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La nota de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut envió una nota al Superior Tribunal de Justicia requiriéndolo.

«Que disponga las medidas organizativas y procesales -incluida la suspensión de plazos- tendientes a evitar consecuencias más negativas a las que estamos padeciendo», aclara la solicitud enviada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCH) al Superior Tribunal de Justicia, bajo la titularidad de Mario Vivas.

Por este motivo, los Magistrados solicitaron que se declare el «Estado de Emergencia Judicial».

«Para que los tribunales puedan resolver los casos que refieran a derechos fundamentales o a la previsible situación de inseguridad ciudadana, las magistradas/os y/o funcionarios/as deben contar con las condiciones laborales habituales a las que se suman las sanitarias y merecen, por ello, especial atención de su salud, incluso en la aplicación de los test de descarte, ya que necesariamente están en contacto con diversas personas y grupos sociales», puntualizaron.

La actividad minera es un desperdicio, tanto las asambleas como buena parte de la ciudadanía chubutense sostienen el rechazo a los proyectos mineros que impulsan empresas multinacionales.

En la provincia del Chubut hay debate social abierto hace décadas, lo ningunean, lo desprecian, lo anulan. Pero está ahí. Metió iniciativas populares. Los chubutenses están movilizados, fijan agendas, los pros y los antiminería están activos siempre.

El Estado provincial pelotea esa movilización social, como si fuera ajeno. Los argumentos -pro y antiminería tienen bases de ambos lados: ambientales y económicas.

En lo político, chocan contra la pared de una realidad transversal: no hay Estado que realmente garantice el nivel de control ambiental necesario para una actividad productiva segura.

La municipalidad de Comodoro Rivadavia es ejemplo de nada con su siglo petrolero.

La Meseta es ejemplo de nada, con su abandono histórico que excede a una actividad productiva y justamente habla del mismo Estado ausente que se sueña presente en controles.

Minería es una opción. ¿Hay otras? ¿Cómo se comparan?

Es importante resaltar que nadie cree que la minería traerá más empleo, solo dejará más miseria en la provincia.
Cuando los desastres ambientales arrasan ya es tarde para preguntarse nada…

Para contar los puestos laborales creados, la actividad local generada.

Tarde e irreversible.

Entonces: y si nos respondemos con sinceridad si ¿realmente pueden garantizar la Minería segura?

No pudimos comprar colchones en un desastre sin caer en prácticas corruptas
No pudimos mover barro de un barrio sin terminar en causa judicial.
No podemos controlar pos-ta una industria petrolera y sus impactos.
Hoy, no podemos garantizar sueldos de médicos y enfermeros al día.

¿Entonces cómo podrían garantizar la minería segura? La gran mentira.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Justicia del Chubut, planteó que habilitar al Poder Judicial a tomar un préstamo, no es más que otro endeudamiento del Estado provincial.

Según publica diario El Chubut, José Luis Ronconi opinó que “Todo lo que sea buscar soluciones, estamos de acuerdo, pero las soluciones deben ser para todos los trabajadores del Estado”.

Tras conocerse que el Ejecutivo apoyará con un proyecto de ley la posibilidad que la Justicia tome un crédito del Banco del Chubut por 300 millones de pesos, Ronconi planteó que no es más que tomar más deuda afectando a la Provincia.

“Es una ficción que se endeuda la Justicia, porque el Estado somos todos, a punto tal que se requiere aprobación de la aprobación de la Legislatura y la promulgación del Ejecutivo, o sea que el que se endeuda sigue siendo el Estado, el pagador es uno solo”, señaló.

La letra chica del reintegro del 50% que fue aprobado por el Congreso por medio de la ley de fomento al turismo no contempla a las plataformas extranjeras de búsqueda de alojamientos para viajeros como Booking, Airbnb o similares. El Estado sólo devolverá la mitad de todos los gastos que se hagan a través de las páginas web – o de forma presencial- de los hoteles, de los campings, los hostels, las agencias de viajes argentinas, entre ellas Despegar, las aerolíneas, los trenes y los micros de larga distancia así como todos los locales gastronómicos y las excursiones.

