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Diego Correa

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Hoy se cumple un año de la detención de Diego Correa, Diego Lüters, Natalia Mac Leod, Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón. Luego se sumarían otros 7 imputados. La causa se bautizó El Embrujo y ayer, en una audiencia en la Oficina Judicial, se confirmó que el juicio oral y público empezará el martes 12 a las 8.

El 7 de marzo de 2018 una ola de detenciones, entre ellas la de un exfuncionario de extrema confianza del exgobernador Mario Das Neves, desató y puso en evidencia los presuntos mecanismos de corrupción dentro del Gobierno para defraudar al Estado.

La denominada causa «Embrujo» derivó en una docena de causas paralelas, como el aprovechamiento de una catástrofe para recaudar fondos.

Otra causa emblemática, que no solo sacudió a la política sino también al sector empresario que integraba «el club de la obra pública», fue «Revelación», que terminó con casi 30 empresarios imputados (algunos fueron beneficiados con la probation) y cerca de 10 funcionarios, entre ellos, los principales ministros de la gestión Das Neves y que continuaron con el actual gobernador Mariano Arcioni.

Hoy se cumple un año de aquella mañana que tuvo su génesis en Velero Vesta 127 con las detenciones de Diego Correa (exsubsecretario de Unidad Gobernador) y su pareja Natalia Mc Leod. En paralelo, también fueron detenidos Diego Luthers (secretario de Correa en Unidad Gobernador), Sandro Figueroa (tío de Mc Leod), Juan Carlos «Tato» Ramón. Días después, arrestaron a Daniela Souza, quien se encontraba en el extranjero. Más tarde cayó el contador Federico Gatica y otros exfuncionarios como Rubén Darío Reinoso (Logística), Christian Gisande (Viviendas Oficiales) y los hermanos de Correa y Mc Leod.

La labor que desplegaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams puso de relieve un modus operandi defraudatorio a gran escala, generando un rechazo y un repudio masivo de la sociedad, que se expresaba por las redes sociales y con comentarios en las páginas web.

A un año de la causa de corrupción más trascendente de la historia de la provincia del Chubut, «Embrujo» entra en su etapa decisiva para conocer la verdad sobre los hechos que involucran a 12 personas, una de ellas, la mano derecha de quien fuera tres veces gobernador de Chubut y que Arcioni lo mantuvo en su cargo hasta que fue detenido.

 

 

 

El Chubut y Jornada

Hoy a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson se realizará una «convención probatoria» para acordar cómo se llevará a cabo el proceso. Se analizarán cantidad de testigos, orden de exposición y secuestros. Los fiscales no están seguros que el juicio oral y público comience el próximo martes 12 de marzo. La causa tiene 12 imputados, entre ellos Diego Correa y Diego Luthers.

El comienzo del juicio oral y público de la causa «El Embrujo» es un misterio. La fecha está programada para dentro de seis días: el próximo martes 12 de marzo. Sin embargo, existen fuertes dudas sobre los planteos que harán las defensas y que podrían trabar el inicio de las audiencias que está previsto que se extiendan hasta mayo.

En lo inmediato, hoy se realizará una convención probatoria para seguir avanzando y terminar de pulir cómo sera el mecanismo y procedimiento del juicio oral y público.

El encuentro se llevará a cabo a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson y estará coordinado por Karina Breckle, Directora de la dependencia.

El fiscal Omar Rodríguez aseguró que la idea «es llegar a un acuerdo para que todos los testigos declaren o bien podamos prescindir de alguno y el mismo pueda ser leído través de una declaración por escrito».

Dudas sobre el inicio del juicio

Desde Fiscalía visualizan que los abogados defensores de los acusados están pergeñando una «jugada secreta» con el objetivo de paralizar el juicio.

Un grupo de penalistas analizan solicitar la suspensión del juicio a prueba. Esta medida alcanza a los imputados que no se desempeñaron como funcionario público durante la presunta conformación de una asociación ilícita para defraudar al Estado y lavar activos a través de la creación de las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting.

