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Diego Correa

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La causa que investiga la presunta conformación de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través de las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting está a punto de iniciar el debate final para dilucidar la responsabilidad o la inocencia de un grupo de exfuncionarios y particulares.

El Ministerio Pública Fiscal determinó que, el ex mano derecha de Mario Das Neves y por entonces subsecretario de Unidad Gobernador, Diego Correa, junto a su secretario Diego Luthers, su pareja Natalia Mc Leod, el contador Federico Gatica y un grupo de amigos y personas de confianza, pergeñaron una organización a través de sociedades para quedarse con la reparación de viviendas, prestaciones de servicios en eventos y poner en marcha un ambicioso plan de consultorios médicos.

El juicio oral y público retomará después del primer intento fallido en febrero, donde los abogados penalistas de los imputados trabaron la continuidad del proceso con una batería de recursos.

La audiencia de hoy -prevista para las 9 en la Oficina Judicial de Rawson- no será la excepción y el defensor público Omar López, que patrocina a Juan Carlos «Tato» Ramón, planteará que antes de que inicie el juicio oral y público, la Corte Provincial debe resolver la impugnación de la resolución emitida por los jueces Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Rafael Luchelli de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que rechazaron las solicitudes de probation para seis imputados.

Los penalistas Damián D’Antonio y Fabián Gabalachis también irían en la misma dirección que López y se sumarían a la postergación del inicio del juicio oral y público hasta que el máximo órgano de la Justicia provincial resuelva sobre las probation de Natalia Mc Leod, Giuliana Mc Leod, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa, el maestro mayor de obra Jorge Godoy y el exdirector de Viviendas Oficiales, Christian Gisande.

La intervención del Tribunal

El planteo sobre si el juicio debe frenarse o continuar producto de la impugnación en el Superior Tribunal de Justicia debería ser resuelto por el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez.

Las complejidades son dos: En primer lugar, tendrán que aportar claridad con respecto a si el revés de la Cámara Penal de Trelew a los imputados que solicitaron probation es suficiente para que el juicio continúe; y en segundo término, se abre la posibilidad de que los abogados defensores «recuse» al Tribunal de Enjuiciamiento, por entender que ya emitió opinión (negativa) en torno a la suspensión de juicio a prueba.

En este escenario, los penalistas defensores vaticinan que si Soñis, Pérez y Rolón tienen la llave para definir si el juicio continúa o no, tendrían otra respuesta negativa a sus intereses, y en este caso se adelantarían con un pedido de recusación a los jueces.
Si esto sucede, se tendrá que conformar un Tribunal con nuevos jueces para dirimir este planteo.

La fiscal general jefa Silvia Pereira elevó a la sala penal del Superior Tribunal de Justicia el recurso por el que solicita la impugnación a la resolución emitida por el Juez Fabio Monti el 3 de junio, mediante la cuál dictó el sobreseimiento de Fabricio Parra en una causa donde había sido imputado por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal.

El hecho por el cual se formuló acusación es el ocurrido en fecha 28 de febrero del año 2018, en la concesionaria “JR Automotores” sita en la calle Pellegrini al 1200 en horas de la mañana, cuando el Sr. Fabricio Parra sabiendo lo que hacía y con claras intenciones de favorecer la situación procesal de Diego Correa, quien era investigado por delitos contra la Administración Publica, engañó a los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez, refiriendo al ser consultado, por una camioneta Hyundai modelo H1 la cual se encontraba estacionada en el playón del mencionado local comercial, que la misma pertenecía a una mujer de nombre Giuliana, titular de la empresa Sepat, a sabiendas que el verdadero dueño era Diego Correa.

Finalmente el declarante, proporcionó su número telefónico a los fiscales siendo posteriormente advertido como el abonado telefónico que mantuvo comunicación el día 9 de febrero del corriente año con Diego Correa, dejando en claro el Sr. Parra durante la conversación que la camioneta era de Correa. Como consecuencia de estas maniobras, el MPF, al ser engañado, no logra secuestrar el mencionado rodado, ya que el día 5 de marzo de ese año fue trasladada por el Sr. Gustavo Andrés Muñoz a la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente se secuestró. El Ministerio Publico Fiscal, ha calificado el mismo como constitutivo del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, previsto en el art. 277 inc. 1 “a” del C.P..