El objetivo del gobierno nacional es claro: fomentar el turismo interno, devastado por la pandemia, y evitar el mayor número de cierre de hoteles, agencias de viajes, centros turísticos y gastronómicos para que además de preservar las fuentes de empleo y mantener vivas muchas ciudades o pueblos, también en un futuro, cuando el turismo externo pueda regresar al país tenga dónde hacerlo y, así, reingresen los dólares que moviliza el sector y que necesita la Argentina.

En esa línea, el Ministerio de Turismo de la Nación excluyó a las plataformas de hospedaje extranjeras del beneficio, confirmaron a minutouno.com voceros de la cartera que conduce Matías Lammens. Y es que esas apps son mediadoras entre los propietarios de los departamentos, casas o cabañas y los turistas. Así, cobran los alojamientos en Argentina en dólares aunque el huésped lo pague en pesos. El valor está fijado con el recargo del 30% del impuesto PAÍS.

Por ejemplo, Airbnb tiene su empresa en la Argentina, pero se trata de una filial de la sede central radicada en la ciudad estadounidense de San Francisco. Lo mismo con Booking, cuya casa matriz está en Amsterdam. Todos los valores de los hospedajes que ofrecen por más que sean alojamientos argentinos y figuren en pesos en rigor están nominados en dólares y pasados a la moneda local con el recargo del 30%.

El dinero que paga un turista por una cabaña ofrecida a través de Airbnb en Bariloche, por ejemplo, lo retiene la empresa, lo gira a la casa matriz en Estados Unidos en dólares (dólares que vende el Banco Central, es decir, salen del sistema local) y luego les cobra la comisión y el resto se los deposita a los propietarios de esas viviendas (anfitriones) en cuentas en dólares en la Argentina, pero que no siempre quedan en el banco, sino que son retirados del mercado. Una pata de la famosa fuga de divisas.

En países sin problemas financieros ni monetarios o sin un mega endeudamiento como la que tiene la Argentina y que acaba de renegociar, esta operatoria no generaría ningún inconveniente, y estos buscadores de alojamiento no deberían ser materia de exclusión de la devolución del 50% que hará el Estado para reactivar el turismo.

Desde el Ministerio que lidera Lammens argumentan, además, que las plataformas extranjeras «no generan empleo directo como los hoteles o las agencias de viaje».

COMO ES EL REINTEGRO DEL 50%

El Estado devolverá a través del Banco Nación el 50% del total de los gastos que haga un turista para vacacionar por la Argentina en 2021. Para ello, deberá gestionar las compras hasta diciembre de este año. Es decir, se deberá comprar durante lo que resta de 2020 para viajar recién el año que viene.

Se pueden adquirir viajes para todo 2021 y el reintegro será la mitad de todo lo que se gaste en pasajes, hoteles, excursiones y gastronomía. No incluye consumos en supermercados porque tienen que ser gastos que ya se concreten este año para ser utilizados el próximo.

Este beneficio entrará a regir cuando la ley salga publicada en el Boletín Oficial, en unos quince días, proyectaron desde el Ministerio de Turismo de la Nación. En dos semanas, además, se comunicará formalmente el esquema para gestionar el reintegro.

Se diseñó una página web exclusivamente para las devoluciones, donde el turista deberá cargar cada una de las facturas que obtenga por las compras vinculadas con el turismo. Allí, en el sitio, «automáticamente el Banco Nación va a generar primero una billetera virtual para los que quieran utilizar ese instrumento, y luego una tarjeta de débito», precisaron voceros de Lammens y que impulsaron la norma.

Las compras que ya se hayan hecho en estos meses no tendrán el reintegro porque la norma no es retroactiva, es decir, sólo abarca a las transacciones turísticas que se realicen desde la promulgación de la ley y hasta el 31 de diciembre.

