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Diego Correa

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En siete jornadas deliberando por la mañana y por la tarde, los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, agotaron los testigos de la investigación en el juicio oral y público por la causa “Embrujo” que tiene a 12 personas imputadas. Se espera que a partir de mañana miércoles comiencen a alrededor de una decena de testigos que algunos defensores creen pueden beneficiar a los imputados que asisten.

Entre la voluminosa documentación exhibida secuestrada a los imputados, se destacó un listado de las propiedades del grupo identificada como “Propiedades DC”, en alusión a Diego Correa considerado el jefe de la asociación ilícita.

De esta manera las partes simplificaron casi a la mitad la ronda de testimonios teniendo en cuenta que acordaron no llevar ante los jueces a testigos relacionados con las formalidades de la investigación.

En la mañana de este martes siguió exponiendo Guillermo Figueredo que exhibió parte de la información que contenían los teléfonos celulares, computadores y otros elementos de almacenamiento electrónico secuestrados durante la investigación.

Diálogos mediante mensajes de texto y de voz entre los imputados, fotografías de documentación bancaria y ante la AFIP acerca del movimiento de dinero que realizaban, además de formalidades que iban cumpliendo  con las empresas que creaban, además de órdenes de compras, fueron parte de las filminas exhibidas por Figueredo.

Los diálogos además demostraron las conversaciones que mantenían entre sí algunos de los imputados cuando la investigación ya estaba en marcha, y detalles de la estrategia a seguir ante la inminente intervención de fiscales y posibles detenciones.  Identificado como “ZZ” Diego Correa por ejemplo aconsejaba a Jorge Godoy diciéndole “quédate tranquilo” o “haceme caso y no seas testarudo” indicándole que antes de ser indagado por los fiscales “vas a recibir una citación y después allí vemos con un abogado que decís o qué hacemos”.

«Si te van a preguntar a vos, no podés decir que yo te pagaba porque me van a enterrar de cabeza. Pedite vacaciones y mientras tanto armamos la estrategia con el abogado”, insistió “ZZ”

“Yo hice un trabajo y quiero decir la verdad”, fue una de las respuestas del maestro mayo de obras Godoy a Correa en un extenso diálogo por mensajes de textos que ambos imputados mantuvieron y que fue hallado por el testigo Figueredo en algunos de los teléfonos secuestrados.

El juicio oral seguirá en horas de la tarde con la presencia de los últimos dos testigos de los fiscales. Tras ello se conocerán las propuestas de los defensores en cuanto a los testigos dispuestos originalmente, si concurren todos o desisten de algunos de ellos en función de las estrategias dispuestas, así lo reseña El Chubut.

Hoy a las 8.30 se retoma el juicio por El Embrujo en Rawson. Fabián Gabalachis, defensor de Diego Correa, hizo un balance de las dos primeras semanas.

“Fue favorable en todo lo relacionado con asociaciones ilícitas y defraudaciones. Noté circunstancias que complican a Correa, pero relacionadas con negociaciones incompatibles entre Sepat, Dual Core y su función pública; no así con asociaciones ilícitas y administraciones fraudulentas, y en alguna medida también del enriquecimiento y el lavado de dinero. Y favorable respecto a Darío Correa, Giuliana Mac Leod y Natalia McLeod.

-¿Cree que las figuras jurídicas más complicadas que eligieron los fiscales no se están apoyando con evidencia?

-Es mi análisis hasta la fecha.

-¿Cómo ve la situación de Correa?

-Vamos a discutir cuestiones relacionadas con las calificaciones legales y necesariamente considero que algún compromiso va a tener sobre las más leves; es la proyección que realizo desde que se sustancia el juicio.

Sobre los testigos que presentará, “serán convocados una vez que Fiscalía agote toda la prueba. Son entre cinco a seis testigos aunque es probable que también haya acuerdo probatorio respecto de algunos y eso autorizará que se introduzca alguna documental sin convocarlos; veremos si acordamos con Fiscalía”.

-¿Correa va a declarar?

