Este lunes sobre las 8 horas comenzaba la audiencia en la que siete nuevas empresas serán imputadas en el marco de la causa Revelación. Están presentes el ex ministro Pablo Oca y el ex secretario privado de la Gobernación, Diego Correa, además de los 10 empresarios pertenecientes a siete firmas que serán imputados.
Los empresarios que serán imputados este lunes son Sandin, de Sandin y Asociados; Capandeguy y Manzanel, de Capman; Castro Blanco, de Apicons; Igarzabal, de OPC; Andrés Barrionuevo, de IPE junto a Riquelme y Rossi; Gustavo Moreta, de Libra y Fernando Quistani, de Habitar SRL.
El fiscal Omar Rodríguez dio a conocer un audio en el cual el ex fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, asesoró a Diego Correa por los problemas que tenían con el terreno donde querían construir consultorios médicos. Además, evidenció el fuerte vínculo entre ambos.
En el audio, se lo escucha a Martínez Zapata asesorando legalmente a Correa. «Lo que vamos a hacer es presentar en los próximos 10 días un amparo en Rawson. Voy a necesitar que me prepares los originales de las cartas documento que enviaste, las que vamos a recibir y una copia simple de la sociedad para acreditar el carácter de presidente. Voy a necesitar copia certificada por escribano público del permiso de obra de construcción, plazos de obra, obligaciones contraídas que tenga, habilitación y devengamientos», detalla el ex fiscal.
«Te aviso con tiempo así lo van recopilando y yo me pongo a trabajar en la semana próxima, así metemos el amparo por la cautelar para que levanten la suspensión de obra, porque es una locura lo que están haciendo», finaliza Martínez Zapata. No obstante, precisó que «Dual Core hizo algunos trabajos en la casa de Martínez Zapata».
La primera audiencia en la que participó Diego Lüters como imputado y que duró más de cinco horas terminó este viernes pasado el mediodía con una morigeracion de la pena, ya que el juez Sergio Piñeda accedió a darle prisión domiciliaria con tobillera electrónica por la cantidad de datos que brindó para el avance de la investigación aunque ello será definido en la próxima audiencia ya que tiene prisión por la causa Embrujo. Lüters ratificó la línea de la investigación original, nombrando a Diego Correa (ex secretario privado de la gobernación) con un papel preponderante, e implicó a dos nuevos exfuncionarios: el ex ministro de Infraestructura y el ex presidente del IPV, Alejandro Pagani y Martín Bortagaray.
Contó su historia con Correa, a quien conoció siendo empleado del banco; detalló cómo lo invitó a sumarse al área de Gobierno y cómo cambió su presión con la responsabilidad, tornándose “obsesivo”. Dijo que lo “maltrataba” y explicó que tras la salida del ex ministro Coordinador Víctor Cisterna del Gobierno, él, que cumplía una tarea administrativa en la Privada, lo encontró a Correa “sobrepasado” con una cantidad de datos de empresas, por lo que se ofreció a darle una mano y ahí empezó a llevarle la contabilidad de planillas excel de los ingresos por parte de las empresas que venían de la época de Cisterna en los aportes de la obra pública.
Confirmó los sobresueldos
El único nombre propio que aportó es el de Luis Avilés (ex jefe de la Policía) a quien dijo haberle pagado sobresueldos, mientras que asumió que también cobró él los mismos, al igual que “el resto”, sin detallar nombres al respecto.
También implicó a otros dos funcionarios: Martín Bortagaray, ex presidente del IPV, y Alejandro Pagani, ex ministro de Infraestructura, quienes dijo que se llevaban “planillas paralelas” de certificados de obras donde Correa les indicaba quién había que pagarle y a quién no para que le hagan el trámite y después lo enviaban a Pablo Oca, ex ministro de Economía.
Para Lüters, estos ex funcionarios no podían desconocer cómo funcionaba el sistema por lo que serían también del mismo y los fiscales manifestaron que ahí empieza otra línea investigativa que puede comprometer a esos dos nuevos nombres.
