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El diputado nacional por Chubut de Juntos por el Cambio indicó que elevó el mismo a la Cámara de Diputados para suspender las retenciones al petróleo desde Nación cuando el precio internacional del barril de crudo, como ocurre actualmente, esté por debajo de los 45 dólares.

“El objetivo de la iniciativa es evitar que los ingresos de las provincias productoras -entre ellas Chubut- caigan más, sostener la inversión en el sector, así como defender el empleo de las PyMEs regionales y el trabajo de miles de trabajadores petroleros”, expresó a través de su cuenta de Twitter el legislador Gustavo Menna.

Y agregó que “por la pandemia del coronavirus y los conflictos geopolíticos y comerciales en la OPEP, la tendencia del precio es a la baja, por lo que resulta imperioso tomar medidas para recuperar parte del precio perdido por el petróleo”.

Menna ilustró sus posteos con la imagen de la sanción, que reza: “El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, sancionan con fuerza de Ley: Artículo 1°: Suspéndase en relación a la exportación de hidrocarburos, los derechos de exportación establecidos por el artículo 52 de la Ley 27.541 en los decretos 1.126/17; 486/2018; 793/2018 y 37/2019. Artículo 2°: La suspensión dispuesta por el artículo precedente, quedará sin efecto en pleno derecho en caso de que el precio del barril de petróleo crudo Brent, supere los U$S 45. Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo”.

Más detalles

El diputado nacional de Chubut por el Interbloque UCR-Juntos por el Cambio Gustavo Menna elaboró un proyecto de ley que tiene como objetivos evitar que los ingresos de las provincias productoras, entre ellas Chubut, caigan más; sostener la inversión en el sector, así como defender el empleo en las Pymes regionales y el empleo de miles de trabajadores petroleros. Se trata de la suspensión de las retenciones al petróleo cuando el precio internacional del barril, como ocurre actualmente, esté por debajo de los 45 dólares.

El proyecto, presentado este jueves en la Cámara de Diputados del Congreso, cuenta con el acompañamiento de los legisladores patagónicos Ignacio Torres (Chubut), los neuquinos Francisco Sánchez y David Schlereth; Lorena Matzen (Río Negro), Héctor Stefani (Tierra del Fuego) y Roxana Reyes (Santa Cruz).

El proyecto cuenta también con la firma del diputado Alfredo Cornejo, quien es presidente del Comité Nacional de la UCR y se desempeñó como gobernador de Mendoza hasta diciembre pasado.

Además, tiene el acompañamiento de los diputados mendocinos Omar de Marchi, Jimena Latorre y Federico Zamarbide.

En la fundamentación del proyecto, Menna repasó que, a raíz del inicio de la pandemia del coronavirus y de las disputas geopolíticas y comerciales en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), “el precio del petróleo ha experimentado un brusco descenso, pasando de u$s 68,44 el barril del Brent a fines del año pasado, a u$s 26 en la actualidad”.

Agregó en este contexto que la tendencia es a la baja, ya que “las restricciones impuestas por los gobiernos a la circulación de personas y bienes para conjurar una diseminación aún mayor del virus, ha provocado una caída en la demanda de hidrocarburos y sus derivados”.

“Esta situación -agregó Menna- plantea a su vez serias dificultades para la producción nacional de hidrocarburos, habida cuenta que el precio del barril es determinante para las decisiones de inversión en las distintas cuencas” de la Argentina.

Agregó el legislador radical chubutense que “esto conlleva un riesgo cierto para la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector, y para cientos de pequeñas y medianas empresas de carácter regional que desarrollan sus labores como contratistas de las compañías operadoras y concesionarias de los yacimientos”.

Además afecta a la producción, debido a que “la menor inversión en perforación dará lugar en el mediano plazo a una declinación en la producción”, como consecuencia de que “muchas cuencas son maduras y demandan un constante aporte de nuevos pozos productores para sostener los mismos niveles de producción”.

De manera lógica, añadió, toda esta situación “repercute en los ingresos de las provincias productoras”, entre ellas Chubut, que ya vive una profunda crisis desde mediados del año pasado. Es que los “respectivos presupuestos” de las provincias productivas “contemplan como uno de sus principales fuentes de financiación a las regalías hidrocarburíferas”, precisó.