-Sí, cuando se termine de producir toda la prueba. Es un consejo técnico para poder explayarse sobre la prueba que se produce en el juicio, y en ese momento se manifestará ante el tribunal.

-¿Es una desventaja hacer este juicio en un contexto de crisis provincial por el mal uso de los fondos públicos?

-No puedo desconocer el descontento social, es algo que necesariamente vivimos todos y sin duda no es el clima ideal para un juicio de esta naturaleza. Lo tengo asumido totalmente. Tengo sumo respeto por fiscales y jueces, pero hago una ecuación sencilla: son juzgados por personas que no cobran el sueldo, atribuible a fallas en la administración pública desde 2016. No es el clima ideal.

Diego Correa manejaba tres cuentas corrientes para retirar materiales de construcción: la suya, la de Dual Core y la del exgobernador Mario Das Neves. Lo reveló Laura Díaz, empleada administrativa de VS Materiales en Trelew, en el juicio oral y público por el caso El Embrujo.

Díaz tenía contacto mensual directo con el exsecretario privado del mandatario y le informaba los saldos. “Correa pagaba personalmente en efectivo y muy poco veces con cheques. Yo lo llamaba y era muy buen cliente, eran cuentas importantes”. Cuando el monto era alto, llevaba una mochila con fajos de efectivo termosellados. Alguna vez también pagaron Juan Carlos “Tato” Ramón y Daniela Souza. “Eran guardas, grifería, porcelanatos y juegos de baño”.

El movimiento de la cuenta de Correa llegó a $ 2 millones; Dual Core, a $ 170 mil y Das Neves, a $ 300 mil. Díaz reconoció y leyó ante el Tribunal decenas de recibos del dinero que le entregó Correa para las tres cuentas.

También declaró Juan Carlos “Pichón” Moreira, dueño de VS. Dijo conocer a Correa por los diarios pero admitió que también lo vio en “alguna reunión”, sin mayor relación personal. Confirmó las cuentas corrientes pero pese a la insistencia del fiscal Omar Rodríguez, no precisó montos de compra. “Está todo en los resúmenes de cuenta que entregué”.

Otro testigo, Enrique Beltrán, construyó los tres dúplex y la casa de Playa Unión. Consiguió el trabajo porque compartía otra obra con Jorge Godoy en Rawson. El maestro mayor le pidió un presupuesto para el Grupo Correa. Cotizó $ 1.700 el m2 cubierto y lo contrataron. “A Godoy lo conocía porque fue maestro de mi hijo en la Politécnica”.

Describió que la casa tiene living, entrada principal, cocina-comedor y quincho. En planta alta suma tres habitaciones, un baño, una sala de estar y un dormitorio principal con baño privado. En el patio una pileta que “la hizo ´Tato´ con su gente, yo no participé”.

Correa empezó a visitar la obra con los dúplex terminados y la casa avanzada. Por quincena le pagaban en efectivo él, Godoy o Diego Lüters. Entre $ 20 mil y $ 40 mil cada vez. En una ocasión fueron dólares. “Plata y materiales no faltaban”, graficó. En la audiencia reconoció los recibos firmados por Correa.

En febrero de 2018 Beltrán volvió de sus vacaciones. Ya lo buscaba Fiscalía. Tuvo una reunión en casa de Godoy con Correa y Lüters. “Paraban la obra porque los estaban investigando pero me dijeron que no me hiciera problema porque cuando todo pasara me iban a pagar lo que me debían”. No cumplieron.

También declaró Pablo Báez. Es parte del mantenimiento de Casa de Gobierno. Entró gracias a su madre, que trabajaba en la casa de Correa. “A pedido de Lüters hice pintura en Playa Unión”, contó. De 8 a 14 se suponía que Báez debía estar en Fontana 50. Pero en cambio se subía a un micro rumbo a la obra. Le pagaban con horas extras. Tras la muerte de Das Neves “nos sacaron las extras a todos”.

Sandro López es maestranza y compañero de Báez. Lüters le pidió ir a pintar “una casa enorme” en Playa Unión. “Le dije que no había problema. Era difícil llegar a Correa y primero había que pasar por Lüters”.

