Rodrigo San Martín, elegido por el gobernador de Chubut como interventor del Instituto de Seguridad Social y Seguros, aseguró que Ignacio Torres ya mantuvo conversaciones con funcionarios del Ministerio Público Fiscal en pos de investigar la posible comisión de delitos contra la administración durante la gestión anterior.
«Cuando se inició la intervención, el 29 de diciembre, lo primero que hicimos fue conformar un equipo, que realizó un informe de auditoría interna. Eso dio pie a la auditoría externa que hoy se está realizando. Lo que hay para remarcar es que se desmanteló el Departamento de Técnica, se iniciaron sumarios y se han suspendido dos personas«, reveló.
San Martín dijo que «durante el 2023 se gastaron 200 millones de pesos destinados a mantenimiento. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, para construir un lugar para tirar la basura en el camping de Playa Unión se han realizado por lo menos ocho pedidos de compra distintos, para eludir el proceso licitatorio que eso hubiera requerido. Eso ya te demuestra la picardía que hubo».
En diálogo con AzM Radio, reveló las irregularidades que se han ido detectando. «En noviembre hicieron una compra directa de vasos por un precio que duplica lo que costaría hoy. Hay un 100% de sobreprecio. Es muy amplio lo que estamos analizando y estamos metiéndole mucho ritmo», explicó.
Por eso, Torres ya se anticipó a hablar con funcionarios del MPF: «El Gobernador ya charló con gente de Fiscalía para ir adelantándole los informes de esta auditoría, que todavía está en curso. Calculo que está en un 75 por ciento. Esto empezó a destaparse en diciembre, cuando me traían cosas para autorizar y no cerraban las cuentas. Compraron dos alfombras de un metro que salían 900 mil pesos. Ni en la mejor casa de alfombras de Buenos Aires cuestan ese precio«.
A los frentes judiciales abiertos por el subsidio al transporte y por el descuento de la coparticipación, además de las demandas abiertas por el impacto de la eliminación del impuesto a las ganancias y la renegociación de los contratos de las represas hidroeléctricas, podría sumarse un nuevo frente judicial entre Chubut y Nación en los próximos días, si la Anses no regulariza su deuda con la caja de jubilaciones del ISSyS.
El nuevo frente de disputa de fondos surge a raíz del incumplimiento de la Ley 27.760 del año 2016, llamada de “Reparación histórica para jubilados y pensionados” que estableció un sistema de financiamiento del déficit de aquellas cajas que no fueron transferidas, a través del régimen de Amortización de Sistemas Previsionales Provinciales.
A través de este sistema, ANSES viene haciendo transferencias en 2022 y 2023 que involucran a las cajas de jubilaciones de provincias como Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Neuquén, Misiones, Formosa, Corrientes y La Pampa. Pero en este lapso, Chubut es la única que no ha cobrado nada.
Se pensó que con el convenio firmado hace dos meses y ratificado por la Legislatura en la última sesión extraordinaria, ANSES iba a depositar el dinero de manera inmediata la semana pasada.
Incluso lo mencionó a la Legislatura en su mensaje del viernes el gobernador Ignacio Torres, quien señaló “se logró la firma del convenio y acuerdo con ANSES para el pago del déficit reconocido por este último de los períodos 2017/2018, habilitando el cobro de 542 millones de pesos y así poder avanzar en el reclamo de los intereses correspondientes y también el reconocimiento del déficit de los periodos siguientes”.
Sin embargo, no hubo novedades, y en el gobierno lo atribuyen a la orden de corte de flujo a Chubut que se verificó con la medida de descontar los ingresos de Coparticipación para el cobro del Fondo Fiduciario, algo que fue judicializado y que motivó una fuerte polémica la semana pasada entre el presidente Javier Milei y el gobernador Torres.
Según pudo saber ADNSUR, desde el ISSyS se está trabajando en presentar un reclamo administrativo, y si no se logra una respuesta inmediata, todo indica que habría una nueva demanda del Fiscal de Estado de Chubut ante la Corte Suprema por incumplimiento.
De concretarse, sería la tercera demanda en poco tiempo, que se daría en medio de un aparente clima de diálogo convocado por el gobierno nacional, que llamó para este miércoles a los ministros de Economía de las 24 provincias para hablar del “alivio fiscal” y el viernes a todos los gobernadores con vistas al Pacto de Mayo convocado por el presidente en su discurso al Congreso.