Los agravios interpuestos por la fiscal jefa son los previstos en el art. 371 inc. 1 y 2 del CPP, esto es falta de fundamentación suficiente y errónea aplicación de preceptos legales, concretamente de los arts. 296, 297 y 285 del CPP.

Señala que llama la atención que el Dr. Monti al resolver, no pudo adquirir certeza negativa respecto de la solicitud del Ministerio Publico Fiscal de rechazar la elevación a juicio el presente caso, toda vez que para llegar a dicha conclusión, valoró arbitrariamente y parcialmente prueba que aún no se ha producido, tal como: análisis de la inscripción del informe del citado rodado en el R.N.P.A., análisis de los dichos del imputado, análisis de la escucha telefónica, análisis del titular registral del vehículo, análisis de la entrevista de los Fiscales con Parra, violando así las reglas del proceso adversarial, vedando a este Ministerio Publico, la posibilidad de la realización del juicio oral y público.

Sumado a ello, surge del mismo relato del hecho formulado por la Fiscalía que el Sr. Fabricio Parra mantuvo una conversación con Diego Correa (investigado por delitos contra la administración pública, con repercusión en toda la provincia, cuanto menos), el día 9 de febrero del corriente año, reconociendo expresamente que el vehículo era de Correa, situación ésta que le fue ocultada a los fiscales en fecha posterior (28 de febrero del año 2018). Esto se observa claramente del relato del hecho, sin necesidad de análisis de la prueba ofrecida, con lo cual, claramente se desvirtúa el análisis del Dr. Monti, cuando afirma en sus argumentos que el MPF no pudo acreditar el elemento del tipo subjetivo de la figura penal escogida.

Advierte mas adelante que si el magistrado analizó que el bien era propiedad de Giuliana, titular de SEPAT, ignora o al menos desconoce analizar cual fue el motivo por el cual el bien se le entrega al chofer de la Secretaría Privada de la Gobernación y no a su titular registral. Reitero, todo ello surge claramente del relato del hecho, sin necesidad de valoracion alguna de prueba ofrecida por las partes, ya que dicha circunstancia está expresamente prohibida en esta etapa preliminar. Surge con claridad que en el caso, claramente un juez de la provincia decide que el fin justifica los medios, aunque éstos medios tengan la presunción de ser delictivos.

El Juez Monti en forma errónea valoró prueba en forma parcial, arbitraria, y de manera ilegal, porque con una supuesta aplicación de la sana crítica valoró elementos discutidos en la audiencia preliminar pero no lo hizo de forma completa; pues la pieza acusatoria del MPF contiene profusa documentación y testigos ofrecidos para sustentar la teoría del caso fiscal, y acreditar en juicio los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; la decisión del juez claramente carece de motivación pues adquiere una certeza a la que arriba en forma errónea y sobresee a Fabricio Eric Parra, porque no encuentra el elemento objetivo ni subjetivo del tipo.

Si hay una cuestión que es propia del debate es justamente esta, la acreditación en juicio de los elementos del tipo penal escogido, el tipo objetivo y el tipo subjetivo, si hubo dolo de beneficiar indebidamente o no a Correa, situación ésta que ha sido vedada a la parte acusatoria, al no permitir producir prueba que nos lleve o no a probar dicho extremo.

Este es un grosero error del Juez aplicando de manera errónea la ley y con una clara ausencia de motivación, cuando de manera burda dicta el sobreseimiento de Fabricio Eric Parra, obviando la pieza acusatoria como así la prueba ofrecida a su respecto la que de producirse en un juicio que permitiría demostrar la conducta del encartado. Omite evaluar, que en esta etapa, debe acreditarse por parte de la parte acusadora la probabilidad de autoría y no la certeza de la misma, siendo para ésta última la realización del juicio oral y público.