El 50% de los consumos que estarán en la billetera virtual o en el débito serán para utilizar exclusivamente en turismo durante 2021 y por el país. No contempla viajes al exterior. El Gobierno estimó que se devolverá unos 40.000 pesos promedio por persona o familia, en base a lo que se presume gastarán los argentinos el año que viene para visitar el territorio nacional ya sea por vacaciones, escapadas o paseos laborales.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que hay que «actuar con la ley para los vivos y los que delinquen y con el Estado para quienes necesiten respuestas habitacionales», en relación a la problemática de la toma de tierras.

«Es un tema relacionado al derecho de propiedad pero también es un tema social y se resuelve con la ley y con el Estado: hay que tener mirada integral y no creer en simplificaciones, porque es complejo», evaluó el funcionario.

En diálogo con radio Mitre, el ministro coordinador sostuvo sobre el tema que «no funciona pensar una sola solución» y criticó al Gobierno anterior, «que no hizo nada desde lo habitacional y entonces se profundizó un problema que viene históricamente».

«Esto se resuelve con viviendas sociales y lotes con servicios porque nadie se va de donde esté, por más precario que sea, a un lugar mucho más precario: hay una cuestión estructural y el Estado debe generar las políticas públicas, lo que no sucedió en los últimos cuatro años», agregó.

En ese sentido, señaló que el expresidente Mauricio Macri «había anunciado que iba a hacer viviendas y nada de eso pasó, otra promesa incumplida, y lo mismo la exgobernadora María Eugenia Vidal» y consideró «muy pobres» a las políticas públicas de la anterior administración en esa materia.

«En cuatro años no hicieron nada; hay gobiernos que se ocupan con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo»

«Es un tema estructural pero Macri y Vidal tienen responsabilidad porque en cuatro años no hicieron nada; hay gobiernos que se ocupan de ese problema con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo, lo que hizo que todo se deteriore», criticó Cafiero.

Por último, mencionó que la toma de tierras «en la provincia de Buenos Aires vienen del año pasado, la de Villa Mascardi lleva tres años y terminó con un muerto, que es lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal».

«Si simplificamos vamos a tener más Rafael Nahuel», concluyó, en referencia al joven que murió durante un operativo de Prefectura en un intento de desalojo de una toma, en noviembre de 2017.

La Asociación de Magistrados con apoyo del Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal denunciaron que el gobernador Mariano Arcioni no respondió al pedido de audiencia e informaron que el reclamo lo llevarán a los tres poderes del Estado nacional e incluso ante la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH dado que la circuntancias de Chubut afectan ‘al acceso a la justicia’.

Un fuerte comunicado de la Asociación de Magistrados denuncia el silencio del gobierno provincial ante el pedido de audiencia. «Ante la denostación institucional que representa la falta de respuesta del señor gobernador, Mariano Arcioni, al pedido formal de audiencia que realizará la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales para abordar el tema de la deuda salarial, con el apoyo y acompañamiento del STJ y los Ministerios Públicos, se ha resuelto trasladar el reclamo en forma conjunta a las autoridades nacionales de los tres poderes del estado».

Con este objetivo, «se realizarán gestiones comunes con los legisladores que representan a Chubut ante el Congreso de la Nación a fín de concretar una reunión con las Presidencias de ambas cámaras».

Además se expresó que «se apelará a los diversos Organismos Judiciales para que acompañen el reclamo respecto a la imperiosa necesidad de que el Gobierno Nacional auxilie a la provincia del Chubut, contribuyendo de ese modo a encauzar la crisis provincial y superar progresivamente la dura realidad que veníamos afrontando desde comienzos de 2018, cuya gravedad se profundizó este año».

En el orden internacional, «la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales se avanza en una presentación ante la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando las circunstancias que afectan directamente el acceso a la justicia la tutela judicial efectiva y la dependencia judicial».