De esta manera, el escenario “genera un doble perjuicio para las cuentas públicas de los Estados provinciales productores: menor recaudación de regalías por computarse sobre un precio del barril del petróleo crudo más bajo, pero además menores ingresos por caída neta de la producción”.

Así, dijo Menna, más allá de “medidas adicionales que podrían considerarse en orden a establecer un precio sostén para el petróleo crudo tal como aconteció con el denominado ‘barril criollo’, corresponde avanzar en la suspensión de los derechos de exportación a los fines de, cuanto menos, recuperar parte del precio perdido, toda vez que está claro que al momento de la aprobación legislativa de tales tributos el precio del crudo era de unos u$s 40 por barril más elevado que en la actualidad”.

Por ello, el proyecto, resumió, “propicia dejar en suspenso el tributo de mención en tanto y en cuanto el precio del barril Brent no supere los u$s 45, recobrando su vigencia en caso de superar esa marca”, publicó El Comodorense.

El personal de la División Drogas Trelew, el día de ayer 19 de marzo siendo las 21:30 hs, llevo a cabo dos diligencias de allanamiento otorgadas por el Juzgado Federal de Rawson, a cargo del Dr. Lleral Guillermo Gustavo.

Durante el allanamiento se pudo comprobar que la empleada del concejal radical Rubén Cáceres, del honorable Concejo Deliberante de Trelew y Presidenta de la Juventud Radical Chubut, Videla Maira, formaba parte de quienes suministraban los estupefacientes (marihuana, cocaína y dietilamida de ácido lisérgico) para su comercialización a los jóvenes Milan Brian, Cortez Lucas y Duhalde Luciano, quienes fueron detenidos el pasado 12 de febrero del presente año.

Como resultado de las diligencias se secuestraron: 175 dosis de cannabis sativa (marihuana) fraccionados para el comercio, sustancias para estiramiento de cocaina, cuatro teléfonos celulares, 9.130 pesos en efectivo y anotaciones.

Conforme disposición del magistrado interviniente, de acuerdo a cuestiones inherentes al covid-19, solamente se notificó a los imputados, fijándose ciertas cláusulas.

Se contó con la colaboración del GEOP para la irrupción de las moradas y de personal de CANES para la seguridad exterior del domicilio del barrio oeste.

El legislador nacional chubutense lo solicitó a través de un proyecto presentado este miércoles en el Congreso. El plazo de inscripción y reinscripción previsto es el 31 de Marzo, día hasta el cual estarán vigentes las medidas tomadas por la pandemia. Y observó de manera especial la situación de Chubut como “caso extremo”.

Como parte de las iniciativas que ha impulsado para mitigar los efectos de las medidas de prevención del contagio del coronavirus, el diputado nacional de Chubut Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) presentó en el Congreso un proyecto para pedirle al Gobierno Nacional que prorrogue la fecha de inscripción a las Becas Progresar, dirigidas a la inclusión social y laboral de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

El Proyecto de Resolución de Menna contó con acompañamiento de sus pares José Riccardo (UCR, San Luis), Gabriela Lena (UCR, Entre Ríos), Roxana Reyes (UCR, Santa Cruz), Estela Regidor (UCR, Corrientes) y Lidia Ascárate (UCR, Tucumán).

Cabe recordar que la semana pasada Menna presentó un proyecto de Ley para eximir del impuesto del 30% por las compras con tarjetas de débito y crédito, y retiros de efectivo en el exterior, a los argentinos impedidos de regresar al país por la suspensión temporaria de vuelos determinada por el Estado Nacional.

En este caso, la iniciativa tiene en cuenta la suspensión de clases dispuestas por el Gobierno Nacional por la pandemia, y las medidas consecuentes tomadas por los Gobiernos de las provincias, entre ellas Chubut en la que, además, persisten las medidas de fuerza de los docentes por las demoras de varias semanas en los pagos de sueldos, entre otros aspectos.

En el proyecto, Menna repasó que el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar), creado mediante Decreto N° 84/2014”, tiene como finalidad “generar nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a los jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de acciones integradas que permitan su capacitación e inserción laboral”, y que el mismo “establece anualmente los requisitos y plazos a cumplimentar por aquellos alumnos que deseen acceder a los beneficios que otorgan las distintas líneas”.