El abogado del contador Federico Gatica, Javier Romero, volverá a la carga para que la causa gire al Juzgado Federal, principalmente porque considera que el lavado de activos es un delito del fuero federal.

La presentación que efectuó Romero se encuentra actualmente en la Cámara de Comodoro Rivadavia y en los próximos días debería haber una definición al respecto.

Por otra parte, sobrevuela en todas las oficinas políticas y judiciales, la hipótesis del «fuerte impacto» que tendría el inicio del juicio oral y público en medio de una contienda electoral que definirá, entre otras categorías, al gobernador de Chubut de los próximos cuatro años.

 

 

El Chubut

Con un extenso dictamen de más de 100 páginas, el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, pidió que el juez Gustavo Lleral rechace el planteo de Javier Patricio Romero, defensor de Federico Gatica en la causa “El Embrujo”.

El contador –imputado con otras 11 personas- está acusado de lavado de dinero proveniente de la corrupción. Romero planteó que este delito es competencia federal y que la Justicia provincial debe inhibirse de juzgar a su cliente y la Oficina Judicial de Rawson debe enviarle el expediente a Lleral. Pero según Gélvez, el reclamo es “extemporáneo” ya que vencieron los plazos procesales para el recurso del defensor. El juicio oral y público para la banda que presuntamente lideró Diego Correa está previsto para el 12 de marzo.

Para su reclamo, Romero se basó en un adelanto de este diario de noviembre del año pasado: la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el Juzgado Federal capitalino investigue otro antiguo caso de lavado de dinero, pero en la Cooperativa Eléctrica de Trelew. El defensor consideró que la situación de Gatica es similar y debe ocuparse Lleral “de modo exclusivo y excluyente”.

Sin embargo, el fiscal opinó que el juez federal debe rechazar el pedido porque el expediente ya se elevó a juicio tras la acusación de los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams, y el auto de apertura del 30 de octubre de 2018 que firmó el juez Sergio Piñeda.

Oportunidad perdida

“La oportunidad procesal para plantear la inhibitoria como toda cuestión de competencia es en cualquier estado de la investigación penal preparatoria, lo que comprende el inicio de la investigación y abarca la etapa intermedia hasta el dictado del auto de apertura a juicio”, explicó Gélvez. El planteo de Romero “no puede proceder porque la instrucción preparatoria o investigación preliminar terminó”.

“Corresponde expresar concretamente que caducó el derecho invocado por el Dr. Romero referente al planteo de la inhibitoria en la etapa procesal investigativa –instrucción preparatoria, instrucción previa, investigación preliminar al juicio-, por lo tanto es dable añadir que dicha pretensión es extemporánea, ya que se está en el caso ante la etapa que se denomina juicio”.

Sólo quedaría analizar si al estar fijada la fecha de debate oral y público, “sería procedente tal inhibitoria, o en su defecto también caducó el derecho a deducirla”.

En otro orden, Gélvez aclaró que si en cualquier provincia argentina ocurren delitos como el lavado, dañando el orden económico y financiero de la jurisdicción, “el órgano judicial competente para investigar y juzgar todos los hechos delictuales es el de la provincia donde se produjeron”.

“Nada tiene que juzgar por carecer de competencia la justicia de excepción enclavada en la provincia argentina que fuere (…) Tal atribución no fue delegada expresamente a la Nación o Estado Federal, impide que intervenga otro órgano judicial, que no sea el provincial”.

Tener cuidado

Si se interpretara “sin profundidad” que la competencia de ciertos delitos es únicamente federal, “no sólo se estaría afectando a nuestra forma de estado federal, sino que se dejaría sin protección a los distintos órdenes económicos y financieros de la provincia, lo cual implicaría que en la realidad del funcionamiento de tal o cual Estado provincial, las autoridades designadas no puedan ejercer las funciones que poseen para resguardar tal orden económico y financiero”.

