Tag

Proyecto de Ley

Browsing

Se presentó en la Legislatura porteña un proyecto que busca que se declare de interés público la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus.

La iniciativa del bloque del Frente de Todos busca generar «una cadena de donantes que ayudarían a la recuperación de los pacientes de Covid-19 además de disminuir considerablemente la tasa de mortandad del virus», destacó un comunicado del bloque opositor.

Pidieron además la realización de campañas de difusión y concientización acerca de la importancia de donar plasma, para la cual considera trascendente la participación de las Juntas Comunales.

También la facilitación de la asistencia de transporte, alimentación y cuidados a aquellos donantes que lo necesiten, debido al alto porcentaje de población afectada en la Ciudad con escasos recursos.

«El procedimiento para la extracción del plasma es rápido y con mínimas molestias para el donante. Una vez realizado, se separa el plasma de otros componentes de la sangre como lo son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas con un equipo de plasmaféresis, que luego serán devueltos al donante sin el plasma, que se regenera en 48 hs. aproximadamente», indicaron los integrantes del bloque.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña busca que se declare de interés público la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus y que se arbitren los medios para que los donantes se acerquen a los Centros de Hemoterapia y/o Bancos de Sangre intrahospitalarios de la Ciudad para ser donantes, informaron fuentes legislativas.

La iniciativa del bloque del Frente de Todos busca generar «una cadena de donantes que ayudarían a la recuperación de los pacientes de Covid-19 además de disminuir considerablemente la tasa de mortandad del virus», destacó un comunicado del bloque opositor.

Pidieron además la realización de campañas de difusión y concientización acerca de la importancia de donar plasma, para la cual considera trascendente la participación de las Juntas Comunales.

También la facilitación de la asistencia de transporte, alimentación y cuidados a aquellos donantes que lo necesiten, debido al alto porcentaje de población afectada en la Ciudad con escasos recursos.

«El procedimiento para la extracción del plasma es rápido y con mínimas molestias para el donante. Una vez realizado, se separa el plasma de otros componentes de la sangre como lo son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas con un equipo de plasmaféresis, que luego serán devueltos al donante sin el plasma, que se regenera en 48 hs. aproximadamente», indicaron los integrantes del bloque.

Fuente: Télam

La crisis económica que atraviesa la Provincia del Chubut ha hecho que las autoridades chubutenses busquen alternativas para sobrellevar la situación, como presentar un proyecto de ley para reperfilar la deuda.

La medida fue explicada por el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena.

“Se trata de un proyecto que se enmarca en la sustentabilidad de la deuda”, remarcó Antonena.

En el proyecto han participado diferentes jefes de bloques y diputados para aclarar dudas.

Sin embargo, la diputada del Partido Justicialista Monica Saso expresó que “nosotros somos una oposición responsable, es fundamental el diálogo. Tenemos que estar todos los sectores juntos luchando y peleando por Chubut”.

De manera que, todavía el documento espera por una sesión.

A propósito de ese tema, Saso dijo que “tenemos varias preguntas para hacerle al ministro de Economía Antonena sobre el proyecto de ley para el reperfilamiento de la deuda”.

Así lo declaró para un medio de comunicación a través de la red social en Twitter la diputada del PJ Monica Saso este jueves.

Declaraciones en Twitter

El diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres presentó un proyecto de ley que establece la suspensión del descuento sindical a los trabajadores por el período de 90 días, consolidando así un aporte concreto desde las organizaciones de esa naturaleza en el contexto de crisis sanitaria y económica que atraviesa toda la sociedad.

Al respecto Torres indicó que “todas las instituciones están realizando gestos de solidaridad para con los trabajadores y los sectores productivos en general, afrontar los efectos económicos de la pandemia requiere un esfuerzo de todas las partes” y agregó que “las organizaciones sindicales tienen la espalda económica para absorber temporalmente esta acción que beneficia directamente al trabajador”.

El proyecto estipula que la norma tiene un plazo de duración de tres meses, debiendo las asociaciones gremiales y sindicatos no descontar la cuota sindical por ese período de tiempo que incluye el mes de junio del corriente año.

Asimismo, la ley evita cualquier situación de desfinanciación de las asociaciones gremiales al contemplar que los montos devengados serán descontados a partir del mes de julio del año 2020, en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin intereses ni recargos.

“Seguimos trabajando en aportes concretos y con efectos inmediatos que beneficien a los trabajadores, insistimos en generar consensos porque de esta crisis salimos con el esfuerzo de todos los sectores” finalizó el legislador nacional.