En este sentido, indicó que las resoluciones gubernamentales respectivas “determinan que el período de inscripción para las Líneas ‘Fomento de la educación superior’, ‘Finalización de la educación obligatoria’, Becas para el Fomento de la Educación Superior Programa Nacional de Formación de Enfermería (Pronafe), así como el de reinscripción para la Línea Becas Formación Docente de los alumnos avanzados que fueron beneficiarios de esta línea durante 2019, deberá llevarse a cabo entre el 1º y el 31 de marzo de 2020”.

Agregó Menna que “entre las condiciones exigidas para acceder al Programa está la necesidad de certificar la asistencia a una institución educativa debidamente acreditada, mediante un formulario de inscripción firmado por la autoridad escolar del establecimiento, un certificado de alumno regular o, en el caso de estudiantes avanzados, corroborando que aprobaron más del 50% de las materias del año anterior previstas en el plan de estudios”, lo cual incluye la presencia a exámenes pendientes de 2019.

Sin embargo, observó el legislador, “estas actividades se verán interrumpidas o impedidas en razón de las medidas de aislamiento y contención decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional para impedir la propagación de casos del nuevo coronavirus”.

Ante ello, son claras, dijo Menna, las “dificultades que enfrentarán los estudiantes de los distintos niveles que deseen obtener las certificaciones requeridas a fin de cumplir en tiempo y forma con lo exigido legalmente para la obtención de las becas Progresar”.

Por ello, se “justifica ampliamente una prórroga en los plazos de inscripción, ya que en la mayoría de los casos no podrán tramitar los certificados necesarios por falta de personal o de capacidad de los propios organismos del Estado para llevar a cabo las solicitudes”.

El caso Chubut

Menna hizo especial mención de Chubut, donde “la imposibilidad de cumplir con el requisito de presentación de las certificaciones por parte de los alumnos de los Institutos de Formación Docente -por ejemplo-, se ha tornado absoluta, debido a una serie de hechos ajenos a la voluntad de los jóvenes beneficiarios de las becas”.

Repasó, así, que “durante 2019, los empleados estatales, incluidos docentes y no docentes de todos los niveles, vieron seriamente afectado el cobro de sus salarios en tiempo y forma, percibiendo sus haberes a destiempo y por rangos escalonados en virtud del descalabro de las cuentas públicas y del endeudamiento desmedido originado en la deficiente administración del Gobierno Provincial”.

“Esta circunstancia provocó la adopción de medidas de fuerza y suspensión de actividades por parte de los trabajadores del Estado, generando una paralización temporaria y retardo en los plazos del sistema educativo chubutense”, describió.

Ante ello, “el ciclo lectivo no pudo ser concluido con el cierre de notas de toda la currícula de los Institutos de Formación Docente de la provincia, implicando la extensión de la cursada de forma presencial o virtual hasta el 31 de marzo de 2020, con el objetivo de lograr el cierre definitivo de materias”.

Si se suman “las nuevas disposiciones referidas a la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar la propagación del coronavirus, los alumnos que asisten a los Institutos de Formación Docente de la provincia del Chubut, nunca podrán cumplimentar los requisitos exigidos para ser beneficiarios de las becas Progresar antes del 31 de marzo de 2020”, mencionó.

Por eso, concluyó, tomando el caso de Chubut “como un extremo, pero que no por ello debe ser menos atendido” se solicitó “el acompañamiento al proyecto, afirmando que el cumplimiento de disposiciones fundamentales para la preservación de la salud de todos los argentinos o cualquier otro tipo de medidas ajenas a los jóvenes beneficiarios del Programa de Becas Progresar, como huelgas, paros o suspensiones, no puede vulnerar los derechos de los estudiantes, siendo ineludible la prórroga de los plazos, para garantizar la igualdad en el acceso de todo el universo de alumnos alcanzados por la normativa vigente”.

El diputado nacional chubutense impulsa la actualización de la ley reglamentaria. Entre otros aspectos, se permite e incentiva la utilización de herramientas digitales para sumar adhesiones. Y elimina la verificación por parte del defensor del Pueblo. Además establece plazos concretos para el tratamiento, y penalizaciones para legisladores que no concurran a la sesión especial convocada para ese fin.