Si se juzgan hechos cuyos protagonistas son el Estado provincial y sus funcionarios públicos, y se lavó dinero del mismo Estado, “claramente la competencia es del órgano jurisdiccional de la provincia en cuestión y no del estado federal (…) La competencia para investigar y juzgar es de la justicia ordinaria como regla general y excepcionalmente de la justicia extraordinaria o de excepción”.

No hay daño federal

Gélvez precisó en su dictamen que en El Embrujo no se afectaron bienes federales o al menos tal dato no se demostró.

“La competencia es de la justicia del Estado provincial donde habrían acontecido tales episodios y el Poder Judicial de dicho ente estatal debe ser quien juzgue los mismos cuando la calificación legal sea la de lavado de activos del art. 303 del C.P”.

Por eso, advirtió, “resolver lo contrario, es violentar todo lo que se ha decidido en otros precedentes jurisprudenciales respecto de la competencia”.

El Comodorense

Ayer se realizó un sorpresivo allanamiento en la Alcaidía de Trelew a Diego Correa. Le secuestraron una tablet, dos chip Movistar y un pendrive. Jefatura de Policía presentó una denuncia contra el jefe de seguridad del establecimiento. La causa la tiene la fiscal Silvia Pereira.

La Justicia seguía de cerca a Correa por la presunta utilización de artefactos electrónicos y de comunicación desde el interior de la Alcaidía. Ayer, allanaron el centro de detención y desde Fiscalía confirmaron a EL CHUBUT que encontraron al imputado en las causas «Embrujo» y «Revelación» utilizando un celular.

La Justicia tiene elementos que comprobarían que el jefe de seguridad de la Alcaidía, Pedro Muñoz, habría facilitado estos elementos para que Correa pueda comunicarse por teléfono.

Producto de esta situación, Jefatura de Policía radicó una denuncia contra Muñoz, que recayó en la Fiscalía de Pereira.
Los elementos secuestrados en todo el operativo (no corresponden todos a Correa), son una tablet, una notebook, tres celulares, dos chip Movistar y siete pendrives.

El Chubut

Mañana a las 8 en la Oficina Judicial de Rawson está prevista una nueva audiencia por la causa Lotería para analizar medidas sustitutivas a las medidas de coerción que pesan contra Diego Correa, David Dahhur y Oscar Alarcón.

Correa y Dahhur están actualmente con prisión preventiva por las causa Embrujo y Lotería respectivamente. En tanto que Alarcón tiene prisión domiciliaria por las contrataciones en Lotería.

El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase autorizó a Alarcón a salir de su casa para que reciba atención médica en Esquel a raíz de una dolencia que padece, además de poder visitar a su abogado, el defensor Guillermo Santos. La audiencia fue pedida por los respectivos abogados defensores.

El Chubut

Como te confirmo Cholila Online hace un mes, las causas parecen peleas de payasos (arregladas) y el diario de Sanz, muy hábil, escribe sobre este tema porque ya estaría cerrado, de hecho mucho se hablo del supuesto arreglo de Arcioni con Luters y Correa a través del Ministro Federico Massoni que según la opinión de la sociedad fue muy obvio cuando solicitó que a Diego Luthers le dieran arresto domiciliario con la tobillera electrónica luego de la declaración de éste favoreciendo a Arcioni.

Resta saber si en este supuesto acuerdo entra Correa, olfateamos que sí, porque el Diario El Chubut escribe como desafiando hasta a la sociedad, al parecer este medio es otro de los que piensa que si no están presos es por culpa de la sociedad y no por los arreglos y las valijas que habrían volado. Ahora que cobardes serían los que arreglan y le echan la culpa a la sociedad cuando los Chubutenses si hubiesen impartido justicia seguramente le darían 15 años  de condena a todos y con las pruebas.