El documento, además, sugiere para la población denominada “de riesgo”, el uso de protectores faciales plásticos que cubren ojos, nariz y boca.

La iniciativa fue presentada por el representante sanjuanino del interbloque de Juntos por el Cambio, Roberto Basualdo.

La idea es desincentivar el uso de barbijos médicos (dada su escasez en el mercado) e incentivar el uso de barbijos caseros y protectores en la vida diaria, apelando a la creatividad de la comunidad y de las empresas.

“Necesitamos reforzar las medidas de prevención”, afirmó Basualdo al presentar el proyecto de ley.

Además, celebró “los resultados de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a esta pandemia”, aunque consideró que la decisión de decretar tempranamente el aislamiento obligatorio sirvió para “ganar tiempo” pero “no va a ser suficiente”.

El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) presentó un proyecto de ley para eximir del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) a quienes estén de viaje en los países afectados por el coronavirus.

La iniciativa se refiere a aquellos argentinos que se encuentren temporalmente en los lugares mencionados por el DNU 260/20 del Gobierno, y que no puedan volver por la suspensión de los vuelos.

El impuesto PAIS, implementado a través de la Ley de Solidaridad Social, recarga con un 30% las compras con tarjetas y extracciones en efectivo que se realizan en el exterior.

En el proyecto, el legislador chubutense propuso que “la exención tendrá vigencia desde el viernes 13 de marzo de 2020, y continuará hasta que cese la suspensión temporaria de vuelos dispuesta por el artículo 9 del decreto 260/2020”.

Menna indicó que la suspensión temporaria de los vuelos “no solo afectará a residentes en tales países que tenían programado viajar a la Argentina por motivos turísticos, laborales o familiares, sino también a residentes argentinos que se encuentran de visita en los países afectados por la pandemia, y que tenían programado retornar a nuestro país antes de los treinta días de duración de la suspensión de vuelos”.

Acompañaron la iniciativa los diputados de la UCR Alfredo Cornejo, Luis Petri, Federico Zamarbide, Claudia Najul (Mendoza); Facundo Suárez Lastra (CABA); Alejandro Cacace y José Riccardo (San Luis); Lidia Ascarate (Tucumán); Estela Regidor (Corrientes), Luis Pastori (Misiones), Diego Mestre, Víctor Hugo Romero (Córdoba); Gonzalo del Cerro, Albor Cantard (Santa Fe); Fabio Quetglas (Buenos Aires); Gabriela Lena (Entre Ríos); Gerardo Cipolini (Chaco); Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).

«Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres», sostuvo el presidente Alberto Fernández al anunciar que enviará un proyecto para legalizar el aborto. «La existencia de la amenaza penal condenó a mujeres a abortos que pusieron en riesgo su salud», definió.

Además, adelantó que también presentará un proyecto de ley que instaure el programa de los 1000 días «para cuidar a la mujer embarazada y a sus hijos en los primeros años de vida» y un programa de educación sexual integral.

«Queremos terminar con que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas de derecho», sostuvo el presidente Alberto Fernández al anunciar ante la Asamblea Legislativa que enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Justicia Federal.

Anunció, además, que ordenará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) «desclasificar los documentos secretos» referidos al atentado a la AMIA.

Además, advirtió que el Banco Central analiza el proceso en el cual el país recibió divisas que «se fugaron». «Nunca más a un endeudamiento insostenible», afirmó y reiteró la idea de que el estado actual de la deuda es «insostenible».

«Tenemos que enfrentar una deuda pública récord en monto y vencimientos», sostuvo al analizar el tema de la deuda y le agradeció al Congreso haber votado la ley de reestructuración.»Quiero agradecer al Papa Francisco que ante los líderes internacionales llamó a construir una economía con alma», dijo en ese mismo tramo.
El Presidente anuncio el envío al Congreso de una ley para la creación del Consejo Economico y Social para el Desarrollo Argentino.

«Los hidrocarburos serán la palanca para el desarrollo productivo de nuestro país», definió al anunciarun proyecto de ley para desarrollar el sector de hidrocarburos y gas.»Desde este Consejo tenemos que ser capaces de diseñar la agenda del futuro», sostuvo.

«El plan Argentina contra el Hambre es una herramienta para movilizar la economía de abajo hacia arriba», sostuvo luego de sostener que el problema que más le preocupa al Gobierno es elhambre. Además, advirtió que aquellos que especulan con los precios «no tienen lugar en esta Argentina».