El albañil y pintor le planteó: “¿Esto no me va a traer problemas? Si fuera de mi lugar de trabajo me caigo de un andamio, ¿quién se hace cargo?”. Lüters replicó: “Quedate piola porque así como te pusimos, te sacamos”. López se sintió amenazado. Su mujer tenía un embarazo de 6 meses. “Tenía miedo de que me echen y estaba entre la espada y la pared”, Fueron 2 meses y medio de trabajo en la Playa. Iba de 8 a 18. Cobró horas extras.

El testigo admitió que tuvo trabajo gracias a su militancia de 5 años para Das Neves. Y aunque le agradece, debió plantarse ante Correa para que le cumpliera la promesa. “Le dije que me había cagado de frío para ganarme un puesto”.

Alexis Gabra:“Vivíamos amenazados”

Alexis Gabra aún trabaja en la Unidad Gobernador. Compartió oficina con Diego Lüters. En la época de los hechos se sentía “intimidado y amenazado” para firmar pases y acelerar expedientes de cobro a favor de Sepat y Dual Core, que sumaban contrataciones con el Estado.

En la Secretaría Privada “la gran mayoría de los días el trato no era bueno. Si había algo malo o que le molestaba a Correa, lo sabíamos por Lüters. Si te pedía algo y a los 20 minutos no lo hacías, el trato cambiaba. Si yo no firmaba, me quedaba sin trabajo. Choferes, cadetes, empleados administrativos y de mantenimiento, todos ahí vivíamos con esa amenaza y presión constante de que si no hacíamos algo, nos echaban”.

Gabra tuvo un emprendimiento personal de venta de ladrillos. Como necesitó facturar, compró Sepat SRL. “Pero no tenía movimiento ni capital”. En Casa de Gobierno le comentó a Lüters que iba a vender la sociedad. “Le pregunté si conocía interesados porque la SRL ya no me servía ni tenía tiempo para dedicarle”. El precio era 120 mil pero Lüters regateó. Por fin se la compró Correa con $ 90 mil en efectivo en su despacho.

Una tarde en Fontana 50, Gabra le entregó los libros contables a Gatica para la transferencia. El contador de Trelew aparecía cada vez más seguido en la Privada. “Ahí todos entendían que si Lüters te decía algo, era porque te lo decía Correa”.

La camioneta, las obras y los cobros

La venta de la Hilux

Juan Enrique Luden le pagó $ 630 mil en efectivo en mano a Correa por su Toyota Hilux, en enero de 2018. El exsecretario privado necesitaba vaciar Dual Core y Sepat. “El vehículo estaba en muy buen estado y me mandaron a Lüters con la documentación”. Correa también le ofreció la Hyundai H1 por $ 900 mil. No hubo trato aunque “estaba muy bien conservada y con muy pocos kilómetros”, declaró.

“Fue muy raro”

Mario Nahuelcheo fue parte de la investigación del Grupo Correa, junto con Juan Carlos Núñez. Recordó su “sorpresa” cuando descubrió que la supuesta sede de Dual Corea en Velero Vesta127 era “la casa de Correa y de su pareja”. Luego “nos llamó la atención la infraestructura grande de la casa de Playa Unión”. También descubrieron el terreno del Parque Industrial. “Ya habían alambrado y había un contendedor listo. Esa obra se frenó por la investigación”. Nahuelcheo fue quien detuvo al contador Federico Gatica. “Llevaba varios fajos de dinero”. En su testimonio destacó el audio de la charla de Correa con Gonzalo Carpintero. “No sé cómo se enteraron que los escuchábamos. Fue muy raro y nos llamó muchísimo la atención”.

Pulir y encerar

Daniel Ramírez trabaja en el área de Infraestructura del Gobierno. Como parte de su función “inspeccioné trabajos de Dual Core como la pintura de la Residencia Oficial del gobernador, el pulido y encerado del Salón de los Constituyentes y reparaciones en la Sala de Situacipon”. Los finales de obra los firmó con “Tato” Ramón, de quien incluso fue compañero de trabajo cuando el acusado fue director de Obras por Administración.