Sumó que a la caja negra aportaba no sólo la obra pública sino que también habló de una reunión con un empresario del área de seguros que aportaba “en dólares”, según el fiscal. Se abre así otra línea de investigación relacionada con el funcionamiento de Patagonia Brokers.
Lüters comprometió a Federico Piccione, empresario de Comodoro, al manifestar que iba “una vez por semana a Casa de Gobierno” ya que tenía “una relación de amistad con Correa” y era quien llevaba los cheques de la obra pública a la ciudad petrolera y que entendía que ese aporte podía tener que ver con una operación “con canal 9 de Comodoro” y que un tal Daniel Castillo podría estar vinculado con la recaudación de la zona de la cordillera.
Lüters dijo que teme por represalias contra él y su familia.
Meza Evans
Mientras tanto, el diputado del FpV y querellante en la causa Revelación, Blas Meza Evans, dijo que “es evidente que Lüters está hablando de lo que planteamos en Legislatura dos sesiones atrás. Es la incorporación del productor del manejo de los seguros eludiendo lo que era una recaudación propia de Patagonia Brokers, que era una sociedad del Estado que se quedaba con todas las comisiones de seguro y era bueno porque eso permitía que no era un tercero quien se quede con las mismas sino una empresa estatal”.
Recordó que “denunciamos que se rompió la estructura que rigió desde la creación de Patagonia Brokers hasta que pocos años atrás se incorpora el productor que no quiere mencionar en la audiencia, que es Torres García, que es un productor a nivel nacional que se queda con lo que debería ser de la provincia y evidentemente lo compartía con esta asociación ilícita investigada”.
Meza Evans afirmó ante la consulta de ADNSUR que aparecen otros tipos de aportes en la “caja negra”. “Aparece el tema del IPV que sabíamos que existía pero no existía una vía para llegar a ello. Su declaración es contundente y cuando se le consultó por la existencia de otras cajas esbozó una sonrisa y no quiso responder así que habrá que seguir sondeando”.
Respecto de las sospechas de que Correa no sería la cabeza de todo, manifestó que Lüters generó un relato verídico que pareciera que oculta otras cuestiones que a lo mejor aparezcan con el tiempo”.
“Puede declarar muchas veces más, podemos incorporar el tema de imputado colaborador”, añadió.
El ex secretario de la Unidad Gobernador Diego Lüters relató en una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson este viernes cómo fueron los pagos de “retornos de la obra pública”. En el marco de la causa “Revelación”, apuntó contra el ex secretario privado del gobernador, Diego Correa, y relató que con el certificado de orden de pago se llamaba al ex ministro de Economía Pablo Oca y que Correa cerraba el grifo y obligaba a empresas a tener que sentarse con él. Dijo que las reuniones con empresarios eran “en una oficina contigua a la de Correa” y aseguró que el ex secretario privado del gobernador tenía “colaboradores en Comodoro (y otras ciudades) para la recaudación”.
“Él (por Correa) con una clave y usuario me enviaba a mí muchas veces siete números que hacen a una orden de pago. Ahí se consultaba, se imprimía e ingresaba al despacho. Hasta ese momento era una tarea normal. No había nada extraño”, manifestó.
Aclaró que “después acá empieza lo que es la parte de lo que entiendo que eran los retornos que entregaban las empresas constructoras hacia Diego Correa”. Precisó que “una vez ingresado a la oficina encuentro un escritorio con demasiados papeles, carpetas, sin saber cómo ordenarlo y armarlo y me entrega a mí una cierta cantidad de cheques donde me pide que le haga otra planilla más. En esa planilla que armo con los cheques se mencionaban las empresas, el banco emisor del cheque, el monto, la fecha de vencimiento y por mi conocimiento bancario le ponía en otra celda si era para cobro por ventanilla o era para ser depositado en cuenta corriente”.