Al inicio del discurso, dijo que quiere que «la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros» y dijo que gobernar «no es mentir ni ocultar la verdad al pueblo», al iniciar su discurso ante la Asamblea Legislativa.

En el primer tramo del mensaje, el mandatario hizo un repaso por la «herencia» que recibió de la gestión de Juntos por el Cambio y repasó desde el brote de sarampión, la política económica «centrada en la especulación» y un «Estado debilitado donde casi desaparecieron los mecanismos de regulación».

Después, hizo un raconto de las medidas que tomó durante los primeros 100 días de gestión: los aumentos para los trabajadores públicos y privados, la doble indemnización contra los despidos, el relanzamiento de Precios Cuidados, la renovación de Ahora 12, y el congelamiento de tarifas.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió a las 11.20 la 138va Asamblea Legislativa en la que el presidente Alberto Fernández pronunciará su primer mensaje de apertura del año legislativo en el que trazará los lineamientos de su primer año de gestión.

Minutos después, la Asamblea Legislativa pasó a un cuarto intermedio para recibir al presidente Alberto Fernández, quien dejará abierto el 138vo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional con un discurso en el que expondrá los ejes de su plan de gobierno y anunciará proyectos de ley a enviar por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Una comisión legisladores lo recibe en la explana sobre la avenida Entre Ríos mientras otra delegación lo aguarda en el Salón Azul, donde firmará el libro de Honor, previo a ingresar en el recinto de sesiones.

EL CHUBUT accedió en forma exclusiva al proyecto de ley que presentará el gobernador Mariano Arcioni en la Legislatura para establecer las condiciones del Régimen de Abstención del Débito Laboral o conocido popularmente como «jubilaciones anticipadas».

El artículo 1 del proyecto establece «un Régimen de Abstención del Débito Laboral para todos los agentes de la Administración Pública Provincial Central y Descentralizada, del Poder Legislativo y del Poder Judicial que pertenezcan a la planta permanente, que se encuentren en efectivo ejercicio de su cargo al 31 de diciembre de 2019, y se encuentren en condiciones de reunir antes del 31 de diciembre de 2024 los requisitos para acceder al Régimen de Jubilación Ordinaria instituido por la Ley XVIII Nro. 32».

El plan diseñado por el Gobierno provincial establece dos esquemas porcentuales diferentes para las jubilaciones anticipadas. La división está enfocada en los años que le restan al trabajador para jubilarse y, en base a esto, ofrece una retribución salarial que varía entre el 55 por ciento y el 70 por ciento.

«El agente que reúna los requisitos para acceder a la Jubilación Ordinaria entre el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, percibirá como prestación un haber equivalente al 55% móvil de la remuneración del cargo desempeñado al momento del acogimiento al presente régimen», especifica la iniciativa elaborada en la cartera de Economía y a la que tuvo acceso EL CHUBUT.

En la misma dirección, detalla que el Ejecutivo «realizará los correspondientes aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social que administra el Instituto de Seguridad Social y Seguros determinados sobre el 100% móvil de sus remuneraciones, con el objeto de no afectar el monto de su futura jubilación».

El segundo escenario está previsto para el empleado que reúna los requisitos para acceder a la Jubilación Ordinaria entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. En este caso, «percibirá como prestación un haber equivalente al 70% móvil de la remuneración» del cargo que desempeñaba.

EMPLEADOS TENDRAN 90 DIAS PARA INICIAR TRAMITES

La propuesta, que aún no fue girada a la Legislatura, pero que será debatida el lunes cuando un grupo de ministros desembarque en la Casa de las Leyes para explicar los alcances del plan de ajuste de Arcioni, precisa cuáles son los pasos que deberán seguir todos aquellos que estén interesados en acceder a la jubilación anticipada.

«Los agentes que decidan acogerse al régimen deberán formular la solicitud por medio del área de personal que corresponda dentro de los 90 días corridos de reglamentada la ley», describe la iniciativa y agrega que el Poder Ejecutivo tendrá la exclusividad para «decidir la aceptación o no de la petición».

En el caso de aceptarla, el Gobierno provincial determinará la fecha en que el agente se encuentra en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria, fecha en la cual se producirá en forma automática el cese de las percepciones de las prestaciones.

La entrevista que dio el Presidente el domingo pasado al periodista Horacio Verbitsky generó preocupación en las petroleras que operan en Vaca Muerta. “La Argentina en un momento se enamoró de Vaca Muerta, puso todos los incentivos y los esfuerzos allí y desincentivó el resto de la producción convencional”, dijo Alberto Fernández en el blog El Cohete a la Luna.