Pidió además en la nota que se tenga por efectuada la reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la Ley 48, toda vez que se estarían conculcando los principios constitucionales de la forma republicana de gobierno, del debido proceso legal adjetivo y de razonabilidad, art. 1, 18 y 28 de la Const. Nacional.

El 12 de junio será la audiencia para imputar a Diego Correa, exsecretario privado de Mario Das Neves, por los presuntos beneficios que facilitó estando detenido en la Alcaidía policial de Trelew.

Está implicado Pedro Santos Muñoz, el policía que debía controlar la seguridad interna del pabellón de Correa. Las figuras son ofrecimiento y admisión de dádivas.

La denuncia la presentó el jefe de Policía, Miguel Gómez. Todo se inició cuando el fiscal Omar Rodríguez envió a la Jefatura de Policía “una serie de escuchas donde quedaba en evidencia algo que a simple vista era irregular. El encargado de la requisa, el encargado de la seguridad interna de la Alcaidía, un oficial principal, tenía algún vínculo y algunas medidas que significaban algún beneficio para Correa y, a cambio de eso usufructuaba algún beneficio de tipo comercial en Puerto Madryn”.

“Correa le tramitaba una serie de beneficios en un hotel en Madryn que era sin cargo para este oficial principal. Llamó la atención a la fiscalía y nos lo envío para que decidiéramos que correspondía”, explicó Gómez.

El jefe de la Policía afirmó que Correa “le conseguía hoteles sin cargo al oficial principal. Lo que motiva esta investigación y todavía no sabemos es a cambio de qué. Se denunció esta situación y se logró una requisa en distintos puntos, y en la Alcaidía, en el pabellón donde está Correa se constata que él junto con otro detenido tenían teléfonos a la vista de cierto personal policial y había otros internos que tenían el mismo beneficio. Es evidente que las medidas de seguridad no eran las correctas, había algún grado de preferencia direccionado al pabellón de Correa”. En ese lugar se alojaban cuatro presos de distintas causas. Había un celular, dos chips, una Tablet y un pendrive.

Cuando se conocieron estos hechos el oficial Muñoz fue pasado a disponibilidad preventiva “por el tiempo que lo permite la legislación”, dijo Gómez. Hace pocos días “fue reinsertado laboralmente a una dependencia de Rawson donde está trabajando, hasta tanto se resuelva el sumario”. Trabaja en la parte operativa externa sin contacto con detenidos. Esto ocurría “a espaldas y con desconocimiento del jefe de la Alcaidía. Lo pudimos establecer con la investigación, de lo contrario también hubiéramos tomado medidas con el jefe”.

La audiencia será en los Tribunales de Trelew ante la jueza Ivana González y la fiscal es Silvia Pereira.

El Ministerio Público Fiscal irá al Superior Tribunal de Justicia para pedir la impugnación del fallo del juez Fabio Monti, quien consideró que no es aplicable la figura de encubrimiento al empresario Fabricio Parra.

La fiscalía había imputado al propietario de la concesionaria JR Automotores por considerar que había filtrado información al ex funcionario Diego Correa y que había «engañado» a los fiscales».

La causa fue un desprendimiento de «El Embrujo» y estuvo al frente la fiscal Silvia Pereyra. Por su parte, uno de los fiscales de la investigación inicial, Omar Rodríguez, dijo ayer a FM EL CHUBUT que estuvo leyendo los argumentos del juez y «no me convencen» y ratificó la postura de que fueron engañados por Parra durante la investigación y que dio aviso a Correa que los fiscales estaban recabando información.

Por lo tanto, adelantó que «la doctora Pereyra va a impugnar la resolución; están trabajando en eso para que llegue al Superior Tribunal y que revisen la resolución de Monti».