Relató que “tanto los cheques y las reuniones que mantenía con empresarios eran en una oficina contigua a la oficina de él, que está en el pasillo de los gobernadores”.
Lüters presentó “una copia de parte de los cheques que se recibían” y aclaró: “cuando digo lo de retornos y por qué me doy cuenta o él me dice que esto era de la obra pública es porque si bien los cheques eran todos emitidos para empresas constructoras era porque ya él necesitó que yo le vaya armando las diferentes planillas y me fue explicando un poco más cómo era el mecanismo. Por eso me mandaba constantemente mensajes de Whatsapp con números de órdenes de pago o me decía que iba a venir una persona X que era dueña de una empresa constructora y para que no quede registro en Casa de Gobierno en el ingreso por Vachina y Belgrano yo salga al pasillo y avise a los policías que iba a ingresar por la peatonal Fontana, por donde pueden ingresar sólo el gobernador y los funcionarios, para avisar que iba a ingresar alguien a ver a Diego Correa”.
Sobre una reunión mantenida con el empresario Patricio Musante, dijo que “él les comunicó que todo iba a seguir igual, que no iba a haber cambios en la metodología, que les entregaba su número de teléfono para que cualquiera que necesite lo empiece a llamar”.
“Entiendo yo ahora que es el retorno de la obra pública y que en esa reunión lo que transmite es que hablen con los empresarios para que se vuelva a fijar el sistema ya que iba a estar él, Diego Correa, a cargo de toda la operatoria”, agregó el exfuncionario detenido.
“Lo que se habló y termino ubicando en la planilla que mencioné es que se iba a cobrar el 3% para la obra vieja y el 5% para la obra nueva, lo que se subdividía en el 2,5% si era en efectivo y 3% si era cheque y un 4,5% en efectivo y un 5% si era obra nueva”, especificó y detalló que “obra nueva era lo que se iniciaba en este tercer mandato del gobernador” Das Neves.
“En Comodoro Rivadavia y Esquel tenía una suerte de colaboradores para la recaudación del efectivo o cheques que le entregaban las empresas que se hacían en la oficina contigua al pasillo de la privada del gobernador”, contó Lüters.
El exfuncionario dijo que “en algunas oportunidades cuando se iba el gobernador a las 14 o 15 horas (Correa) me pidió que vaya al despacho con su mochila o alguna bolsa y me pedía que saque lo que había ahí. Si bien en algunas oportunidades eran sobres, en otras era dinero en efectivo, que lo agarraba, lo guardaba, se lo llevaba a su oficina y se lo entregaba a él”.
“En la gran mayoría de los cheques aparecen las firmas de los choferes”, detalló y añadió que Correa “me pidió a mí y en alguna oportunidad accedí” pero “yo no era partícipe de ir a cobrar (los cheques). Él siempre decía que no importaba, que vaya y se cobren, lo que generó una especie de discusión con Diego”, añadió en su declaración.
“Como el flujo de gente que ingresaba y salía a la oficina del gobernador era bastante siempre me daba los cheques a mí y yo le decía a alguno de los choferes o al cadete que fueran, los mandaba por orden de Diego al Banco del Chubut, hacían el cobro por ventanilla y me traían el dinero en efectivo a mí. Yo simplemente lo guardaba en el cajón o en la famosa mochila”, relató Lüters y agregó que “cuando él quedaba solo en el despacho ingresaba y le entregaba el dinero”.
Sobre los montos de los cheques, mencionó que “él lo que les pedía a las empresas es que sean inferiores a $50 mil para que puedan ser cobrados por ventanilla. Si eran mayores a ese monto lo depositaba en la cuenta corriente de dos empresas de él. Si los cheques eran mayores a $50 mil “me pedía que le saque una fotocopia y que en la planilla se los marque y ponga que se los había entregado a Federico Piccione, de Comodoro Rivadavia)”.