Sus declaraciones sobre la formación de hidrocarburos no convencionales habían sido casi las únicas que dijo en público desde su asunción, a diferencia de su antecesor Mauricio Macri, que enfatizaba a cada rato la importancia de Vaca Muerte para sacar el país adelante.

Los operadores de los yacimientos no convencionales, por lo tanto, se pusieron en alerta y le hicieron llegar al Gobierno su preocupación para organizar una reunión. Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, que tiene a cargo la Secretaría de Energía, es el principal interlocutor con los petroleros, junto con el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales.

Kulfas convocó el miércoles pasado a las principales petroleras a una reunión con el Presidente para las 18 horas del día siguiente. Si bien el encuentro se atrasó una hora, en la cual los ejecutivos esperaron en Casa Rosada, la reunión fue cordial y el sector se llevó una buena impresión. Era la primera vez, además, que tenían un encuentro con el secretario de Energía, Sergio Lanziani, aunque casi no emitió comentario.

“El Presidente nos ratificó la convicción de que el sector tiene un rol importantísimo para sacar adelante el país. Él cree que no es solo con los no convencionales, si no que incluye también los offshore (las exploraciones costa afuera) y los convencionales para agrandar el volumen de producción de los hidrocarburos. Dijo que no lo malinterpretemos, que está convencido del valor estratégico de Vaca Muerta, pero que debe incluir a todos”, indicó uno de los presentes.

Hugo Eurnekian, CEO de la Compañía General de Combustibles (CGC), se alegró. Su empresa es la única de todas las que estuvieron presentes ayer que no tiene operaciones en Vaca Muerta. Sus yacimientos están en otras áreas de Neuquén y en Santa Cruz. El resto de los participantes, en mayor o menor medida, tiene inversiones enterradas en Vaca Muerta: YPF, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), ExxonMobil, Shell, Chevron, Total, Wintershall Dea, Vista Oil y Pluspetrol.

El Presidente, quién habló la mayor parte del tiempo, luego de la introducción de Kulfas, confirmó que el proyecto de ley de producción de hidrocarburos, en el cual está trabajando Guillermo Nielsen, presidente de YPF, se enviará al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Si bien los ejecutivos quisieron saber más de ese proyecto, Nielsen indicó que el borrador “estaba bajo siete llaves”.

Fuentes del Gobierno ampliaron luego que la normativa “establece un nuevo marco normativo para el sector de hidrocarburos, convencionales y no convencionales”. “La norma dará certezas para generar inversiones que permitan incrementar la producción de gas y petróleo, desarrollar una cadena productiva, impulsar la creación de puestos de trabajo e impulsar las exportaciones”, señalaron.

Indicaron además que el proyecto ” se elaboró a partir del diálogo con todos los actores del sector y abarca a los distintos segmentos de la actividad: la producción no convencional y la convencional, el offshore y la recuperación secundaria y terciaria”.

“Fue amena la reunión. Nos dio la sensación de que son muy abiertos. El Presidente nos dijo que les interesa que funcione bien el campo, la minería y nuestra industria, porque si nos va bien, le va bien a toda la Argentina. Dejaron la puerta abierta para cuando queramos retomamos el diálogo”, indicó otro de los presentes.

Una vez conocido el proyecto de ley, la actividad en el sector podría volver a traccionar, luego de la desaceleración que tuvo la producción tras el congelamiento de combustibles dispuesto por Mauricio Macri, y que continuó con la decisión de Fernández de no aumentar los precios por un tiempo indefinido.

Esto generó tensión en los gremios, que ven con preocupación la finalización de la conciliación voluntaria que llevan adelante las empresas con Guillermo Pereyra, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, quien hoy a la mañana mantuvo una reunión con Kulfas y con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Ahí se habló también del proyecto de ley y se dijo que debe ser enviado al Congreso en un contexto de paz. Por eso, se convocará a los sindicatos y a las empresas para una reunión el lunes en el Ministerio de Trabajo. En el encuentro se espera que se discuta sobre los 600 telegramas de despido que las empresas de servicios petroleros habían enviado a fines de noviembre pasado, y que luego suspendieron por el llamado a conciliación obligatoria y por el decreto del Gobierno de establecer doble indemnización.

Fuente: Diario La Nación.

El Poder Ejecutivo había previsto que fueran desde el 22 de enero, pero todavía no están definidos los proyectos de ley que enviará.

Finalmente no habrá sesiones extraordinarias en enero y el Gobierno convocará recién para febrero al Congreso para empezar a discutir un paquete de proyectos de ley que aún están por cerrarse en la letra chica de la Casa Rosada.