Para eso hay un plazo legal y no más allá de la semana próxima se estaría haciendo la presentación por parte de la Fiscalía.
«La intención de la Fiscalía es revertir el fallo porque estamos convencidos de que Parra conocía y realizó conductas concretas para entorpecer las investigaciones y para ocultar bienes de Diego Correa que tenía cosas que no podía justificar», insistió Rodríguez

La nueva imputación para el principal acusado en la causa de corrupción Embrujo será por ofrecimiento de dadivas y para el ex jefe de seguridad interna de la Alcaidía, Pedro Santos Muñoz, por admisión de dadivas. La audiencia será el próximo miércoles 12 de junio ante la jueza Ivana Gonzalez.

Correa le brindaba beneficios al jefe de seguridad. A la vez que en su celda tenía un celular con dos chips, un pendrive y una tablet. La denuncia la realizó el comisario Miguel Gómez. Y el jefe de la Alcaidía fue pasado a disponibilidad.

 

 

Radio3

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron el viernes pasado una ampliación de la causa que investiga la presunta defraudación al Estado en el marco de la emergencia climática que sacudió a la provincia. Gilardino quedaría excluido del proceso y añadirán al jefe de compras de la cartera que conducía Leticia Huichaqueo.

Los motivos están cimentados en que Fiscalía no tendría pruebas consistentes para demostrar que Gilardino firmó las contrataciones con conocimiento de que Diego Correa y los funcionarios del Ministerio de Familia estaban pergeñando un presunto fraude en la adquisición de mercadería destinada a la emergencia climática.

En este escenario, dictarán el sobreseimiento para Gilardino en las próximas semanas. En paralelo, los fiscales sumarán un nuevo imputado a la causa: si bien desde las oficinas judiciales optaron por el hermetismo, el nuevo acusado sería funcionario de la cartera de Familia y se trataría de un jefe de compras.

Los imputados actuales por esta causa son Diego Correa, Diego Luthers, Alberto Gilardino, Marcelo Suárez, Leticia Huichaqueo, Vanina Gisella Varale, Franco Finiguerra, Marta Andrea Fracaso, Bruno Taurelli, Guillermo Adrián Williams y Cecilia Sofía Sadaba.

La investigación

El 29 de marzo de 2017, Chubut sufrió un fuerte temporal de lluvia, con precipitaciones récord para la zona. Como consecuencia de ello, la ciudad de Comodoro Rivadavia sufrió enormes pérdidas materiales, entre bienes públicos y privados, obligando a la evacuación de un gran número de residentes de la ciudad petrolera por anegación y en algunos casos por destrucción de las viviendas en que moraban.

La acusación de los fiscales sostiene que «Diego Correa, Diego Luthers, Marcelo Suárez y Leticia Huichaqueo, con pleno dominio de hecho y división de funciones, pergeñaron un plan para defraudar al Estado Provincial, realizando todos ellos aportes esenciales en el tramo ejecutivo para alcanzar el fin propuesto».

Asimismo, alegaron que para la concreción del plan «resultó imprescindible la intervención de distintos particulares que aparecen contratando con el Estado Provincial, en algunos de los hechos cobrando valores muy superiores a los que los productos tenían en el mercado, y en otros, directamente cobrando por mercadería que nunca entregaron».

Rodríguez y Williams explicaron que para concretar este fraude «en primer lugar, había que darle a los expedientes que se iban generando en el marco de las contrataciones directas, visos de legalidad».

Para que ocurra esto, en todos aquellos expedientes analizados «aparece la firma de Marcelo Suárez al pie de los Memorandos, los cuales eran dirigidos a Diego Correa, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social a la Subsecretaría Unidad Gobernador, solicitando que se autorice el pago de la adquisición de materiales necesarios en la emergencia».

En la causa hay un caso emblemático: se compraron colchones para la emergencia climática, pero lo hicieron antes de que se desate el temporal de lluvia que azotó a la provincia del Chubut.

 

 

El Chubut

La fiscal Silvia Pereyra Dos Santos y el funcionario Rubén Kohler presentaron la acusación y piden llevar a juicio oral y público a Fabricio Eric Parra por «encubrimiento».

La audiencia preliminar se realizó en Rawson, donde la defensora pública Angélica Gómez Lozano pidió que no vaya  juicio por entender que la conducta era atípica y no existía delito. La fiscal Silvia Pereira replicó que el caso tiene que ir a juicio. Entre los testigos, se encuentran ofrecidos los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams.