“Te llama un contador”

Diego Lüters recurrió al escribano Maximiliano González Lloyd para hacer la transferencia de un terreno en Rawson que le había comprado por $ 250 mil a los hermanos Pedernera. Lloyd le explicó a los jueces que el trámite se frenó “porque Lüters quería escriturar a nombre de una empresa aún no constituida y me dijo que me llamaría un contador”. Era Federico Gatica, que le llevó la documentación a Lloyd. Lüters le pagó al escribano. La flamante sociedad era Mezeta Consulting y en ese lote se levantarían los consultorios médicos.

Pauta para “Bedo”

Gerardo Tardugno fue jefe de Prensa de la Municipalidad de Rawson. En 2015 Rubén “Bedo” Reinoso le pidió pauta publicitaria para el portal de noticias “5 Ciudades”. El periodista declaró que “para iniciar el expediente de cobro, Reinoso nos presentó facturas de Dual Core”. La pauta, de unos $ 5.000, duró menos de un año.

En la causa hay un tercer implicado, Carlos Legal, por contrataciones efectuadas en el año 2014 con la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, integrantes de la “Unidad especial de investigación de delitos contra la administración pública”, iniciaron una nueva causa penal por presuntos hechos de corrupción.

La nueva causa penal surgió de la pericia informática donde se descubrieron conversaciones entre Correa y Ramón por el cobro de obras realizadas con la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria.

“En soportes informáticos se encontró profusa documentación relacionada con obras que fueron adjudicada para llevar adelante trabajos tanto en el Puerto Rawson como así también el Puerto de Camarones”, indicaron los fiscales, aunque también se podría ampliar.

“Son documentos que luego aparecen firmados por el director de Puertos, Carlos Legal. Lo que llama la atención a esta altura que documentos de dichos expedientes también se encontraron en la computadora de Ramón”, explicaron.

“Nuevamente estaríamos en presencia de un armado fraudulento de expedientes para quedarse con distintas obras llevadas a cabo en los puertos”. Y agregan: “En principio se desprende que Juan Carlos Ramón armaba los distintos presupuestos, resoluciones adjudicando las obras, las actas de recepción de obras, etc., y luego se las llevaba a Carlos Legal, quien habría firmado los documentos aludidos, para el armado de los distintos expedientes dándole apariencia de legal competencia”, cerraron.

La causa judicial se investigará bajo las figuras delictuales de “defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público”.

La acusación de la Unidad Anticorrupción lo consideró “pieza central” en el grupo que habría defraudado al Estado en 18 millones de pesos mediante varias contrataciones fraudulentas para la urgencia.

La Unidad Anticorrupción consideró a Diego Correa “pieza central” del fraude al Estado mediante contrataciones fraudulentas durante la Emergencia Climática en Chubut. Por eso en la acusación que ya elevaron a la espera de la audiencia preliminar, los fiscales pidieron no menos de 6 años de prisión, más inhabilitación perpetua para cargos públicos.

Para Diego Lüters, “eslabón esencial en la estructura delictiva”, inhabilitación perpetua y no menos de 5 años y seis meses de prisión. Para el exsubsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez, no menos de 5 años y ocho meses más la inhabilitación perpetua.

Para la exministro de Familia Leticia Huichaqueo, los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez pedirán la inhabilitación perpetua y no menos de 4 años de prisión. La pretensión es la misma que para Vanina Barale, exjefa de los depósitos de Familia.

En cuanto a Cristian Orsi, exresponsable de Compras, el pedido de pena no será inferior a los 2 años y 6 meses de prisión, más la inhabilitación perpetua. Para la empresaria Marta Fracasso, dueña de “Blanquería Matices”, la solicitud será no menor a los 4 años de prisión. Para Franco Finiguerra, de “Mall Don Bosco”, 4 años y 6 meses de prisión.

En el caso de Bruno Taurelli Chiribao, de “La Agrícola”, la acusación contiene para él no menos de 4 años y 6 meses de prisión. Para César Hughes, de “Thor”, el pedido partirá de los 4 años de prisión. En cuanto a Guillermo Williams, también de “Thor”, la pretensión no será menor a 3 años y 6 meses de prisión. Finalmente, para Cecilia Sadaba, del kiosco “Emanuel”, Fiscalía solicitará 2 años y 6 meses.