El diputado nacional chubutense Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) presentó un proyecto para modificar la Ley reglamentaria de la iniciativa popular, con el objetivo de facilitar la presentación de este tipo de propuestas a partir de la utilización de soportes digitales para la publicación de los proyectos y para la recolección de firmas.

En este sentido, la propuesta de modificación de la Ley 24.747 incluye, como aspecto relevante, la no consideración del requisito de verificación del resumen del proyecto y la planilla de firmas por parte de la Defensoría del Pueblo, ya que la titularidad del organismo se encuentra vacante desde hace 10 años y, además, porque esa potestad de verificación “no es un requisito constitucional para la iniciativa popular ni se encuentra dentro de las competencias propias del Defensor del Pueblo de la Nación contempladas en el artículo 86 de la Constitución Nacional”, indicó Menna.

Acompañamiento

El proyecto fue acompañado con sus firmas por los legisladores Gonzalo Del Cerro (UCR, Santa Fe), Álvaro de Lamadrid (UCR, CABA), Claudia Najul (UCR, Mendoza), Luis Pastori (UCR, Misiones), Roxana Reyes (UCR, Santa Cruz), Lorena Matzen (UCR, Río Negro), Sebastián Salvador (UCR, Provincia de Buenos Aires), Carlos Fernández (UCR, Buenos Aires), Alejandro Cacace (UCR, San Luis), Mario Arce (UCR, Formosa), Ximena García (UCR, Santa Fe), Aída Ayala (UCR, Chaco) e Ignacio Torres (PRO, Chubut).

“La iniciativa popular es un mecanismo de participación incorporado en la reforma de la Constitución de 1994, junto a la consulta popular, y permite que los ciudadanos y las ciudadanas puedan presentar proyectos de ley para la consideración del Congreso de la Nación”, agregó el diputado al explicar el proyecto, que no modifica, sin embargo, el requisito de reunir firmas de ciudadanos empadronados que representen al menos el 1,5% del padrón y pertenezcan, como mínimo, a seis distritos electorales.

No obstante afirmó que “la Ley reglamentaria de esta herramienta necesita de actualización porque, entre otros requisitos, exige que las planillas de recolección de firmas sean verificadas por la Defensoría del Pueblo”.

No obstante, “el cargo de defensor del pueblo está vacante desde hace más de 10 años. Y esto se convierte en un obstáculo para el ejercicio de este derecho”.

“Por eso, hemos ingresado un proyecto de ley que permite y facilita el uso de mecanismos digitales para esta instancia y, además, reglamenta todo lo atinente al plazo de un año que tiene el Congreso para tratar este tipo de proyectos”, indicó.

Herramientas digitales

En la fundamentación del proyecto de ley, Menna consideró que “potenciar la utilización de herramientas digitales configura una vía necesaria para el desarrollo de los derechos humanos, habida cuenta de que es un ámbito donde se advierte un alto grado de participación de la ciudadanía y la existencia de ciertas reglas democráticas propias de las redes sociales y el uso de Internet”.

Por eso, se propone modificar el artículo 6° de la ley 24.747 para disponer, por un lado, que “las planillas de firmas en las cuales la normativa hoy vigente exige que obre un resumen del proyecto de ley objeto de la iniciativa, indiquen un enlace a un sitio web en el cual pueda consultarse el texto completo del proyecto, de modo que los ciudadanos puedan por sí mismos tomar vista de lo que se propone y formar su criterio de forma autónoma para, de este modo, decidir con mayor propiedad e información su adhesión o no a la iniciativa”.

Por otro lado, “por esta misma razón por la cual lo importante pasa a ser el contacto directo con el proyecto y no el resumen, se propone suprimir la intervención del defensor del Pueblo en la aprobación del resumen a insertar en las planillas de firma”.

Ingreso y tratamiento

Por otra parte, el proyecto de modificación de la ley reglamentaria de la iniciativa popular establece que este tipo de propuestas deberán ingresar por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados de la Nación, y prevé plazos y penalizaciones para garantizar su tratamiento.

Concretamente, el artículo 11° prevé que “admitido el proyecto de ley por iniciativa popular ante la Cámara de Diputados de la Nación, el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses”, por lo cual cada una de las cámaras, Diputados y Senadores, tendrá un plazo máximo de 6 meses.