El juez Monti resolverá dentro del plazo legal de tres días hábiles. Lo hará por escrito.

El hecho investigado ocurrió el pasado 28 de febrero en la concesionaria “JR Automotores”, ubicada en la calle Pellegrini 1200 de Trelew, cuando Fabricio Parra “con claras intenciones de favorecer la situación procesal de Diego Correa, quien es investigado por delitos contra la administración pública, engañó a los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez refiriendo, al ser consultado por una camioneta Hiunday H1 que encontraba estacionada en el playón del local comercial, que la misma pertenecía a una mujer de nombre Giuliana, titular de la empresa Sepat”, indica la acusación. “Parra sabía que el verdadero dueño era Diego Correa y se lo ocultó a los fiscales”, afirman en el escrito presentado ante la Oficina Judicial.

Los fiscales determinaron que Parra habló con Correa sobre la camioneta, que fue secuestrada el 5 de Marzo en Buenos Aires, en base a intervenciones telefónicas. “Tal es así que Correa le pregunta el valor de la camioneta H1 contestando el interlocutor “La tuya”. En la conversación Parra aconsejó a Correa cuánto dinero tenía que pedir, de acuerdo al precio del dólar del día y si no, que la ofreciera en dólares, sostienen los fiscales en otro tramo de su acusación.

Desde el Ministerio Público Fiscal acusan a Parra por el delito de “encubrimiento por favorecimiento personal” y estiman “que al momento de pedir la pena, la misma no será menor de tres años”.

Chofer ratificó los dichos

Los dichos fueron ratificados por un chofer de la Unidad Gobernación, quien declaró que Correa le ordenó “que lleve la H1 a Buenos Aires, que allí le darían directivas respecto del lugar en que debía dejarla. La tuvo que pasar a buscar a la Hyundai, sobre calle Pellegrini en Trelew. Entre las órdenes que Correa le dio al chofer le comentó que ya había hablado con una persona de nombre Fabricio, un pibe joven, flaco, bien vestido. En la Hyundai, Muñoz habló con esa persona, le dijo que iba de parte de Diego Correa. Junto con esa persona a la que nombra como Fabricio fueron a la parte trasera del lugar, adonde hacen las reparaciones, allí estaba el hermano de Fabricio, le pusieron la patente a la camioneta, le dieron un sobre con la documentación del rodado y se fue. Muñoz pasó a ver a Diego Correa quien le dio dinero y unas cajas que tenía que llevar y se fue a Buenos Aires”.

“Que después de la primera visita de los fiscales recibió la orden de Jorge Parra que saquen la camioneta de la venta y la guardaron en el galpón de los repuestos. Finalmente agregó que Fabricio tomó conocimiento que los fiscales estaban siguiendo a Correa la primera vez que van los mismos”.

La Cámara Penal de Trelew definirá antes de junio si va a juicio la causa de «El Embrujo», que tiene como imputados a los ex funcionarios Diego Correa y Diego Luthers junto a otras diez personas, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.

Los camaristas Alejandro Defranco, Luis Luchelli y Adrián Barrios, resolverían en las próximas semanas sobre los pedidos de probation de las defensas de la mitad de los imputados. Hoy se concretará la audiencia que había quedado pendiente desde abril pasado, cuando los pedidos de probation de las defensas fueron rechazados por el tribunal del juicio.

Los jueces de la Cámara hoy escucharán los planteos de los abogados defensores respecto de los pedidos de probation solicitados por la mitad de los acusados. La ley dice que los magistrados tienen un plazo de 10 días para resolver los planteos desde que se lleva a cabo la audiencia. En la Justicia creen que de prosperar el juicio comenzaría después de las elecciones del 9 de junio.

Juicio en suspenso

A mediados de marzo todo estaba encaminado para que comience el juicio oral de El Embrujo, que tiene como imputados a Diego Correa, Diego Luthers, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa.