Por otro lado si todo sigue así nada afectará a Arcioni en las elecciones, no porque no este involucrado sino porque será un juicio de «pelea de payasos». Ahora los que arreglaron tendrían que ser más hombrecitos y callarse la boca antes de atacar a la sociedad, guarda que queda un tramo no vaya ser cosa que «vuelquen la calesita».

Esto te dice Cholila Online, ahora lee con mucho detenimiento lo que dice Diario El Chubut que recibe varios millones de pesos por mes para escribir para el Gobierno Provincial:

¿Habrán evaluado los profetas electorales del gobierno de Arcioni la incidencia del juicio por El Embrujo? Ya se sabe que el 17 de marzo los chubutenses estarán votando en las PASO y el 19 de mayo en la general provincial. Hay muchos factores políticos a analizar y tiempos a ajustar en la construcción de la campaña de los distintos actores. Pero sería demasiado ingenuo para el oficialismo desconocer que en febrero comenzaría el juicio oral y público contra 12 imputados de la llamada causa «El Embrujo», Diego Correa y Diego Luthers incluidos.

El cóctel explosivo: juicio por «Embrujo» y elecciones a la vez.

Es cierto que Mariano Arcioni se mostró siempre abierto al trabajo de la Justicia desde un primer momento, y fueron imputando y deteniendo funcionarios de la gestión sin que pareciera afectarlo en el plan en marcha. Incluso hasta hay quienes creen que salió fortalecido de la tormenta judicial. Pero si había caído el interés de la opinión pública por los casos de corrupción que involucraron a políticos de larga y reconocida trayectoria, como a otros de dudoso «pedigrí» y a empresarios, el inicio de este juicio realimentará la indignación y el reclamo de justicia.

No se trata aquí de hacer futurología sobre cuestiones que puedan revelarse en el juicio y que no se plantearon en estos meses de investigación. Pero en todo caso, será un cóctel explosivo el desarrollo de un juicio oral por presunta corrupción, junto a la elección del gobernador de Chubut.

El ex subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa, fue detenido frente a su casa una mañana de marzo de este año en tiempos en los que aún ocupaba un despacho continuo al más importante de Fontana 50. Desde entonces no se conoció declaración alguna de quien fuera un hombre fuerte en la gestión. Sin dudas, a medida que se asome el primero de los juicios que tiene a Correa como uno de sus imputados, crecerá la expectativa, y no solo de los fiscales, en torno a lo que declarará frente al Tribunal. Más de 230 testigos desfilarán durante el tiempo que se prolonguen las audiencias. Mientras todo esto ocurra, afuera de la sala de audiencias seguirá la campaña electoral. ¿Quién podría pensar que lo que pase en el juicio no tendrá incidencia alguna en la elección de los chubutenses?

El juez Sergio Piñeda definirá si 5 de los 12 imputados esperarán detenidos las audiencias. Diego Correa, presunto líder de la banda, no pidió morigerar su situación y seguirá encarcelado. Se decidirá si los 29 CD´s con charlas telefónicas se aceptan como evidencia y si las figuras jurídicas se sostienen.

El jueves 1º de noviembre al mediodía, el juez Sergio Piñeda notificará por mail su decisión sobre las prisiones preventivas de 5 de los 12 imputados de la causa El Embrujo. También definirá si acepta como prueba los 29 CD´s con las escuchas telefónicas hechas a la banda, y si respalda las figuras jurídicas que eligió la Unidad Anticorrupción para las imputaciones: asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y autolavado de dinero.

La tercera y última jornada de la audiencia preliminar duró 4 horas en la Oficina Judicial de Rawson. Con acuerdo de su defensor Fabián Gabalachis, se definió que Diego Correa –presunto jefe del grupo y símbolo de la causa- siga detenido hasta el inicio del juicio oral y público.

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez pidieron sostener también la prisión preventiva hasta el juicio para Natalia Mac Leod, Federico Gatica, Sandro Figueroa, Diego Lüters y Juan Carlos “Tata” Ramón.