“Al principio lo venía a ver a Diego como una amistad y al tiempo ya era más seguida su visita a Casa de Gobierno,aproximadamente una vez por semana”, sumó el ex funcionario de la Unidad Gobernador y aclaró que su trabajo “no era opinar ni decidir nada en Casa de Gobierno sino simplemente hacer lo que Diego me pedía”.
El caso es parte de las presuntas irregularidades en la adquisición de pasajes oficiales. La mujer pidió pasajes para su tratamiento. Iba a viajar junto con un acompañante. Nunca se los dieron pero luego encontró su nombre en el Boletín Oficial como si los hubiera recibido. Los cobraron en su lugar.
La Oficina Anticorrupción recibió nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades en la adquisición de pasajes oficiales y de los vuelos con el avión sanitario y de empresas privadas contratadas por ex funcionarios del Gobierno Provincial.
El fiscal adjunto de la OA, Mario Romeo, explicó que hasta el momento se tramitan tres causas diferentes donde está denunciado Diego Correa, el exsecretario del gobernador Mario Das Neves hoy detenido, y extitular de la Unidad Gobernador.
Una de las investigaciones se origina cuando una persona se presenta en la Oficina Anticorrupción asegurando que figura en el Boletín Oficial como receptora de pasajes de avión otorgados por el Gobierno provincial, pero que esto nunca ocurrió.
Según el relato de la denunciante, accidentalmente se encuentra en el Boletín Oficial Provincial cuando navegando por internet, ingresa su nombre y apellido para consultar sobre su lugar de votación y mesa correspondiente y allí encuentra un link relacionado a su identidad.
Nombre y apellido
Este link la direcciona al Boletín Oficial de Chubut, donde encuentra que se publicaba su nombre y apellido porque le habían sido otorgados unos pasajes aéreos para un control oncológico en la Ciudad de Buenos Aires cuando en realidad no los recibió.
La denunciante contó que sí tenía que hacerse el control médico y debía viajar junto a un acompañante. Por tal motivo se había presentado en el Ministerio de Coordinación de Gabinete a solicitar los pasajes porque tenía un turno predeterminado en la Ciudad de Buenos Aires.
Por tal motivo le hacen llevar todos los papeles respecto del turno y fotocopias del Documento de Identidad, para así poder iniciar el expediente. Pero según relató la denunciante esto nunca se concretó y no le dieron los pasajes.
Finalmente pudo viajar pero lo hizo en colectivo y con pasajes que le entregó la Municipalidad de Trelew.
Averiguaciones
Desde la Oficina Anticorrupción se hicieron las averiguaciones en la aerolínea como también en la empresa de transporte terrestre.
Esta última entregó copia de la hoja de ruta con todos los pasajeros: allí figuraban las dos personas que previamente habían solicitado los pasajes aéreos.
Para Romeo “es evidente que el fraude fue iniciar todo el expediente, librar la orden de pago y cobrar los pasajes”.
Para poder hacer esto se requirió también la participación de una agencia de turismo ubicada en Trelew. Es investigada ya que la orden de pago de los pasajes fue liberada para esa empresa.
En cuanto al procedimiento de la OA, Romeo explicó que cuando la señora se presentó en la Oficina y manifestó esto, se inició una actuación sumaria para determinar cómo se habían sucedido los hechos.
También se está investigando otro pago sospechoso de pasajes aéreos. Romeo contó que detectaron un importante sobreprecio en la adquisición de cuatro pasajes aéreos para el tramo Buenos Aires – Bariloche.
Los mismos fueron utilizados por el grupo musical 18 Kilates, contratados para la Fiesta de la Fruta Fina de El Hoyo, en enero de 2017.
Según describió Romeo, en ese momento el costo de los pasajes rondaba los $ 30.000 y la Provincia pagó por los mismos $ 56.000, dejando claramente en evidencia el sobreprecio. Resta aguardar el avance dela causa.