Los proyectos derivados de la iniciativa popular deberán ser tratados en una sesión especial y, en este aspecto, la propuesta de Menna indica: “El legislador que no concurra a la sesión convocada a los fines de considerar un proyecto instado por iniciativa popular sin causa debidamente justificada, quedará inhabilitado de pleno derecho para ser candidato a cargos electivos nacionales por el término de tres años contados desde la fecha de la sesión”.

Finalmente, y a modo de conclusión, Menna consideró en los fundamentos que, el objetivo es “actualizar la norma reglamentaria de este instituto, dando lugar a una vigencia más real y efectiva de la herramienta de la iniciativa popular”, señaló El Comodorense.

Se trata de la Estación Transformadora Comodoro Oeste, que contaba con partida asignada en el Presupuesto 2019, pero fue suspendida, sin explicaciones, por la actual Secretaría de Energía. El pedido fue a través de un proyecto de Resolución presentado en el Congreso con acompañamiento de otros legisladores.

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) presentó en el Congreso un proyecto de Resolución a través del cual pidió a la Secretaría de Energía de la Nación información acerca de las razones por las cuales decidió suspender la licitación prevista de la obra de la Estación Transformadora Comodoro Oeste. Se trata de un proyecto vital para la provisión de energía en la región, y que tenía fecha de apertura de ofertas para el 20 de marzo próximo.

Menna puso hincapié en que la ejecución contaba con partida asignada en la Ley de Presupuesto 2019, y que se trata de la obra que venía a compensar la no inclusión de Comodoro en el Sistema Interconectado que en 2006 unió Puerto Madryn con Pico Truncado.

En el pedido de información, Menna solicitó a la Secretaría de Energía que comunique las “razones que justifican la suspensión sin plazo de la venta de los pliegos de bases y condiciones de la obra”, así como si “el Gobierno del Chubut efectuó alguna presentación reclamando por la postergación de la apertura de ofertas”. Además, “si hay fecha prevista para reanudar la venta de pliegos de bases y condiciones, para el acto de recepción de ofertas y el posterior acto de apertura y, en su caso, cuál es tal fecha”.

El proyecto de Menna contó con el acompañamiento, con sus firmas, de los legisladores Roxana Reyes (UCR, Santa Cruz), Lorena Matzen (UCR, Río Negro), Sebastián Salvador (UCR, Provincia de Buenos Aires), Virginia Cornejo (PRO, Salta) y Mariana Stilman (Coalición Cívica, Provincia de Buenos Aires).

Presupuesto asignado

En los fundamentos del proyecto, Menna dejó en claro que “la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2019 contempló una partida -y el correspondiente crédito presupuestario- para la ejecución de la obra ‘Selección de una Transportista, de una Transportista Independiente o un interesado en convertirse en Transportista Independiente’ para realizar la denominada ‘Estación Transformadora Comodoro Oeste’ (ETCO)” que, dijo el legislador, “resulta ser el nodo de acceso y bajada de la línea de 500 kV que vincula Choele Choel (Río Negro) con Pico Truncado (Santa Cruz)”.

Recordó Menna que “esta obra contempla, además, la ejecución de una doble terna en 132 kV desde la nueva Estación ETCO hasta Comodoro Rivadavia, para abastecer a la ciudad con seguridad y la construcción de una Estación de Maniobras en el Km. 9, que permitirá el manejo integrado de todos los flujos de energía de la zona al interconectar todas las líneas de alta tensión existentes”.

Fragilidad del sistema

Agregó que la decisión de llevar adelante la obra “fue adoptada dada la fragilidad del sistema de abastecimiento de energía eléctrica a Comodoro Rivadavia y su área de influencia”, y teniendo en cuenta que “los estudios de funcionamiento eléctrico de la red evidenciaban que las líneas de transporte se sobrecargan excediendo su capacidad de transmisión, produciéndose de ese modo caídas de tensión inadmisibles, comprometiendo así la atención de la demanda”.

“La situación descripta -explicó Menna en los mismos fundamentos- resulta perjudicial para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y, en particular, para satisfacer adecuadamente la demanda correspondiente al suministro de agua potable a las ciudades de la región (además de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia), la demanda de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de la zona y la correspondiente a los grandes usuarios vinculados a la industria petrolera”.