Consideran que en todos los casos persisten los riesgos de que intimiden a alguno de los 170 testigos de la acusación o se fuguen, ya que no hay datos nuevos que alivien las sospechas sobre los acusados. “Con la cercanía del juicio, estos peligros aparecen más próximos y con más intensidad. Si un testigo no va al juicio, la grabación o el testimonio escrito de la investigación no nos servirá como prueba y no podremos hacer absolutamente nada”, argumentaron. Para Daniela Souza, acordaron con su defensor Damián D ´Antonio que siga en prisión domiciliaria.

Javier Patricio Romero, defensor de Gatica, explicó que un psicólogo de parte certificó que culpa del encierro, el contador sufre “una profunda depresión, aguda, delicada y crítica”. Y que su familia está muy afectada. Pero Romero se quejó de que un profesional del Cuerpo Médico Forense desestimó este diagnóstico con “cuatro renglones” y sin siquiera entrevistar al acusado.

Por eso el juez ordenó, con consentimiento fiscal, que otro forense lo evalúe y elabore un nuevo informe. Gatica sigue preso pero de esta última conclusión dependerá si obtiene la prisión domiciliaria.

El defensor Omar López, por su parte, también pidió domiciliaria y tobillera electrónica para Ramón. Explicó que si su cliente fuese condenado por asociación ilícita y defraudación, el mínimo serían 3 años de cárcel. Con buena conducta ganaría la libertad condicional a los 8 meses. Es el mismo tiempo que ya casi cumplió en preventiva. “En el peor de los casos ya cumplió la pena mínima del delito mayor”, graficó.

Rodríguez le contestó que esos argumentos para morigerar la detención ya se discutieron en audiencias anteriores y se le dio la razón a Fiscalía. “Estamos siempre repitiendo lo mismo y es una pérdida de tiempo que llama la atención”, deslizó.

En nombre de Lüters, D´Antonio solicitó domiciliaria o bien una salida semanal a su casa familiar para aliviar su “deterioro psiquiátrico y el temor por su seguridad personal”. Es que declaró y está involucrado también en Revelación y la Emergencia Climática. Pidió que se valore esta ayuda.

Williams le aclaró: “El testimonio de Lüters no aportó nada a la investigación. Lo que reveló ya lo sabíamos y sólo trató de mejorar su situación. No es que tuvo voluntad de colaborar”. Para desmentir su presunto ánimo de ayudar, recordó cómo ocultó 14 cajas de evidencias antes de ser detenido.

Versión Gabalachis

Aunque no discutió la prisión de Correa, Gabalachis sí solicitó las prisiones domiciliarias para Mac Leod y Figueroa. “Llevan 8 meses presos, lo mismo que estarían si son condenados. Se deben ir a la casa y no hay discusión posible. ¿Qué pasa si nos equivocamos y los absuelven? ¿quién les devuelve ese tiempo? Sería irreparable”. Consideró que su situación es idéntica a la de Souza, pero el trato fiscal es diferente.

Sobre Mac Leod, deslizó que es la única mujer presa en preventiva en Chubut. “Aumentó la dosis de Clonazepan y Sertralina para intentar dormir todo el día en la Comisaría de Playa Unión”, reveló.

“La estamos dañando y tienen crisis de angustia y ansiedad. Eso es lo que está quedando de Mac Leod”. La pareja de Correa lloró cuando se mencionó a sus hijos de 11 y 15 años. Pero el fiscal Rodríguez insistió con que estos datos ya se discutieron y la razón la tuvo la acusación para mantenerla en cárcel común.

Antes, Gabalachis pidió el sobreseimiento de Mac Leod y de Figueroa por la figura de enriquecimiento ilícito. “Hay lotes en Las Golondrinas y una Ford Ranger que le adjudican a ella haber comprado a través de Dual Core pero que se adquirieron en 2014, cuando Correa no era funcionario. Un particular no puede ser acusado de enriquecimiento”.

