicó que en el marco de la presentación del habeas corpus presentado en la Justicia por los presuntos abusos perpetrados durante el período de cuarentena, tanto el ministro de Seguridad Federico Massoni como el gobernador Mariano Arcioni pueden ir a juicio político.
Es por los métodos empleados por la Policía que conduce Miguel Gómez para que los ciudadanos de la provincia cumplan con la cuarentena y que durante este tiempo -en distintos puntos de la provincia- se han cometido diferentes abusos por parte de las fuerzas de seguridad que hacen recordar los tiempos más oscuros de la pasada historia argentina.
El viernes se realizó la primera audiencia por el habeas corpus colectivo contra el abuso policial en Chubut en la Oficina Judicial de Rawson y por videoconferencia, donde comparecieron las partes para dar curso a tres presentaciones por los abusos perpetrados durante el período de cuarentena.
Se trata de ocho denuncias que fueron expuestas por una concejal de Trelew, la Defensa Pública y la Secretaría de DDHH de la Nación. El ministro de Seguridad Federico Massoni también estuvo presente, aunque no alcanzó a dar su opinión, lo cual ocurriría en las próximas horas.
Gastón Bordier, abogado y representante legal de la fundación El Páramo, explicó que a través de los diversos canales se han logrado comunicar con las víctimas y denunciantes que en este periodo de cuarentena han sufrido actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Chubut.
Se trata de ciudadanos de las localidades de Comodoro Rivadavia, Trevelin, Esquel, Trelew y Puerto Madryn. Entre los hechos que se denuncia, el letrado describió que se encuentran “este doble sistema de si necesito o no el certificado para circular, si es el certificado nacional, del Ministerio de Seguridad, de la Provincia”.
En este punto explicó que hubo un caso sumamente grave en Trevelin con una madre docente que se trasladó con sus dos niños hacia un cajero automático a cobrar su sueldo. “Fue detenida y amedrentada por la Policía en un control e incluso le sugirieron que era no era quién para ir acompañada por sus dos hijos. Es un caso obvio porque es madre soltera y no tenía con quién dejarlos” explicó el abogado.
La docente fue “maltratada e inclusive diciéndole cómo debe actuar como padre”.
Comodoro
En Comodoro, con el caso del joven que se dirigía a comprar medicamentos para su madre y fue detenido en medio de un procedimiento llegando al casco céntrico, Bordier expresó que en el mismo “se viola la normativa nacional que es derecho federal en este momento en pos de una aplicación de normativa local que no es así”.
Y aclaró que el Ministerio de Seguridad de Chubut “no se basa en una normativa; lo hace a través de resoluciones ministeriales que no tienen alcance general y dictadas por una autoridad que es un ministro que, según nuestra condición provincial, no está capacitado al no tener competencia para dictar leyes”.
En este caso, sostuvo que Massoni “puede dictar resoluciones que tienen alcance para su propio Ministerio, no para la ciudadanía en su conjunto” aclarando que “esto constituye un delito porque va en contra del reparto de facultades de la Constitución”.
En diálogo con La Petrolera, el abogado señaló que actualmente en Chubut “tenemos unos desmanes importantes con respecto a la legislación y por supuesto, el desconocimiento de la legislación nacional, lo cual es también un delito constitucional”.
“Juicio político”
El letrado consideró que la presentación de un habeas corpus preventivo y presentado en la Justicia por los abusos “lo que busca es que finalicen las detenciones ilegales o las restricciones y amenazas al derecho de la libertad” pero “esta sentencia que se dicta en el marco de esta audiencia lo que va a hacer es dar por reconocido de que existen estas detenciones ilegales que el ministro de Seguridad está negando y el mismo gobernador niega”.
Más adelante anticipó que se trata de “la antesala” para un juicio político de ambos funcionarios “porque aquí no se puede tan livianamente ir en contra de la Constitución provincial, dar entrevistas, reírse, mentir, decir que hay cinco denuncias nomas y tres han sido desestimadas, cuando eso no es así”.
El abogado dijo que hay más de 4 mil detenciones que se hicieron durante la pandemia por el Ministerio de Seguridad “bajo la excusa de que nos están cuidando, lo cual es grave”.
En este contexto, consideró que “cuando uno restringe libertades garantizadas por la Constitución Nacional, no puede venir un ministro provincial, que no tiene facultades para hacerlo, a restringir aún más estas libertades”.
Y teniendo en cuenta que el ministro de Seguridad “es abogado, es muy grave” porque entiende que “no es que lo hace sin saber; viola el derecho constitucional provincial a sabiendas” y “lo convierte en responsable con un grado mayor de objetividad”, mientras que el gobernador “puede ser responsabilizado a partir de esta audiencia”, indicó El Patagónico.