Según destaca Jornada, a todos se les imputó defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Los funcionarios como coautores y los empresarios, como partícipes necesarios.

Los fiscales describieron a los episodios como “un ataque al erario público quebrantando los deberes que debían observar en el cuidado del mismo. Para lograr su finalidad delictiva pusieron en marcha un plan que significó llevar adelante reiteración de conducta delictiva”.

Al grupo de exfuncionarios lo describieron como “personas instruidas, con dilatada trayectoria y experiencia en el ámbito de la función pública”. Y al de empresarios “con una larga experiencia en el rubro comercial”. Sabían que delinquían y por eso el castigo penal debería ser mayor.

La acusación considera que “el motivo fue la codicia, toda vez que los imputados no tenían ningún tipo de necesidad de llevar adelante los hechos enrostrados”. La reiteración de hechos hace que el caso se agrave.

“Los hechos se materializaron en violación de los deberes que debían observar, aprovechándose de los lugares estratégicos que ocupaban dentro de la estructura de poder estatal”, advirtieron los fiscales.

Los exfuncionarios se aprovecharon “de la situación dramática que estaban experimentando los chubutenses, en particular Comodoro Rivadavia”.

Según la descripción, se beneficiaron con los decretos de emergencia firmados por el exgobernador Mario Das Neves. “Siempre en busca de lucros indebidos fueron llevando adelante las maniobras tendientes a lograr beneficios personales”.

“La situación fue un caldo de cultivo que favoreció no sólo el desarrollo de conductas reñidas con la ley, sino y sobre todo con principios y valores fundamentales que están en la base de toda sociedad. Aprovecharse de una situación de desgracia que vivían conciudadanos chubutenses, simplemente para lograr beneficiarse económicamente, hacen que el reproche penal sea mucho más intenso”.

CIFRAS

El fraude trepa a los $ 18.000.000 y el Estado quedó endeudado en $ 6.000.000. “Son conductas delictivas con lesión a la administración pública, a la luz de las directrices de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hasta llegar al lavado de activos, los cuales afectan el orden financiero y económico del estado”. También pidieron el decomiso de los bienes fruto de la corrupción, sean muebles e inmuebles, hasta alcanzar la suma del perjuicio ocasionado por cada imputado.

Los fiscales además pidieron el sobreseimiento del exministro coordinador, Alberto Gilardino. Consideraron que en la época su único rol fue firmar expedientes y que no conocía el plan fraudulento. No hallaron otras evidencias en contrario.

En marzo de 2017 Chubut sufrió un fuerte temporal con lluvias récord. Comodoro Rivadavia sufrió enormes pérdidas obligando a la evacuación de un gran número de vecinos por anegación y destrucción de las viviendas.

Para paliar esta dramática situación el gobernador Das Neves firmó un decreto que declaró la Emergencia Climática en los departamentos Escalante, Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, Telsen, Gastre, Paso de Indios y Los Mártires, y liberó 10 millones de pesos para la ayuda. Por la urgencia, se podía tramitar, aprobar y contratar sin mayores requisitos burocráticos.

En abril otro decreto amplió la Emergencia a toda la provincia y liberó otros $ 10.000.000 en los mismos términos que el decreto anterior. Este fue el contexto que permitió las maniobras.

Así lo decidieron hoy martes en la mañana, fue por unanimidad de los jueces Marcela Pérez, Alejandro Soñis y Ricardo Rolón. «Ha sido prematura la convocatoria a esta audiencia» sostuvo el Presidente del Tribunal.

«En el día de hoy se encuentra pendiente de resolución la impugnación. Entendemos que eso nos impide avanzar en el debate», ratificó el Presidente del Tribunal, Alejandro Soñis.

El tribunal dio lugar al pedido de los defensores y suspendió la postergación de la impugnación que debe dirimir el Superior Tribunal de Justicia en torno al rechazo de las probation de la Cámara Penal de Trelew.