Pidió un segundo sobreseimiento para Figueroa y Correa por el autolavado de activos, figura jurídica para la cual solicitó declarar la inconstitucionalidad.

“Tenemos cómo probar el origen ilícito de los fondos y no queda otra que procesar las pruebas en un juicio”, replicó Williams.
Rodríguez agregó los ejemplos de María Julia Alsogaray, Ricardo Jaime y César Milani, con puntos de contacto con este caso

 

 

 

Diario Jornada

El abogado penalista Fabián Gabalachis solicitó la semana pasada el sobreseimiento de Diego Correa y su pareja, Natalia Mc Leod. El defensor público Omar López hizo lo propio con su cliente Juan Carlos Ramón. El mismo planteo se extendió para el ex director de Viviendas Oficiales, Cristian Gisande y para el maestro mayor de obras, Jorge Godoy.

En el escrito de contestación de la acusación que recae sobre Correa y Mc Leod, Gabalachis ofreció pruebas y pidió el sobreseimiento de ambos en la causa «Embrujo».

La misma medida fue solicitada para «Tato» Ramón, sindicado en la causa como el responsable de armar presupuestos paralelos que le daban una imagen de «competitividad» a los concursos de precios en las licitaciones que participaban Dual Core y Sepat.

El encargado de Viviendas Oficiales del gobierno provincial, Gisande, también requirió el sobreseimiento. Gisande lideraba el área que estaba bajo la órbita de Unidad Gobernador (Diego Correa) y solicitó la reparación de casas oficiales, aunque en la descripción todas tenían el mismo incoveniente.

Por último, el abogado de Godoy -encargado de la construcción de la vivienda de Correa en Playa Unión y de los dúplex- también pidió el sobreseimiento por falta de pruebas.

 

 

El Chubut

El acusado es Fabricio Eric Parra, de la concesionaria JR Automotores de Trelew. Lo acusan de encubrir al principal imputado de la Causa «El Embrujo».

La fiscal Silvia Pereira dos Santos y el funcionario Rubén Kohler presentaron la acusación y piden llevar a juicio oral y público al empresario Fabricio Eric Parra por «encubrimiento».

El hecho investigado ocurrió el pasado 28 de febrero en la concesionaria “JR Automotores”, ubicada en la calle Pellegrini 1200 de Trelew, cuando Parra “con claras intenciones de favorecer la situación procesal de Diego Correa, quien es investigado por delitos contra la administración pública, engañó a los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez refiriendo, al ser consultado por una camioneta Hiunday H1 que encontraba estacionada en el playón del local comercial, que la misma pertenecía a una mujer de nombre Giuliana, titular de la empresa Sepat”, indica la acusación.

“Parra sabía que el verdadero dueño era Diego Correa y se lo ocultó a los fiscales”, afirman en el escrito presentado ante la Oficina Judicial.

Los fiscales determinaron que Parra habló con Correa sobre la camioneta, que fue secuestrada el 5 de Marzo en Buenos Aires, en base a intervenciones telefónicas. “Tal es así que Correa le pregunta el valor de la camioneta H1 contestando el interlocutor “La tuya”. En la conversación Parra aconsejó a Correa cuánto dinero tenía que pedir, de acuerdo al precio del dólar del día y si no, que la ofreciera en dólares, sostienen los fiscales en otro tramo de su acusación.

Desde el Ministerio Público Fiscal acusan a Parra por el delito de “encubrimiento por favorecimiento personal” y estiman “que al momento de pedir la pena, la misma no será menor de tres años”.

Los dichos fueron ratificados por un chofer de la Unidad Gobernación, quien declaró que Correa le ordenó “que lleve la H1 a Buenos Aires, que allí le darían directivas respecto del lugar en que debía dejarla. La tuvo que pasar a buscar a la Hyundai, sobre calle Pellegrini en Trelew. Entre las órdenes que Correa le dio al chofer le comentó que ya había hablado con una persona de nombre Fabricio, un pibe joven, flaco, bien vestido. En la Hyundai, Muñoz habló con esa persona, le dijo que iba de parte de Diego Correa.