Según consignaron a Infobae tanto en el Gobierno como en el Congreso, la idea ahora es convocar a sesiones extraordinarias a partir del 6 de febrero y no desde el 22 de enero como se había previsto en un primer momento.

En rigor, la demora en la convocatoria a extraordinarias no responde a una falta de acuerdo entre legisladores opositores y oficialistas sino en que el Poder Ejecutivo aún no mandó al Congreso ningún proyecto de ley y a este ritmo no llegaría antes del 15 de enero. De esta manera, fuentes de la Cámara de Diputados aclararon que “estando en receso el personal del Congreso no se llegará a reunir a extraordinarias para el 22 de enero ya que no hay comisiones ni personal en este momento”. Para que esto se logre, se debería anunciar una semana antes de la fecha prevista la convocatoria a fin de poner en funcionamiento el Congreso.

Sin embargo, hasta ahora desde la jefatura de Gabinete conducida por Santiago Cafiero no enviaron ningún temario de las sesiones extraordinarias y tampoco en la Secretaría Legal y Técnica que dirige Vilma Ibarra recibieron proyectos de leyes.

El viernes pasado el presidente Alberto Fernández confirmó a Infobae que el proyecto de ley de reforma judicial será enviado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Pero hasta el momento esa iniciativa se encuentra en plena revisión y borrador por parte de un equipo del Gobierno liderado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Además, antes de ser enviado al Congreso ese proyecto debe ser revisado por el Presidente ya que es un tema con el cual se siente plenamente comprometido y no quiere perderse un detalle.

El tema de la reforma judicial no es el único que hay en la lista de proyectos que quería enviar el Gobierno a sesiones extraordinarias. También figura en la grilla el proyecto de creación del Consejo Económico y Social y el de reforma de los sistemas de jubilación especial de diplomáticos y jueces, entre otros temas.

En las últimas horas el presidente del interbloque de Cambiemos en Diputados ,Mario Negri, informó que desde la presidencia de la Cámara baja que encabeza Sergio Massa les habían dicho que no habrá sesiones extraordinarias el 22 de enero como se había previsto y que la actividad parlamentaria se retomará recién en febrero.

El proyecto de ley que será tratado este jueves y aprobado por los diputados provinciales, pide autorización para que a través del Fondo Fiduciario se obtengan los recursos para que provincia pueda cancelar la deuda con la mayorista.

El martes 5 de Noviembre, el Gobierno de Chubut envió a la Legislatura un proyecto de ley en el que pide autorización para un endeudamiento de $365 millones para pagar la deuda de Servicios Públicos con Cammesa. La iniciativa, que será tratada y aprobada este jueves, establece «autorizar al gobernador a suscribir con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial él o los Convenios de Asistencia Financiera que resulten necesarios por hasta la suma máxima de $365 millones para ser aplicada a cancelar la deuda que la Provincia mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (CAMMESA)».

El diputado de Cambiemos, Eduardo Conde, se refirió al tratamiento que le darpan hoy al proyecto de ley: “Este es un tema que vamos a acompañar, cada definición que está tomando la Legislatura está dando cuenta de la necesidad imperiosa de seguir endeudando al Estado pero advertimos que no hay otra solución y encima si no lo hacemos, siempre está latente n la puerta la posibilidad de una nueva reacción social».

Asimismo, explicó que “la provincia le está debiendo a Cammesa 365 millones por el acueducto de Sarmiento-Comodoro, y hemos autorizado que a través del Fondo Fiduciario se obtengan estos recursos para cancelar la deuda con Cammesa porque de lo contrario, no nos sorprendamos que estemos llegando a los días de calor y empecemos con problemas en la prestación del servicio de agua y en consecuencia hay que darle solución.

El proyecto explica que la deuda con Cammesa supera los 364 millones de pesos y que «considerando el estado económico por el que atraviesa la provincia de Chubut, es necesario solicitar asistencia financiera al citado Fondo».

Recuerda además que la ley N°661 declaró la emergencia de los servicios públicos, remarcando que «el marco regulatorio vigente repsonde a la manda constitucional de cumplir con los servicios ásicos a la comunidad, a la obligación del Estado de desarrollar políticas tendientes a la protección de los usuarios y consumidores de bienes y servicios (…), en tanto es facultad de éste acordar con los municipios la delegación de los servicios públicos, garantizando los recursos necesarios a los fines de su prestación», publicó Diario ADNSUR.