El abogado penalista Fabián Gabalachis atacará la hipótesis de inexistencia de una asociación ilícita. A partir de ahí, con pruebas y testigos intentará desligar a Diego Correa de los otros delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles.

Gabalachis tiene la tarea más compleja en las causas por presuntos hechos de corrupción: demostrar la inocencia de Correa en «Embrujo», «Revelación», «Emergencia Económica», «Lotería» y «Dádivas en la Alcaidía», entre otras.

La arquitectura de la estrategia ya está aceitada, aunque Gabalachis aclaró en diálogo con EL CHUBUT que aguardarán la exhibición de pruebas documentales y testimoniales de fiscalía para contrarrestar con evidencia propia las acusaciones del Ministerio Público Fiscal.

«Lo primero que nosotros necesitamos es escuchar a las personas que fueron citadas como testigo. Entendemos que no existe la asociación ilícita, por lo tanto, Correa no es el jefe de ninguna banda ni de nada», aseveró Gabalachis.

Una vez sorteado eso, buscará despegarlo del enriquecimiento ilícito, lavado de activos y negociaciones incompatibles. «A partir de ahí, las otras figuras que le imputan como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, las contrarrestaremos con los testigos».

Gabalachis indicó que Correa «va a declarar», pero aseguró que en la causa Embrujo «difícilmente nombre a personas nuevas. Eso es más factible en revelación, en donde el propio Musante dijo que Correa no tenía nada que ver y que la máxima cabeza era Das Neves».

La causa que investiga la presunta conformación de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través de las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting está a punto de iniciar el debate final para dilucidar la responsabilidad o la inocencia de un grupo de exfuncionarios y particulares.

El Ministerio Pública Fiscal determinó que, el ex mano derecha de Mario Das Neves y por entonces subsecretario de Unidad Gobernador, Diego Correa, junto a su secretario Diego Luthers, su pareja Natalia Mc Leod, el contador Federico Gatica y un grupo de amigos y personas de confianza, pergeñaron una organización a través de sociedades para quedarse con la reparación de viviendas, prestaciones de servicios en eventos y poner en marcha un ambicioso plan de consultorios médicos.

El juicio oral y público retomará después del primer intento fallido en febrero, donde los abogados penalistas de los imputados trabaron la continuidad del proceso con una batería de recursos.

La audiencia de hoy -prevista para las 9 en la Oficina Judicial de Rawson- no será la excepción y el defensor público Omar López, que patrocina a Juan Carlos «Tato» Ramón, planteará que antes de que inicie el juicio oral y público, la Corte Provincial debe resolver la impugnación de la resolución emitida por los jueces Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Rafael Luchelli de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que rechazaron las solicitudes de probation para seis imputados.

Los penalistas Damián D’Antonio y Fabián Gabalachis también irían en la misma dirección que López y se sumarían a la postergación del inicio del juicio oral y público hasta que el máximo órgano de la Justicia provincial resuelva sobre las probation de Natalia Mc Leod, Giuliana Mc Leod, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa, el maestro mayor de obra Jorge Godoy y el exdirector de Viviendas Oficiales, Christian Gisande.

La intervención del Tribunal

El planteo sobre si el juicio debe frenarse o continuar producto de la impugnación en el Superior Tribunal de Justicia debería ser resuelto por el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez.

Las complejidades son dos: En primer lugar, tendrán que aportar claridad con respecto a si el revés de la Cámara Penal de Trelew a los imputados que solicitaron probation es suficiente para que el juicio continúe; y en segundo término, se abre la posibilidad de que los abogados defensores «recuse» al Tribunal de Enjuiciamiento, por entender que ya emitió opinión (negativa) en torno a la suspensión de juicio a prueba.

En este escenario, los penalistas defensores vaticinan que si Soñis, Pérez y Rolón tienen la llave para definir si el juicio continúa o no, tendrían otra respuesta negativa a sus intereses, y en este caso se adelantarían con un pedido de recusación a los jueces.
Si esto sucede, se tendrá que conformar un Tribunal con nuevos jueces para dirimir este planteo.