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró hoy que el protocolo que presentó la ciudad de Buenos Aires para que los alumnos que perdieron continuidad pedagógica vuelvan a las escuelas no cumple el principal requisito, que es tener en cuenta la situación epidemiológica, y resaltó que es «el Estado es el que debe ir hacia los chicos y no exponerlos al regreso a las aulas».

«Lo que está claro, y yo se lo dije ayer a la ministra (de Educación porteña, Soledad Acuña) y al Gobierno de la Ciudad, es que el Estado debe ir hacia los chicos y no exponer al regreso a las aulas a un sector que tenemos que cuidar. Hay puntos del protocolo que no fueron cumplidos», explicó el funcionario nacional en diálogo con Radio con Vos.

Trotta sostuvo que «ni siquiera está determinado quiénes van a ser los estudiantes que se van a reflejar en esta política pública, ‘Conectáte a la Escuela'», y advirtió que «hay inconsistencias entre lo que se dice en los medios y lo que se presentó».

«Nosotros acordamos hace dos meses los mecanismos para el regreso a las clases y fue aprobado por las 23 provincias y la Ciudad. Ese protocolo indica que en cada distrito tiene que haber muy bajo nivel de contagios, que no es la realidad que transita la ciudad de Buenos Aires, que ayer tuvo 1.500 casos», precisó.

«Nosotros acordamos hace dos meses los mecanismos para el regreso a las clases y fue aprobado por las 23 provincias y la Ciudad. Ese protocolo indica que en cada distrito tiene que haber muy bajo nivel de contagios, que no es la realidad que transita la Ciudad»

Además, Trotta mencionó que se intentó regresar a las aulas en cuatro provincias, San Juan, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero, «y en dos de ellas tuvimos que retroceder por al situación epidemiológica».

«Queremos volver en la Ciudad a las aulas, sí, pero cuidando la salud y dando los pasos que permitan sostener el compromiso de todas las jurisdicciones de nuestro país desde que inicio la pandemia, que es cuidar a toda la comunidad educativa», aseguró.

Por otra parte, el titular de la cartera educativa nacional dijo que «hay un 10% de los estudiantes (en todo el país) que han tenido un nulo o muy bajo nivel de contacto con la escuela, son un millón de estudiantes, y lo que estamos haciendo con las jurisdicciones es desplegar distintas instancias para fortalecer el vinculo con cada uno, a partir del rol del maestro».

«Ellos ponen el foco en los 6.500 chicos de más vulnerabilidad, y es correcto, pero excede lo educativo y la conectividad. La Ciudad, las 23 provincias y el Gobierno nacional acordamos que había que tener baja circulación del virus para regresar, y el protocolo presentado no menciona los cuidados y del personal, es la posición del Consejo Federal de Educación, no del Ministerio de Educación», explicó Trotta.

Además, indicó que «no podemos negar la situación epidemiológica en la que estamos; comparto el impacto educativo, pero lo único que no se recupera no son los conocimientos, son las vidas».

Trotta mencionó que «en las cuatro jurisdicciones que estamos regresando, los sindicatos acompañan porque hay bajo nivel de circulación, por eso no entiendo cómo pueden dejar de lado a ese sector, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que San Juan o La Pampa, esto es día a día, y si camba la realidad, cambiamos las decisiones».

«Estamos en una pandemia y yo soy el más interesado en que vuelvas las clases, pero tengo la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, hijas y a nuestros maestros», enfatizó.

El mandatario volvió a defender su decisión de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet, al citar una publicación del secretario de Gobierno bonaerense, Federico Thea.

El presidente Alberto Fernández reiteró este domingo que el Estado debe «regular servicios públicos como tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y celulares para preservar los derechos de ciudadanos y proteger al usuario».

Desde Twitter, el mandatario volvió a defender su decisión de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet, al citar una publicación del secretario de Gobierno bonaerense, Federico Thea, quien calificó el rechazo a esa medida como «dogmático y corporativo».