Las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre los viajes de su jefe Roberto Baratta, prolijas y detalladas, abrieron las puertas de un posible entramado de corrupción que funcionó durante los 12 años de gestión del kirchnerismo. Eso investiga la Justicia, monopoliza la actividad en los tribunales federales de Comodoro Py, y es una onda expansiva cuyo impacto para el sistema político y para la economía del país aún no se puede dimensionar.
En las últimas semanas, ex funcionarios y muchos de los principales empresarios de la Argentina reconocieron en la Justicia el cobro y el pago de dinero negro, y hasta el propio Mauricio Macri habló de un proceso que supera en rating a las series de Netflix.
Pero este esquema de retornos y licitaciones a dedo tiene sus ramificaciones, pequeños «Lava Jato» que revelan el sistema de poder y la vinculación entre políticos y empresarios. Un ejemplo de esto es la provincia de Chubut, donde la Justicia investiga las gestiones del fallecido ex gobernador Mario Das Neves y de Martín Buzzi; y detuvo a funcionarios del actual gobernador Mariano Arcioni y a empresarios vinculados con la obra pública.
En tres causas paralelas, denominadas como «emergencia climática», «el embrujo» y «revelaciones», que incluyen los delitos de administración fraudulenta, sobreprecios y asociación ilícita, están siendo investigados Diego Correa, cercano al fallecido Das Neves, y Diego Luthers, ambos secretarios de la Unidad Gobernador; el ex jefe de Gabinete Víctor Hugo Cisterna; el ex secretario privado Gonzalo Carpintero; y el ex ministro de Economía, Pablo Oca. Todos ellos están detenidos con prisión preventiva.
También se encuentran imputados y procesados Alberto Gilardino, ex ministro Coordinador de Gabinete; la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez.
La tanda más significativa de capturas tuvo lugar en mayo. Por orden del juez chubutense Sergio Piñeda, a requerimiento del fiscal Marcos Nápoli, también quedaron detenidos los empresarios Patricio Musante, titular de la Cámara de la Construcción de Chubut, y Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Federico Piccione, Esteban Torraca, y Oscar Peña, todos ellos también del rubro de la construcción.
El único de los empresarios que sigue detenido es Piccione, dueño de la empresa Nitens SRL y vicepresidente de la Cámara Constructora de Comodoro Rivadavia. «Está acusado de ser miembro de una asociación ilícita. Su función era recaudar cheques en Comodoro Rivadavia y acercárselos a Correa», aseguró a Infobae el fiscal Nápoli, que instruye en la causa «Revelaciones» junto a Héctor Iturrióz.
«Nosotros estamos investigando los delitos de cohecho, pago de coimas y asociación ilícita, y teniendo en cuenta el monto que los empresarios declararon pagar nosotros tenemos probado que se trata de una suma de 250 millones de pesos, que comprende el período de tiempo de dos años de la gestión Das Neves», reconoció Nápoli.
Similitudes con el expediente denominado «cuadernos de las coimas«
Uno de los empresarios que declaró como «arrepentido» frente al fiscal Carlos Stornelli fue Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Entre otras cosas, detalló cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos y confesó que pagó coimas. Habló, reconoció el delito, y se fue a su casa.
Como Wagner, Musante admitió el pago de «retornos» por la obra pública y describió cómo eran las presiones de la gestión Das Neves. Dijo, ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, que Diego Correa era el funcionario que fijaba los porcentajes del dinero negro. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el empresario declaró lo siguiente: «Me llamó Diego Correa. Yo estaba en Buenos Aires. Me pasó con Das Neves y acordamos que al día siguiente nos reuniríamos. Cuando entro a su oficina me dijo: ‘a Sudelco se le acabó la coronita. Tienen que aportar como todos, así que ahora a la platita la tenés que poner. Esto lo tenés que manejar con (Diego) Correa'».
El empresario habló, incriminó a funcionarios y quedó en libertad. No fue el único. Juan Salaberry (Arteco SA) y Esteban Torraca (Edisud SA) también reconocieron el pago de coimas. La defensa de los tres empresarios planteó la suspensión del juicio a prueba, lo que significa que podrían ser sobreseídos del delito si cumplen con determinadas condiciones.