La vocera de los jubilados provinciales en la zona cordillerana, Rosita Contrera, manifestó su acuerdo con la denuncia pública realizada la semana pasada por el vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna, en relación a presuntas irregularidades que durante 14 meses se produjeron en las transferencias de la Legislatura al Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), lo cual generó un perjuicio directo al organismo y damnificó a 161 jubilados legislativos.
Contrera, docente jubilada, le expresó a Menna su acuerdo con el reclamo y su preocupación por el tema en la última visita oficial que el vicegobernador realizó a Esquel, el viernes.
Cuestionamiento por aportes
La referente del sector recordó que, en ese sentido, habían sido enviadas cartas documento a los tres poderes del Estado a mediados de 2021.
En el caso del reclamo realizado en ese momento al Poder Legislativo, Contrera dio cuenta de una respuesta no satisfactoria que, a través de la Asesoría Legal, aseguró que la Legislatura no debía «realizar aportes y contribuciones en cuentas del ISSyS ni, mucho menos, verificar tal circunstancia».
No obstante, Contrera argumentó: «La legislatura tiene Presupuesto propio y debe liquidar haberes, por lo que debe hacer aportes y contribuciones por la propia ley».
En este contexto, enfatizó su acuerdo con la situación dada a conocer por Menna la semana pasada, ya que «nosotros ya habíamos interpelado al Instituto por la falta de aportes por parte de la Legislatura».
Por otra parte, Contrera le transmitió también a Menna el reclamo que, en el contexto de alta inflación, los jubilados hicieron de manera formal al Instituto la semana pasada para que el organismo adelante el pago del aumento del 3% que fue otorgado en noviembre a los activos provinciales, que además percibieron un 7% de incremento más un 3% en diciembre, y un retroactivo de noviembre.
Piden adelantar el pago
El mecanismo actual indica que ese incremento será percibido por los jubilados con los haberes de enero y febrero, por lo que le solicitaron al vicegobernador que realice las gestiones que estén a su alcance para adelantar el pago y, así, evitar una mayor pérdida ante la inflación.
En relación la detección de las irregularidades en las transferencias de la Legislatura al ISSyS, el sector de los jubilados se sumó a la preocupación por la situación que ya había advertido, además, el exdiputado provincial Fernando Urbano, que a fines de noviembre último había presentado dos notas en la Legislatura para reclamar información vinculada a las transferencias de fondos al ISSyS. También hizo lo propio, en ese momento, en el organismo provincial. El tema tomó notoriedad el martes de la semana pasada producto de la denuncia pública realizada por el vicegobernador Menna. En una conferencia de prensa realizada en el Auditorio de la Casa de las Leyes, describió el procedimiento irregular por el cual la caja provincial dejó de percibir más de 137 millones de pesos, generando un perjuicio directo al organismo y damnificando a 161 jubilados legislativos.
Fondo solidario
«Se logró establecer, en base a un trabajo de rastreo contable y legal, que desde septiembre de 2022 se había dejado de aportar y contribuir sobre un concepto que tienen los trabajadores de esta Legislatura, que es el denominado Fondo Solidario», mencionó Menna.
«El Convenio Colectivo de Legislatura establece que en los aumentos de sueldos que se determinen en base a la negociación paritaria, los importes del primer mes se destinan a la entidad sindical. Ahora, esa deducción siempre, porque lo manda la ley y porque así corresponde, contribuyó y aportó a la caja y a la obra social. En septiembre de 2022, en base a un dictamen legal, que no compartimos, dejó de hacerse esto. Es decir, se pasó a transferir el 100% de ese concepto a la entidad sindical, pero se dejó de destinar la parte que correspondía al Instituto. Y ahí fue generando, mes a mes, esta deuda», explicó.
Desde septiembre del 2022 no se depositó los aportes de los trabajadores de la Legislatura. Esto afecta a 161 jubilados. El vicegobernador de la provincia anunció que designaron a dos representantes del palacio legislativo para que dialoguen con el instituto con el fin de determinar el monto adeudado, cercano a los 140 millones de pesos, y cómo pagarlo.
Este martes por la mañana el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, llevó a cabo una conferencia de prensa en el Auditorio de la Legislatura.