Indicó en este contexto que “esta precariedad quedó demostrada en su momento, cuando una de las turbinas de la Central CCT Patagonia de Km. 12, Comodoro Rivadavia, tuvo que salir de servicio por desperfectos técnicos, y se debieran emplazar en la ciudad y en Rada Tilly unidades de generación móvil, con un costo elevadísimo de generación”.

Además recordó que “la ejecución de la Línea de Extra Alta Tensión (LAET) de 500 kV que permitió conectar la Patagonia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) hasta Pico Truncado no contempló que el Nodo de su parte sur fuese emplazado en la ciudad más importante y poblada de la Patagonia Austral, Comodoro Rivadavia, impidiendo con ello que la urbe y zona aledaña tuvieran un acceso directo al SADI, que de esta manera quedó expuesto a una endeblez de suministro evidente”.

Menna sostuvo que “esta situación recién pudo ser mitigada parcialmente con la entrada en servicio de parques eólicos en la zona, como el Parque Eólico Manantiales Behr, de YPF Luz, en el año 2018”, al tiempo que puso en valor la gran inversión en este tipo de emprendimientos a partir de las medidas y los incentivos del Gobierno Nacional anterior.

Rol central de Chubut

El diputado nacional mencionó de manera especial el “rol central y protagónico” que tuvo Chubut como destinatario de “esta política de incentivo a las energías renovables y apuesta por mitigar las causas del cambio climático”, ya que fue receptora del 25% de las inversiones en desarrollos en energías renovables en todo el país, y de idéntico porcentaje del total de la potencia instalada, con 19 parques eólicos con un total de 1.000 megavatios de potencia, entre los que ya se encuentran en servicio como los que están en ejecución y próximos a comenzar con la generación de energía”, y que todo ello “significó una inversión privada real y efectiva de más de U$S 1.900 millones en menos de cuatro años”.

En este sentido, “la observancia de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de mitigación del cambio climático global, como así también la necesidad de cumplir con las pautas establecidas en la Ley 26.190 para alcanzar el 20% de fuente renovable en la matriz energética al 31 de diciembre de 2025, tornan inexcusable y urgente concretar obras de transporte como la ETCO, que permitan cumplir con esas pautas”.

Suspensión sin razones

Explicó Menna que “el presupuesto de la obra con su contrato de operación y mantenimiento prevé un canon anual de 22 millones de dólares durante 10 años según lo establecido por el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal y fue convocada originalmente por Resolución de la entonces Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, estando previsto el acto apertura de ofertas para el día 20 de marzo de 2020”.

“Sin embargo -dijo- sin comunicación pública de ninguna índole y sin mediar el dictado de acto administrativo por parte de la Secretaría de Energía, la comunidad se sorprendió el 5 de marzo con la novedad de que el Comité de Ejecución de la obra había emitido la ‘Circular sin consulta n° 9’, disponiendo no solo la suspensión del acto de recepción de ofertas y posterior apertura de las mismas, sino la propia venta de los pliegos de bases y condiciones”.

“Lo que es más grave”, agregó Menna, “la suspensión mencionada fue dispuesta ‘hasta nuevo aviso’”.

Además, “las autoridades de la Secretaría de Energía no brindaron absolutamente ninguna explicación que fundamente las razones de esta nueva postergación para una obra tan espe-rada y demandada por los habitantes de la zona sur del Chubut”.

“Lo resuelto genera además el temor de que una vez más y tal como aconteció cuando du-rante la presidencia de Néstor Kirchner, se resuelva privar a Comodoro Rivadavia de una obra tan esencial para su desarrollo energético y productivo”, indicó.

Silencio de autoridades de Chubut

Y observó que “las autoridades de Chubut guardan silencio ante esta postergación decidida por el poder central, del mismo modo que lo hicieron en 2006 cuando se resolvió postergar a Comodoro Rivadavia y la región, omitiendo defender los intereses locales por razones de alineamiento político”.

En este sentido afirmó que la obra es “es mucho más importante” que la decisión de darle a Comodoro el calificativo de “capital alterna”.