No obstante, las defensas de seis imputados hicieron pedidos de probation, lo que derivó en que se suspendiera el debate hasta que las instancias superiores resuelvan los planteos. La investigación judicial que llevaron los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, derivó en diversas acusaciones por los delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de activos.

El 5 de abril de 2019, los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez rechazaron las probation para las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Jorge Godoy y Christian Gisande, pero las defensas apelaron.

Estos planteos judiciales pusieron un manto de suspenso al inicio del juicio. Los fiscales tienen previsto presentar más de 130 testigos y más de 200 documentos como prueba si se concreta el debate.

 

 

El Chubut

Un mes y medio después de que el Tribunal de Enjuiciamiento resolviera por unanimidad rechazar los pedidos de probation para seis imputados de la causa «Embrujo», se realizará la audiencia para que los fiscales y las defensas argumenten ante los jueces de la Cámara Penal de Trelew los motivos a favor y en contra de la suspensión del juicio a prueba.

La necesidad de agilizar los procesos que esbozó el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, en la sesión especial en Legislatura sobre el balance 2018 del Poder Judicial, no tuvo su correlato en la decisión de los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que convocó a una audiencia que se realizará 45 días después de la decisión de los magistrados que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento de la causa Embrujo.

El 5 de abril de 2019, los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez rechazaron las probation para las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Jorge Godoy y Christian Gisande.

La Cámara Penal de Trelew integrada por los jueces Alejandro Defranco, Luis Luchelli y Adrián Barrios convocaron a una audiencia para el 20 de mayo, 45 días después de la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento.

Con esta demora, el juicio por la causa Embrujo, en la que está imputado Diego Correa, Diego Luthers, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa, llamativamente no comenzaría antes de las elecciones generales del 9 de junio.

En la audiencia del 20 de mayo, los fiscales y las defensas argumentarán ante los jueces Defranco, Barrios y Luchelli, los motivos por los cuales debería o no aplicarse la suspensión del juicio a prueba de seis de los doce imputados.

Luego de esa audiencia, los integrantes de la Cámara Penal de Trelew volverán a tomarse un tiempo para dictaminar sobre la cuestión de fondo planteada.

Desde Fiscalía aseguraron que es «prácticamente imposible» que el juicio oral y público comience antes de las elecciones generales.

 

 

El Chubut

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, de la Unidad Anticorrupción, presentaron la acusación para elevar a juicio la causa «El Embrujo” que sindica a Diego Correa de liderar una asociación ilícita para cometer delitos dentro del Estado Provincial. “El daño se ve reflejado en la salida del monto millonario del patrimonio del Estado Provincial, que según la valuación, supera los 35 millones de pesos”, indicaron en su acusación.

Los doce acusados son Correa, exsecretario privado de la Gobernación y extitular de la Unidad Gobernador; Diego Lüters; Natalia Mc Leod; Daniela Souza; Sandro Figueroa; Juan Carlos “Tato” Ramón; el contador Federico Gatica; los exfuncionarios Christian Gisande y Rubén “Bedo” Reinoso; además de Darío Correa; Giulana Mc Leod, y Jorge Godoy.

Los fiscales presentaron 131 testigos para que declaren en el juicio oral. Incluye miembros de las divisiones de Criminalística y de Investigaciones de la Policía; profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Procuración General; funcionarios públicos y empresarios, entre otros. Hay más de 230 elementos de prueba documental. Los fiscales pidieron la inspección ocular de todos los inmuebles embargados y requirieron la reproducción de las intervenciones telefónicas obtenidas en la causa.

“Conductas delictivas”

Williams y Rodriguez sostienen que los acusados cometieron “conductas delictivas con lesión a varios bienes jurídicos, que van desde la tranquilidad pública, pasando por los delitos contra la administración pública, a la luz de las directrices de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hasta llegar al lavado de activos, los cuales afectan el orden financiero y económico del Estado”.

Correa está sindicado como jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos. Los fiscales adelantaron que pedirán una pena no inferior a los ocho años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

 

 

Agencia Pais