«La convocatoria fue con el fin de exponer una presentación que se llevó a cabo en la Legislatura el 7 de diciembre, el penúltimo día de la dirigencia del Instituto de Seguridad Social y Seguros, en donde la entidad reclama una deuda con la caja en concepto de aportes y contribuciones previsionales de casi 137 millones de pesos, conceptos de aportes de contribuciones jubilatorias y de obra social que la Legislatura había dejado de hacer», dijo Menna.
«A raíz del rastreo se constató que desde el mes de septiembre del 2022 se había dejado de aportar y contribuir sobre un concepto de los trabajadores de la Legislatura que es el fondo solidario».
«El convenio colectivo de la Legislatura establece que los aumentos de sueldo que se determinen en base a las partidarias, ese primer incremento se destina al sindicato, a dicho fondo».
«Esa deducción aportó a la caja y a la obra social. En septiembre del 2022, en base a un dictamen, se dejó de hacer eso. Se pasó a transferir ese 100% a la entidad sindical, pero se dejó de destinar lo que correspondería a la caja».
«Yo charlé con el ex vicegobernador, Ricardo Sastre, y él no avaló esto. No hay ningún acto administrativo que convalidara esta decisión. Durante 14 meses la anterior conducción del ISSyS no se le debería haber escapado esta deuda y, llamativamente, el 4 de diciembre hay una primera manifestación de esto y el 7 hubo un dictamen legal».
«Esto compromete a la caja, las prestaciones de salud y un perjuicio para los 161 jubilados legislativos. Cada vez que había un aumento, al no estar reflejados los aportes, ellos en ese mes no cobraban la parte proporcional, en función de la movilidad jubilatoria, de esos incrementos»
Durante el mes de enero, se emitió un dictamen para que se deje este procedimiento «irregular e ilegal de no hacer aportes» y se designó dos representantes de Legislatura para que, con dos representantes del instituto, determinen la deuda, cómo pagarla y quién lo tiene que hacer.
«Es un hecho grave, contrario a todo lo que manifestamos de la defensa de la caja jubilatoria», concluyó Menna.
Después de conocerse hace pocos días una resolución del Instituto designando al actual ministro de Gobierno en el cargo, el propio directorio firmó otra este viernes revocando aquella designación.
El Directorio del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de Chubut firmó este viernes la Resolución N° 1646/23 mediante la cual revocó la designación de Cristian Ayala como gerente general del Instituto (que tiene en su órbita la obra social de los empleados estatales, Seros), que iba a hacerse efectiva a partir del día en que el todavía ministro de Gobierno dejara la función pública, es decir, el próximo 10 de diciembre.
Esta nueva decisión del Directorio dejó sin efecto una anterior, la Resolución N° 806/2023, que estuvo guardada bajo siete llaves desde mayo pasado cuando fue firmada por los mismos directores que ahora echaron a Ayala antes de asumir: Alfredo Prior, presidente del ISSyS; y los vocales Sara Gianardo, Jorge Vecchio y María Ester Rain.
¿Por qué el mismo Directorio que lo designó a Ayala siete meses antes de asumir ahora lo deja fuera del cargo? Se explica en el fuerte cuestionamiento que hizo la jueza de Cámara de Trelew, Florencia Cordón Ferrando, que esta semana hizo lugar a un amparo presentado por el APISSyS, el sindicato de trabajadores del ISSyS, que había denunciado que la designación del ministro Ayala al frente del Instituto violaba reglamentaciones internas del organismo.
En la Resolución del Directorio firmada este viernes se hace mención a esas inconsistencias: «En virtud de las consideraciones públicas sobre la misma, resulta necesario revisar la modificación del Estatuto y mencionada designación», reza el texto.
«El Directorio considera que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, corresponde revocar el acto en cuestión», luego de que haya tomado intervención la Dirección de Asesoría Legal del ISSyS, agrega la Resolución del Directorio.
Asimismo, aclaran que los integrantes de la conducción del ISSyS y de Seros «se encuentran facultados para tomar las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de las misiones y funciones de la Institución».
Este viernes, varias fuentes consultadas coincidieron en afirmar que la revocación de la designación, a pesar de que era lo esperado por el gremio y también por la Justicia que intervino al hacer lugar al amparo, no deja de constituir una desprolijidad que podría causar más consecuencias que la que tuvo que pagar el ministro Ayala, impulsor de su designación en acuerdo con el Directorio.