Junto con esa persona a la que nombra como Fabricio fueron a la parte trasera del lugar, adonde hacen las reparaciones, allí estaba el hermano de Fabricio, le pusieron la patente a la camioneta, le dieron un sobre con la documentación del rodado y se fue. Muñoz pasó a ver a Diego Correa quien le dio dinero y unas cajas que tenía que llevar y se fue a Buenos Aires”.

“Que después de la primera visita de los fiscales recibió la orden de Jorge Parra que saquen la camioneta de la venta y la guardaron en el galpón de los repuestos. Finalmente agregó que Fabricio tomó conocimiento que los fiscales estaban siguiendo a Correa la primera vez que van los mismos”.

Los fiscales presentaron un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia porque se le otorgó domiciliaria a Daniela Souza, imputada de ser parte de una asociación ilícita liderada por Diego Correa. También el juez la autorizó para ir al psicólogo sin custodia y los fiscales no fueron notificados.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron hoy un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia por la decisión de beneficiar con arresto domiciliario a Daniela Souza, imputada como integrante de la asociación ilícita en la causa denominada “El Embrujo”.

La medida la tomó el juez Marcelo Nieto di Biase a raíz de un “habeas corpus” colectivo presentado por la defensa otorgando no sólo la prisión domiciliaria sino también un permiso para ir al psicólogo sin la debida custodia policial.

“Habiéndonos notificado al tomar contacto directo con la carpeta de la Oficina Judicial, toda vez que esta parte no fue notificada de manera formal, que además de la morigeración del arresto domiciliario se le otorgó a la imputada la posibilidad de conducirse por sus propios medios en la vía pública sin custodia policial, advertimos que ambas disposiciones agravian a esta parte porque la medida originaria dispuesta por el Juez Natural de la causa se desvirtúa por la intervención de otro magistrado sin competencia para la modificación de la medida dispuesta” afirman Rodríguez y Williams en su escrito y sostienen que “es por ello que venimos a solicitar se nos haga lugar al recurso de revisión de una medida cautelar  y de manera inmediata se disponga la revisión de la morigeración concedida a la imputada Souza”.

“Medidas como las tomadas generen contradicciones e incoherencias. Y decimos esto porque personas en la misma situación que Souza se encuentran cumpliendo la medida en los centros de detención y la nombrada está en su casa con posibilidad de ir al psicólogo sin ningún tipo de medida de control” dice el escrito presentados por los fiscales. Y agregan: “De lo expuesto surgen cuestiones que resultan sumamente graves. La primera es que un juez que no es el juez natural del caso resuelve cuestiones propias del mismo, como son las salidas al psicólogo de una detenida que no está a su disposición. La otra cuestión, más grave aún, le permite a la detenida Daniela Souza que vaya al galeno sin ningún tipo de control, custodia, etc., aumentando de manera palmaria los riesgos procesales, que por otra parte se encuentran vigentes”.

Ahora deberá resolver el planteo el Superior Tribunal de Justicia.

El rol de Souza en la banda de Correa

La Fiscalía imputa a Daniela Souza como integrante de la asociación ilícita que lideraba Diego Correa, quien – de acuerdo a la versión de los fiscales –  se escondía detrás de Souza para las contrataciones. Con respecto a Souza, marcaron que “su función era la compra venta y manejo de las personas de las empresas de Correa. Incluso adquiere terrenos en la cordillera y vehículos a nombre de una de las empresas”.

“Daniela Souza, según las conversaciones que mantiene con Correa solicitándole dinero para diversos pagos, tenía una vida ostentosa donde tendría gastos por unos 100 mil pesos por mes y no registraba ingresos. Esta suma total incluye alquiler del departamento, tarjeta de crédito y otros”.

 

 

Fuente: MPF / Foto: Daniel Feldman