“Este último es un compromiso simplemente declamativo que no pasa de lo retórico, que no se traduce en ningún beneficio en términos de calidad de vida y desarrollo. En cambio, la obra de la ETCO redunda en brindar garantías de suministro eléctrico a una de las ciudades que más ha contribuido en términos de energía a toda la Argentina desde el descubrimiento del petróleo el 13 de diciembre de 1907, como así también para garantizar la continuidad del desarrollo de fuentes alternativas de energías limpias y sustentables que puede aportar la región”, definió.

Por ello, concluyó, “las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación deben dar las explicaciones del caso y especificar cuáles son los plazos previstos para reanudar la venta de pliegos y concretar el acto de apertura de ofertas”.

Gustavo Menna, diputado Nacional, se refirió a los dichos del Ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, José María Grazzini, quien dijo que económicamente la provincia “está quebrada”, manifestó “decir eso como definición es muy fuerte, creo que algo que ya sabíamos todos”.

Asimismo dijo “con los tenedores de títulos de deuda jamás se podría estar en default porque el mecanismo bajo el cual se tomaron las cuatro emisiones de deuda fue concesión de regalías, con lo cual esa plata no entra a la provincia, se descuenta automáticamente, es una garantía autoejecutable”.

“El default está con los que viven adentro de la provincia, con los proveedores que vienen penando por cobrar sus créditos desde el año 2014, lo padecemos todos en materia de obra pública que no se lleva adelante, servicios públicos que no funciona, están paralizados prácticamente todos los organismos estatales” manifestó el diputado Nacional en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3.

El diputado al respecto agregó “llama la atención el tono, de alguna manera, derrotista de la afirmación, de resignado, lo cual es algo que se viene notando desde algún tiempo. Esta agudización de la crisis empezó en julio del año pasado cuando no se pudieron pagar los haberes de ese junio en tiempo y forma”.

“No se atina a reconocer la situación ni a anunciar ningún plan para salir adelante o empezar a salir, porque esto tampoco va a ser fácil, pero el gobierno está obligado a contarle la verdad a los chubutenses y a decir como piensa salir de esta situación, con que medidas concretas” manifestó finalmente Gustavo Menna.

El diputado nacional opinó esta mañana sobre el contexto económico, político y social de la provincia y mencionó al respecto del discurso de Arcioni: «No se puede hablar de fortaleza en un Estado que está paralizado».

El diputado nacional, Gustavo Menna, pasó por los estudios de FM EL CHUBUT este martes por la mañana y opinó sobre lo que dejó el discurso del gobernador Mariano Arcioni ayer, en la Apertura de Sesiones Legislativas.

El ex candidato a Gobernador recalcó que «no podemos seguir empantanados» con la situación financiera que atraviesa la provincia y tampoco «no se advierte hacia dónde tiene pensado ir» para sacar a Chubut de la crisis.

Menna cuestionó el discurso propinado ayer por el máximo mandatario: «No se puede hablar de fortaleza en un Estado que está paralizado». Ayer, Arcioni apuntó al diálogo para salir de la crisis como y lo hiciera el año pasado.

 

El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) se reunió ayer en la Legislatura, en Rawson, con su par de bloque Ignacio Torres, y con la bancada de legislados provinciales que preside Manuel Pagliaroni, y que integran María Andrea Aguilera y Sebastián López.

El encuentro se concretó antes de la apertura de un nuevo período ordinario de sesiones por parte del gobernador Mariano Arcioni y, en ese contexto, Menna hizo un diagnóstico de la grave crisis provincial, así como del paquete de medidas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Menna calificó de «colapso financiero» a la situación de Chubut, e indicó que en este contexto «el único que puede delinear y llevar adelante decisiones es el Poder Ejecutivo», aunque «llama la atención que en todos estos meses la crisis no ha hecho más que agravarse, y a lo único que se ha recurrido es al endeudamiento».

Se ha tratado, dijo, de «un endeudamiento carísimo, de corto plazo y sin una reforma del tipo estructural que permita avizorar una salida para, por lo menos, empezar a sacar la cabeza».

En este sentido, ante la demora en el tratamiento de proyectos impulsados por el Gobierno, dijo Menna que «es evidente que estas propuestas del paquete de medidas no tuvieron gestión política porque ni siquiera lograron, al menos hasta ahora, un consenso dentro del bloque oficialista».