De cualquier modo, Ayala podrá reintegrarse a Seros una vez que deje de ser ministro dentro de tres semanas, ya que tiene un cargo de planta desde el año 2012.
Mediante Resolución 1646/2023, el Instituto de Seguridad Social y Seguros dejó sin efecto ayer la designación del actual ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, como gerente general de la entidad pública.
La misma señala que en virtud de la continuidad del funcionario como titular de la cartera de Gobierno y Justicia del gobernador Mariano Arcioni, no asumió el cargo designado por ese acto administrativo en el Issys. Ante ello, la resolución invita a «revisar la modificación del estatuto y la mencionada designación».
En tanto, desde el Directorio del Instituto de Seguridad Social y Seguros, consideran que «por razones de oportunidad, mérito y conveniencia corresponde revocar el acto en cuestión», en un escrito donde se deja justificado el proceder, la facultad y la envestidura del directorio de la obra social para «tomar las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de las Misiones y Funciones de la Institución.
Como había sido su designación
Con la Resolución Nº 806, se informaba que una vez que Ayala dejara de cumplir funciones como ministro de Gobierno y Justicia, asumiría en la Gerencia General del Instituto de Seguridad Social y Seguros (Issys). La nota, en aquella oportunidad, incluía las firmas de autoridades y vocales de la entidad pública, y establecía la designación del actual ministro de Gobierno como Gerente General del organismo.
Sin embargo, en las últimas horas, el directorio del Issys revocó el nombramiento del funcionario público, producto de «las consideraciones públicas» esgrimidas hace algunas semanas.
Para justificar la revocatoria de Ayala, el director del Instituto de Seguridad Social y Seguros argumentó el uso de sus facultades para «tomar las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de las misiones y funciones de la institución».
Repudio de gremios y de jubilación
La designación de Ayala -hoy revocada-, había despertado cuestionamientos de distintos sectores. Por ejemplo, la integrante de la agrupación de Jubilados Independientes de Chubut, Rosa Contreras, rechazó el nombramiento del funcionario.
Había señalado que «no nos sorprende absolutamente nada. El ministro Ayala, dicho por él, es empleado del instituto y cobra como tal desde el 9 de diciembre del 2019, según el Boletín Oficial.
Eso está prohibido por ley. Todo lo que ingresa al instituto, que es el aporte de los trabajadores y de la patronal, puede ser destinado únicamente al pago de todas las cuestiones previsionales y de la obra social, y los gastos que demande esa administración. El ministro no está administrando nada en el instituto», criticó.
«Mencionaron que Ayala cobra el sueldo del instituto como empleado, pero ahora siendo ministro lo ascienden a Gerente General. Lo que nos preocupa es la impunidad total, porque no hay caso más raro que a vos te asciendan cuando estás haciendo otra cosa», complementó.
Por otra parte, también el Frente de Jubilados Retirados y Pensionados de Chubut rechazó por «ilegal e improcedente» el intento.
Ayala «fue contratado antes del 2015 por quienes eran vocales de afiliados de activos y pasivos y en marzo de ese año en un trámite violatorio del estatuto de empleados del organismo fue nombrado no precisamente en un cargo de ingresante en la planta permanente, sino en uno de mayor jerarquía, lo que motivó que los empleados lo denunciaran ante la Secretaría de Trabajo».
También algunos gremios estatales habían evaluado realizar una manifestación hasta las dependencias del Issys para repudiar la medida impulsada por el directorio, que finalmente quedó sin efecto.
El secretario general de la Asociación del Personal del Instituto de Seguridad Social y Seguros (Apissys), Nazareno Barceló, envió una nota al ministro de Gobierno de Chubut, Cristian Ayala, con el fin de solicitar una reunión para darle tratamiento a distintos puntos de cara a la asignación del funcionario como gerente del Instituto de Seguridad Social y Seguros.
El representante de la entidad gremial solicitó una reunión con el funcionario para tratar distintos puntos y así evitar «conflictos innecesarios y poder llegar a un acuerdo entre las partes». En la nota, que lleva la firma de Barceló, figuran los siguientes puntos a tratar, solicitado en septiembre pasado, en un primer punto: «Aprobación del proyecto estatuto escalafón», que involucra: «Garantizar el derecho a defensa. (reglamento sumarial), Presentismo y puntualidad, Aumento cálculo de antigüedad de 2,5% a 4%, Adicional por permanencia en el cargo, Modificación de la reglamentación de los concursos, Homologación del estatuto entre partes, Incorporación del gerente a personal comprendido».