Este proceso que se desarrolla en Chubut, ¿puede servir de antecedente para adelantar el futuro de los varios de los empresarios más importantes del país que se arrepintieron ante Bonadio y Stornelli, representantes de firmas como Techint, Electroingeniería, Iecsa, Isolux, EMEPA, o el grupo Roggio?
En esta línea, los tres empresarios de la construcción (los chubutenses Musante, Salaberry y Torraca) propusieron a modo de resarcimiento efectuar obras y reparaciones en establecimientos públicos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Gaiman. La Oficina Anticorrupción de Chubut y tres diputados del Frente para la Victoria, que forman parte de la querella, se oponen a esta posibilidad. El juez Piñeda fijará su postura en una audiencia que se desarrollará este viernes 24 de agosto.
«La pena por este tipo de delitos es de uno a seis años de prisión en suspenso y tienen el atenuante de carecer de antecedentes; y un recupero económico cuyo monto máximo es de 90 mil pesos, algo que no tiene sentido. Nosotros queremos recuperar el dinero de los empresarios, hablamos de un monto de más de un millón de pesos por cada empresario, según la capacidad de cada empresa», destacó ante la consulta de Infobae el fiscal Iturrióz. La Justicia tiene en la mira a más de una decena de empresarios.
«Un millón como mínimo para los empresarios chicos. Los grandes entre tres y cinco millones», agregó el funcionario judicial, y amplió: «Es diferente del proceso que sigue la justicia federal (en relación a la causa de los cuadernos) porque allí está la posibilidad de la figura del arrepentido colaborador, que reduce las penas de un tercio a la mitad y descarta la posibilidad del recupero económico», agregó el funcionario judicial.
Buzzi, Das Neves y Arcioni
La investigación judicial contra funcionarios y ex funcionarios de la administración provincial cobró fuerza cuando en un allanamiento en uno de los domicilios de Correa se secuestró un registro contable fraudulento que da cuenta de pagos y retornos de dinero negro vinculado a contratistas de obra pública, en donde se menciona, por ejemplo, al propio gobernador Arcioni y también a familiares de Das Neves (a mediados de mayo se allanaron propiedades de su viuda, Raquel Di Perna, y de su hija Mariví Das Neves).
Según los fiscales Parodi e Iturrioz, no solo se investigan los dos años de la última gestión Das Neves (2015-2017, hasta que murió), sino que también el gobierno de Martín Buzzi (2011-2015) y el actual de Mariano Arcioni. Sobre este último, el fiscal Iturrióz señaló: «La constitución veda el sometimiento a proceso del gobernador en curso, pero nada dice de que sea investigado».
Parodi, por su lado, amplió: «Apareció una planilla en donde el actual gobernador aparece cobrando un sobresueldo, pero no lo tenemos corroborado. Es más, tenemos datos de que a partir de su llegada se cortó el pago de las coimas».
Un dato de color u otra similitud con la investigación a nivel nacional: el particular punto de largada. Como la insólita aparición de los cuadernos de Centeno, en Chubut fue un caja anónima dejada en la Legislatura, con documentación sobre sobresueldos en el manejo de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del año pasado, lo que destapó otro esquema de corrupción vinculado a la función pública.
Oscar Peña, imputado en la causa «Revelación» por los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito, pidió declarar ayer ante los fiscales de la causa y lo hizo acompañado por su abogado, Javier Kadomoto.
El empresario de Esquel brindó una versión de los hechos muy parecida a la que describió en su momento quien fuera presidente de la Cámara de la Construcción en el Valle, Patricio Musante, al sostener que la situación de su empresa en la etapa en que acontecieron los hechos investigados «era catastrófica», lo que lo llevó a tener un pasivo de casi 80 millones de pesos, producto de los pagos que se veía presionado a realizar.