La fiscal general jefa Silvia Pereira elevó a la sala penal del Superior Tribunal de Justicia el recurso por el que solicita la impugnación a la resolución emitida por el Juez Fabio Monti el 3 de junio, mediante la cuál dictó el sobreseimiento de Fabricio Parra en una causa donde había sido imputado por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal.

El hecho por el cual se formuló acusación es el ocurrido en fecha 28 de febrero del año 2018, en la concesionaria “JR Automotores” sita en la calle Pellegrini al 1200 en horas de la mañana, cuando el Sr. Fabricio Parra sabiendo lo que hacía y con claras intenciones de favorecer la situación procesal de Diego Correa, quien era investigado por delitos contra la Administración Publica, engañó a los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez, refiriendo al ser consultado, por una camioneta Hyundai modelo H1 la cual se encontraba estacionada en el playón del mencionado local comercial, que la misma pertenecía a una mujer de nombre Giuliana, titular de la empresa Sepat, a sabiendas que el verdadero dueño era Diego Correa.

Finalmente el declarante, proporcionó su número telefónico a los fiscales siendo posteriormente advertido como el abonado telefónico que mantuvo comunicación el día 9 de febrero del corriente año con Diego Correa, dejando en claro el Sr. Parra durante la conversación que la camioneta era de Correa. Como consecuencia de estas maniobras, el MPF, al ser engañado, no logra secuestrar el mencionado rodado, ya que el día 5 de marzo de ese año fue trasladada por el Sr. Gustavo Andrés Muñoz a la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente se secuestró. El Ministerio Publico Fiscal, ha calificado el mismo como constitutivo del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, previsto en el art. 277 inc. 1 “a” del C.P..

Los agravios interpuestos por la fiscal jefa son los previstos en el art. 371 inc. 1 y 2 del CPP, esto es falta de fundamentación suficiente y errónea aplicación de preceptos legales, concretamente de los arts. 296, 297 y 285 del CPP.

Señala que llama la atención que el Dr. Monti al resolver, no pudo adquirir certeza negativa respecto de la solicitud del Ministerio Publico Fiscal de rechazar la elevación a juicio el presente caso, toda vez que para llegar a dicha conclusión, valoró arbitrariamente y parcialmente prueba que aún no se ha producido, tal como: análisis de la inscripción del informe del citado rodado en el R.N.P.A., análisis de los dichos del imputado, análisis de la escucha telefónica, análisis del titular registral del vehículo, análisis de la entrevista de los Fiscales con Parra, violando así las reglas del proceso adversarial, vedando a este Ministerio Publico, la posibilidad de la realización del juicio oral y público.

Sumado a ello, surge del mismo relato del hecho formulado por la Fiscalía que el Sr. Fabricio Parra mantuvo una conversación con Diego Correa (investigado por delitos contra la administración pública, con repercusión en toda la provincia, cuanto menos), el día 9 de febrero del corriente año, reconociendo expresamente que el vehículo era de Correa, situación ésta que le fue ocultada a los fiscales en fecha posterior (28 de febrero del año 2018). Esto se observa claramente del relato del hecho, sin necesidad de análisis de la prueba ofrecida, con lo cual, claramente se desvirtúa el análisis del Dr. Monti, cuando afirma en sus argumentos que el MPF no pudo acreditar el elemento del tipo subjetivo de la figura penal escogida.

Advierte mas adelante que si el magistrado analizó que el bien era propiedad de Giuliana, titular de SEPAT, ignora o al menos desconoce analizar cual fue el motivo por el cual el bien se le entrega al chofer de la Secretaría Privada de la Gobernación y no a su titular registral. Reitero, todo ello surge claramente del relato del hecho, sin necesidad de valoracion alguna de prueba ofrecida por las partes, ya que dicha circunstancia está expresamente prohibida en esta etapa preliminar. Surge con claridad que en el caso, claramente un juez de la provincia decide que el fin justifica los medios, aunque éstos medios tengan la presunción de ser delictivos.