El segundo punto plantea la «Participación activa de Apissys en el armado y desarrollo de los concursos para ascensos de la carrera administrativa 2023», destacando que: «Se crea un comité para desarrollar los concursos sin participación del sindicato» y «Se desconocen por completo las categorías a rendir y las condiciones para hacerlo».
A través de un documento dirigido al directorio del ISSyS, Alfredo Pior, Jorge Vecchio, Sara Gianardo y María Ester Raín, ATECH se sumó al repudio de la designación de Ayala como Gerente General. Piden anular el nombramiento.
«Por la presente nos dirigimos a ustedes para expresar nuestro rechazo al nombramiento del actual ministro de gobierno, abogado Cristian Ayala al cargo de gerente de nuestro Instituto de Seguridad Social y Seguros.
Al concluir su mandato, el gobierno de Arcioni deja un balance absolutamente negativo para los derechos de las y los chubutenses: la salud y la educación y los derechos de quienes las sostenemos, han sido atacados sistemática y profundamente por el constante ajuste presupuestario que este gobierno lleva adelante. Para sostenerlo pusieron en práctica toda clase de maniobras, incluyendo medidas ilegales, campañas de prensa para encubrir o distorsionar la realidad, incumplimientos a sus obligaciones legales, criminalización de la protesta y represión explícita.
Algunos de los funcionarios que implementaron esta política son hoy apenas un triste recuerdo, mientras la lucha de trabajadores y trabajadoras los echó del gobierno, otros van obteniendo premios «por los servicios prestados».
Cristian Ayala, primero desde la secretaría de trabajo, y actualmente desde el Ministerio de Gobierno y Justicia, es parte de lo peor de este gobierno.
Cobra ilegalmente desde 2015 el salario que le pagamos las y los trabajadores como empleado del ISSYS, bastante más jugoso que el que le correspondería como ministro. Desde sus cargos se dedica combatir las organizaciones sindicales (que antes asesoró) para garantizar que siga adelante la política de ajuste, saqueo y negocios privados de Arcioni y sus ministros.
Ustedes, que como directorio del ISSYS debieran defender el patrimonio y los intereses de miles de trabajadoras/es y sus familias, acaban de premiar con un ascenso al abogado que alguna vez defendió los intereses de los trabajadores, y desde hace años usa sus conocimientos de los sindicatos para quitar derechos.
El ISSYS – SEROS no les pertenece, ni a ustedes ni al gobierno. A pocas semanas de terminar su mandato, otro funcionario de este repudiado gobierno consigue un nombramiento escandaloso, esta vez fuera del gobierno, con la plata de los trabajadores. No avalamos esta nefasta decisión.
Por estas razones, y en beneficio de los y las legítimas propietarias del IsSYS, a quienes ustedes debieran representar, les exigimos anular el nombramiento de Cristian Ayala como gerente del ISSYS. Sin más que agregar, nos despedimos de ustedes atte.
Cristian Ayala, actual Ministro de Gobierno y Justicia, fue designado como Gerente General del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), a través de la resolución Nº 806, fechada el 31 de mayo , firmada por el Presidente del instituto y miembros del directorio.
“No nos sorprende absolutamente nada” El ministro Ayala, dicho por él, es empleado del instituto y cobra como tal desde el 9 de diciembre del 2019, según el Boletín Oficial. Eso está prohibido por la ley. Todo lo que ingresa al instituto que es el aporte de los trabajadores y de la patrona puede ser destinado únicamente al pago de todas las cuestiones previsionales y de la obra social y los gastos que demanden esa administración. El ministro no está administrando nada en el Instituto”.
“Esta salvajada jurídica que se ha mandado el propio ministro, porque como estaba en Legales, es probable que esa resolución que han hecho en el 2019 donde le van a pagar el salario, la haya escrito él mismo, porque es tan burdo… escrito por el propio presidente del instituto, no encontraron una figura y como era de tanta responsabilidad el cargo del ministro lo adscribieron. Un ministro adscripto desde el ISSyS”.
“Han mencionado que Cristian Ayala cobra el sueldo del instituto como empleado, pero ahora siendo ministro lo ascienden a Gerente General. Lo que nos preocupa a nosotros es la impunidad total, porque no hay caso más raro que a vos te asciendan cuando estás haciendo otra cosa. Si no hiciste mérito en tu laburo…”.