 

«Lean con atención las observaciones de Thea. Es necesario que entendamos que el Estado debe regular servicios públicos como TIC’s y celulares para preservar los derechos de ciudadanos que necesitan acceder a los mismos. Proteger al usuario. De eso se trata», expresó el mandatario.

En su publicación, que también hizo en Twitter, Thea sostuvo que quienes creen en la política como «herramienta de transformación y, por ende, en el rol del Estado», tienen la «obligación» de defender la medida y «explicar una y mil veces su importancia y razonabilidad».

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, evaluó hoy que “es evidente que la pobreza y la indigencia están aumentando” en el marco de la pandemia de coronavirus, pero señaló que otros índices como «la salud, la educación y la red de apoyo del Estado, en parte, compensan esa situación».

Al hablar con radio La Red, Arroyo dijo que “la pobreza estaba en 38,4% en la medición que corresponde al último trimestre del año pasado y es obvio que ahora está por encima del 40%”.

Tras explicar que los datos de pobreza se actualizarán el mes próximo, Arroyo aseguró sin embargo que “el índice pone el acento en la inflación, pero no se condice con otros niveles que son importantes como la salud, la educación y la red de apoyo del Estado, que en parte compensan esa situación”.

La pobreza estaba en 38,4% en la medición que corresponde al último trimestre del año pasado y es obvio que ahora está por encima del 40%”

Por otro lado, el funcionario insistió en que «se analizan distintas alternativas» en relación a cómo continuará la asistencia del Estado actualmente centrada en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consiste en una suma mensual de $ 10.000.

En este sentido, subrayó que el hecho de que «9 millones de las 17 millones de familias» que hay en el país perciben actualmente el IFE da cuenta de «una situación social crítica», que precedía a la pandemia y que se agravó con la llegada del coronavirus.

Arroyo indicó que el Gobierno busca que el IFE se reconvierta y que apunte a tres objetivos: “La idea es vincularlo como un apoyo económico para el que empieza a trabajar, para el que tiene que capacitarse o para el que tenga que terminar la escuela secundaria”.

Por otro lado, en la entrevista que concedió esta mañana, fue consultado sobre los datos informados ayer por el Indec, que dan cuenta que los precios de los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria aumentaron 1,6% en julio último, con lo que grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos necesitó percibir ingresos por $ 18.321,51, para no caer en la indigencia.

El Indec informó además que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, también subió 1,6 % en julio, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 44.521,25 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

En sus declaraciones, el ministro evaluó que observa “un pequeño repunte de la actividad económica en las changas, en el sector informal” y manifestó que “las más afectadas por la falta de empleo son las mujeres jóvenes”.

En otro orden, dijo que “el 85% de las familias tiene deuda, y en los barrios hay un sistema de crédito diario, con préstamos personales a tasas brutales”.

En este sentido, recalcó que el Estado otorga créditos para la compra de herramientas para trabajadores para pequeños emprendimientos a una tasa del 3% anual, señaló Télam.

Se trata de un enfermero que atendió en la localidad de Garayalde a un camionero y ambos se encuentran en Trelew.

Matías Castiñeira, director Asociado Hospital de Trelew MP 3917, informó que el personal de salud contaba con el equipo adecuado de prevención pero suponen que se realizó algún descuido al momento de quitarse el traje.

Comunicó que cuando el enfermero comenzó a presentar síntomas decidieron trasladarlo al hospital y el hisopado dio positivo.

Ambos contagiados cuentan con síntomas leves y por el momento no precisan internación, entre los dos suman cuatro contactos estrechos.

Finalmente manifestó que los últimos casos que se registraron en la ciudad son de camioneros y que cuando pasan por Trelew y dan positivo se hacen cargo del paciente hasta que sea negativo, lo aíslan y le hacen un seguimiento para asegurar el control dentro de la ciudad.