El Juez Monti en forma errónea valoró prueba en forma parcial, arbitraria, y de manera ilegal, porque con una supuesta aplicación de la sana crítica valoró elementos discutidos en la audiencia preliminar pero no lo hizo de forma completa; pues la pieza acusatoria del MPF contiene profusa documentación y testigos ofrecidos para sustentar la teoría del caso fiscal, y acreditar en juicio los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; la decisión del juez claramente carece de motivación pues adquiere una certeza a la que arriba en forma errónea y sobresee a Fabricio Eric Parra, porque no encuentra el elemento objetivo ni subjetivo del tipo.

Si hay una cuestión que es propia del debate es justamente esta, la acreditación en juicio de los elementos del tipo penal escogido, el tipo objetivo y el tipo subjetivo, si hubo dolo de beneficiar indebidamente o no a Correa, situación ésta que ha sido vedada a la parte acusatoria, al no permitir producir prueba que nos lleve o no a probar dicho extremo.

Este es un grosero error del Juez aplicando de manera errónea la ley y con una clara ausencia de motivación, cuando de manera burda dicta el sobreseimiento de Fabricio Eric Parra, obviando la pieza acusatoria como así la prueba ofrecida a su respecto la que de producirse en un juicio que permitiría demostrar la conducta del encartado. Omite evaluar, que en esta etapa, debe acreditarse por parte de la parte acusadora la probabilidad de autoría y no la certeza de la misma, siendo para ésta última la realización del juicio oral y público.

Pidió además en la nota que se tenga por efectuada la reserva del caso federal en los términos del art. 14 de la Ley 48, toda vez que se estarían conculcando los principios constitucionales de la forma republicana de gobierno, del debido proceso legal adjetivo y de razonabilidad, art. 1, 18 y 28 de la Const. Nacional.

El 12 de junio será la audiencia para imputar a Diego Correa, exsecretario privado de Mario Das Neves, por los presuntos beneficios que facilitó estando detenido en la Alcaidía policial de Trelew.

Está implicado Pedro Santos Muñoz, el policía que debía controlar la seguridad interna del pabellón de Correa. Las figuras son ofrecimiento y admisión de dádivas.

La denuncia la presentó el jefe de Policía, Miguel Gómez. Todo se inició cuando el fiscal Omar Rodríguez envió a la Jefatura de Policía “una serie de escuchas donde quedaba en evidencia algo que a simple vista era irregular. El encargado de la requisa, el encargado de la seguridad interna de la Alcaidía, un oficial principal, tenía algún vínculo y algunas medidas que significaban algún beneficio para Correa y, a cambio de eso usufructuaba algún beneficio de tipo comercial en Puerto Madryn”.

“Correa le tramitaba una serie de beneficios en un hotel en Madryn que era sin cargo para este oficial principal. Llamó la atención a la fiscalía y nos lo envío para que decidiéramos que correspondía”, explicó Gómez.

El jefe de la Policía afirmó que Correa “le conseguía hoteles sin cargo al oficial principal. Lo que motiva esta investigación y todavía no sabemos es a cambio de qué. Se denunció esta situación y se logró una requisa en distintos puntos, y en la Alcaidía, en el pabellón donde está Correa se constata que él junto con otro detenido tenían teléfonos a la vista de cierto personal policial y había otros internos que tenían el mismo beneficio. Es evidente que las medidas de seguridad no eran las correctas, había algún grado de preferencia direccionado al pabellón de Correa”. En ese lugar se alojaban cuatro presos de distintas causas. Había un celular, dos chips, una Tablet y un pendrive.

Cuando se conocieron estos hechos el oficial Muñoz fue pasado a disponibilidad preventiva “por el tiempo que lo permite la legislación”, dijo Gómez. Hace pocos días “fue reinsertado laboralmente a una dependencia de Rawson donde está trabajando, hasta tanto se resuelva el sumario”. Trabaja en la parte operativa externa sin contacto con detenidos. Esto ocurría “a espaldas y con desconocimiento del jefe de la Alcaidía. Lo pudimos establecer con la investigación, de lo contrario también hubiéramos tomado medidas con el jefe”.

La audiencia será en los Tribunales de Trelew ante la jueza Ivana González y la fiscal es Silvia Pereira.