“No es lo mismo ser un J3 dentro del instituto a ser el Gerente General. La figura de Gerente General existía, pero lo que han creado es otra para que lo supla. La resolución dice que se crea el cargo de Subgerente General, o sea que hay otra persona que está en el instituto que cumple esa función y desde mayo se da un ascenso, no habiendo realizado mérito para ese ascenso”.
“Esto nosotros lo habíamos denunciado en marzo, ni bien sale el decreto del gobernador Arcioni, y donde admite Ayala que es así, que cobra por el instituto. Denunciamos en el Ministerio Público Fiscal de Esquel con los testimonios que teníamos. No obstante, nos presentamos con Cohen Arazi, otro jubilado, denunciando la situación. Nos derivaron a Rawson. En Rawson nos dijeron que corresponde hacerlo en la fiscalía Anticorrupción de Trelew. Allí nos tomaron la causa, solicitamos una audiencia y nos dijeron que habían mandado los correspondientes oficios y que estaban en proceso de investigación y hasta ahora, no ha habido noticias. Por lo menos que nos digan ‘no corresponde’ o que nos digan qué pasó”.
Ayala es “un ministro que habla negativamente de los dirigentes sindicales de los trabajadores, diciendo que llevan notitas y él se aumenta el sueldo por un acuerdo con el directorio del ISSyS. Ayala cobra cerca de los 2 millones de pesos, ¿Por qué no cobra como ministro? Yo creo que le debe dar bronca hasta a los otros ministros. Entras a la página de sueldos y te das cuenta de que cobra más que otros ministros”.
“El fiscal Anticorrupción podría investigar un montón de cosas, pero está parado. Son muy altos los sueldos del ISSyS. Hay jubilaciones de 2,5 millones de pesos”.
“Ayala es el mismo que le niega a los sindicalistas que le piden que le paguen a los jubilados el aumento de salud desde el mes de febrero. Quizás no se le puede pagar el aumento a los jubilados porque ese dinero se va en su salario. Me preocupa la situación de impunidad”.
“Conocemos casos de gente que pasan años sin recategorizarse, una categoría más significa aumento de salario. Este señor no importa que no esté trabajando en el cargo. Está haciendo otro e igual lo ascienden”.
Rosa Conteras concluyó que Ayala “se crea un nuevo cargo desde su situación de poder. Institucionalmente es gravísimo. Yo me pregunto por qué perdura intervenido el ISSyS”.
Una vez que deje sus funciones como ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala, asumiría en la Gerencia General del Instituto de Seguridad Social y Seguros (Issys), de acuerdo a la Resolución 806, fechada el 31 de mayo del presente año. La nota, que incluye las firmas de autoridades y vocales del Issys, autorizó la designación del actual ministro de Gobierno como Gerente General del organismo, que «adquirirá a partir de la presente estabilidad en dicho cargo, mientras dure su buena conducta».
Ayala ya fue designado como Gerente General del Issys
El escrito, en otro de los apartados, dejó establecido que el agente «asumirá en el cargo cuando cese su actual designación como ministro de Gobierno y Justicia, o hasta que el gobernador disponga».
En el Artículo segundo de la resolución, queda fijado que el mencionado «adquirirá estabilidad en el cargo desde su designación por el Honorable Directorio y no podrá ser removido del cargo mientras dure su buena conducta».
Además, «designará una persona que ocupará el cargo de subgerente y será su reemplazante en caso de ausencia temporaria por más de 15 días, y también estabilidad en los mismos términos que el Gerente General, percibiendo una asignación equivalente al 75% de la remuneración» que establece ese cargo.
La designación sucede porque, a criterio del instituto, el mencionado reúne «el conocimiento» que exige ocupar ese cargo. También está interiorizado sobre el «funcionamiento, organización y marco legal que rige la institución para la mejor prosecución de los fines y objetivos» del organismo. Además, reza la resolución, «la modernización de la administración» del ente «exige el fortalecimiento de los procesos de control interno institucional, y coordinación de los distintos estamentos y en el marco de la normativa legal y técnica establecida».
Y por todo ello, resulta importante «aumentar la eficiencia y calidad de la gestión pública, estableciendo ciertas normas para fortalecer los objetivos, metas y acciones».