Sostuvo el empresario que entró en «una bicicleta con certificados, pagos y adelantos que le hacía el Banco», llegando a la situación de despedir a 200 empleados de Peña Construcciones.
Das Neves lo mandó a hablar con Cisterna
Según la declaración de Peña, en el verano de 2016 le planteó al gobernador Mario Das Neves la situación de ahogo financiero que padecía su empresa, y el mandatario lo mandó a hablar con el entonces ministro Coordinador, Víctor Cisterna (actualmente cumpliendo prisión preventiva por ésta misma causa).
Cisterna le habría dicho que tenía que pagar una coima del 5% de las nuevas obras, 3% por obras viejas o el 1,5% para destrabar los certificados. Y agregó Peña ante los fiscales que el entonces ministro lo derivó a hablar con Pablo Bastida, quien en la actualidad también cumple prisión preventiva domiciliaria sospechado de ser el «valijero».
Dando continuidad en su relato, Peña contó de aquel encuentro con Bastida que éste le indicó que debería mostrar voluntad de pago y empezar a aporar, en principio, 150 mil pesos. Reconoció Peña que empezó a pagar a la caja negra de la política con cheques, a falta de dinero en efectivo, y así logró destrabar los certificados.
El llamado de Correa
Coincidente con el relato de otros empresarios que también buscan el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, Peña relató además que, una vez que Cisterna dejó el Ministerio de Coordinación de Gabinete, recibió el llamado telefónico del subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.
Eso acontenció -según la declaración del empresario- en febrero de 2017, momento en que Correa le habría informado que el modus operandi se mantenía pese a la salida de Cisterna.
Con su declaración, Peña también se presentó como «víctima» de presiones de los funcionarios imputados, accediendo al pago de coimas para poder trabajar con su empresa constructora.
Logró así acceder a la audiencia que se realizará hoy en Rawson (lo hará por videoconferencia desde Esquel), donde se debería definir el pedido de «probation» de los empresarios Musante, Torraca y Salaberry.
Uno de los datos más resonantes de la causa El Embrujo fue el hallazgo de la obra en construcción de un edificio para consultorios médicos de alta complejidad en Rawson. Según la Unidad Anticorrupción, el emprendimiento serviría para lavar plata de origen clandestino, en el marco de una estrategia que lideraba el extitular de la Unidad Gobernador, Diego Correa. Cuando la presunta banda cayó, la obra se paralizó. Pero sus consecuencias aún se sienten en el vecindario.
En un primer momento, cuando aún trabajaban operarios, se reemplazó el paredón que separa el terreno con el patio de Gendarmería ya que se vino abajo. Se debió armar una improvisada división con tablones. En el otro terreno lindante se derrumbó parte del suelo, que se rellenó con cemento en esos días.
La semana pasada apareció un cráter de tres metros de profundidad que recorre todo el borde del terreno, propiedad de la familia Russo, y que dejó una construcción prácticamente suspendida en el aire. El problema es que no hay responsables de la construcción en libertad: están todos detenidos desde marzo.
Según la hipótesis de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, la construcción de los consultorios médicos en ese terreno de 1400 mts2, en Mitre 761, fue una maniobra de Correa para el “lavado de activos” que se obtenían a través de otras empresas a través de la firma Mezeta Consulting.
La pesquisa postuló que Correa y Diego Lüters usaban las empresas Dual Core y Sepat para obtener fondos públicos. Entre otras cosas, se usaron en abril de 2017 para comprar el terreno por $250 mil. Esa propiedad se transfirió a Mezeta Consulting en noviembre. Uno de sus accionistas era Federico Gatica, este último hoy detenido.
Cuando comenzaron los problemas de derrumbe en las propiedades vecinas al terreno, era Sandro Figueroa, también detenido, quien se acercaba a hablar porque se presentaba como encargado de la obra. Este circuito fue corroborado por los testimonios del encargado y el arquitecto de la empresa constructora.