«Además -indicó- hay que tener conciencia que se parte de la base de un déficit declarado, o admitido al menos por el Gobierno, de 37.000 millones de pesos».

Explicó que «esto quiere decir que, si uno toma en cuenta que el presupuesto aprobado es de 120.000 millones, siendo muy elemental, ya que contempla sueldos y gastos de funcionamiento, sin otras cuestiones, son todos gastos inexorables. Y si faltan 37.000 millones, estamos diciendo que falta un peso de cada tres que tiene erogar el Estado».

La designación del diputado nacional chubutense del Interbloque Juntos por el Cambio se conoció este martes. Es un órgano previsto en la Constitución Nacional que tiene como función juzgar a magistrados federales y nacionales, a excepción de los jueces de la Corte Suprema.

El diputado nacional por Chubut Gustavo Menna (UCR-Juntos por el Cambio) fue designado como integrante titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, órgano previsto en la Constitución Nacional que tiene como función juzgar a magistrados federales y nacionales, y que está compuesto por siete integrantes en total.

La designación, por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, fue concretada este martes, 18 de febrero, por sorteo, según marca la Ley del Consejo de la Magistratura.

Menna quedó nombrado como representante titular por el Interbloque Juntos por el Cambio, mientras que por el bloque Frente de Todos resultó designado como titular Rodolfo Tailhade. En tanto, los integrantes suplentes son Jorge Enríquez por el Interbloque Juntos por el Cambio, y María Cristina Brítez por el Frente de Todos.

“Es un honor haber sido designado para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano previsto en el artículo 115 de la Constitución Nacional y que tiene como función juzgar a magistrados federales y nacionales, a excepción de los jueces de la Corte Suprema que son sometidos a juicio político con la Cámara de Diputados como acusadora y el Senado como juez”, explicó Menna.

El mencionado artículo 115 de la Constitución Nacional establece que “los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal”.

Y agrega, entre otras cuestiones, que “su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”.

De esta manera, de acuerdo a la Ley reglamentaria del Jurado de Enjuiciamiento, que es la ley del Consejo de la Magistratura (N° 24.937), con las modificaciones de la Ley N° 26.080, está integrado por siete miembros: dos jueces de Cámara Federal (uno de Capital Federal y otro del interior del país); cuatro legisladores (dos senadores y dos diputados nacionales designados por sorteo entre la mayoría y la oposición) y un abogado de la matrícula federal.

En todos los casos, los integrantes de este Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación se designan por sorteo semestral público, informó Diario Jornada.

La senadora Nancy González del Frente de Todos, en el marco de su recorrida por la Fiesta del Bosque en Lago Puelo, le contestó al diputado nacional Gustavo Mena de Juntos por el Cambio, por el pedido de informes sobre la aplicación de la Tarjeta “Alimentar”.

“La adjudicación de la tarjeta será automática por entrecruzamiento de datos entre la Anses y la Asignación Universal por Hijos, por lo que no hace falta realizar ningun trámite», afirmó González, quien agregó que las tarjetas «serán entregadas por el Banco Nación o el Banco Público que determine cada provincia”.

La senadora dijo que “hubiese sido positivo que Menna también hubiera solicitado informes, cuando en el año 2018 la Gendarmería Nacional detuvo 8 camiones de Desarrollo Social en Trelew que transportaban mercadería y electrodomésticos sin remito”.

“Nos gustaría a los chubutenses que el diputado Menna les cuente en qué se gastaron los más de 150 mil millones de dólares de deuda que tomó el Gobierno de Cambiemos y que hoy representa el principal problema económico del país”.

Asimismo, subrayó que el programa de Argentina Contra el Hambre “es una respuesta rápida al desastre que dejó la gestión de Cambiemos en materia social y de pobreza en la Argentina”.

“Con la misma celeridad que ahora reclama cómo se van a repartir las tarjetas alimentarias, tendría que haber reclamado en los 4 años de gobierno de Macri que los argentinos tengan un plato de comida en la mesa”, concluyó la senadora González.

Por otra parte, la senadora participó el sábado en la apertura de la Fiesta del Bosque que se realizó en Lago Puelo, junto al senador Alfredo Luenzo, el intendente local Augusto Sánchez y la diputada provincial pejotista, Mónica Saso.