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El secretario general de ATECh, Santiago Goodman, se refirió a la situación que atraviesan los trabajadores de la Educación en Chubut. “Venimos de un proceso de lucha de 4 años. Al día de hoy el 20% de los trabajadores cobraron el salario y deberían estar disfrutando de las vacaciones, no tienen un mango porque deben pagar deudas”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “somos trabajadores, si tenemos un chiquitín de plata que se podría ahorrar, la ponemos en la vivienda, o en un autito para ir a trabajar porque acá no se garantiza ni el transporte público”.

“Vamos a defender todos nuestros puestos de trabajo, porque no tienen que ver con una variable económica, sino con un derecho de las familias y obligación del Estado, que es la educación”, dijo en diálogo con Radio 3 Trelew AM 780.

Asimismo, aclaró que “en Educación hay una sobredimensión de trabajadores cuando hay unos 500 u 800 trabajadores que cobran del Ministerio pero están en Comisiones de Servicios, como asesores, Municipios, Ministerios”.

“El Ministerio de Educación descubrió que había una gran cantidad de horas cátedra que no estaban destinadas a trabajadores frente a alumnos. Estamos de acuerdo con regularizar eso, pero debe hacerse desde lo político”, indicó.

En este marco, destacó que “lo primero que debe hacer el Ministerio de Educación es garantizar la certificación de servicios con aportes. Porque hay más 800 trabajadores que están en edad de jubilarse y con aportes pero no les entregan el trámite”.

“Antes de hablar de un retiro, tienen que garantizar la certificación de aportes, para que se puedan jubilar. Esto lo sabe el Gobierno”, recordó.

A su vez, expresó que “la decisión de que es lo que vamos a hacer, será puesta en consenso con la mayor horizontalidad. Porque hay que tener lugar también para los papás y la comunidad tiene que acompañar a que las escuelas estén en condiciones”.

Finalmente, Goodman concluyó que “venimos de un proceso de lucha de 4 años. Al día de hoy el 20% de los trabajadores cobraron el salario y deberían estar disfrutando de las vacaciones, no tienen un mango porque deben pagar deudas”.

En su último informe de coyuntura del mes de diciembre IERIC dio a conocer los principales números de la construcción en cada una de las provincias, donde refleja las principales variables del rubro. Contempla índices para medir el nivel de actividad, como así también la evolución del empleo, la cantidad de empresas y la evolución salarial.

De acuerdo con el documento, en Chubut para 2019 el salario para la construcción promedio los $ 54.729, lo que la ubica segunda con mejores remuneraciones, sólo detrás de Santa Cruz ($ 74.000). El podio es completado por Tierra del Fuego ($ 52.512).

En el norte, mientras tanto, se registran las remuneraciones más bajas. La más rezagada es Tucumán donde los sueldos para el sector están en torno a los $ 24.000. En Chaco llegan a los $ 28.000 en promedio y Formosa completa el ranking desde abajo con $ 29.300.

De acuerdo al documento, “la relativa desaceleración del ritmo de incremento de los precios durante Octubre redujo la presión sobre la evolución de las remuneraciones de los trabajadores una vez descontado el efecto de la inflación”.

En términos reales, salvo excepciones, se limó el salario en todas las jurisdicciones. En el caso de Chubut, el poder adquisitivo retrocedió 7,3% (hasta octubre) respecto al proceso inflacionario que cerró 2019 con más del 50% de incremento en los precios.

A nivel de empleo, los datos de IERIC marcan una estabilidad en la provincia, con algo más de 9.000 fuentes laborales, sin grandes variaciones respecto a los meses anteriores. Sí en cambio continúa la tendencia a menor cantidad de empresas en actividad. Así de 405 constructoras o contratistas, se pasó en la provincia a 387 hacia fines del año pasado. En 2016, cuatro años atrás, el número de compañías con algún tipo de ejecución llegaba a las 545. Mientras que se mantuvo el número en el caso de las subcontratistas.

Situación inmobiliaria

De acuerdo al relevamiento de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia, la actividad de construcción futura de los particulares está representada por los permisos de edificación1, que al mismo tiempo trazan un posible escenario de la oferta real de unidades inmobiliarias y brindan un indicador que aproxima el nivel de actividad que se espera para los próximos meses.

La superficie a construir registrada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 5 (cinco) municipios de la provincia alcanzó un total de 114.847 m2 representando una leve incremento respecto del trimestre anterior (0,1%) y un descenso del 1,5% comparando los valores con aquellos registrados en el segundo trimestre 2018.

Por otra parte, la superficie cubierta autorizada por la nómina de los 60 municipios que INDEC releva en todo el territorio Nacional, alcanzó los 2.429.312 m2, teniendo la provincia de Chubut una participación del 4,7%. Este indicador a nivel país presenta un aumento del 34,1% respecto del trimestre inmediatamente anterior y de un 21,22% comparado con el mismo período en el año anterior.

Durante el segundo trimestre se aprobaron 114.847m2 de los cuales, el municipio de Puerto Madryn posee una participación del 34,3% del total registrado, seguido por Trelew (20,0%); Rawson (19,9%), en cuarto lugar, encontramos al municipio de Comodoro Rivadavia con 19,6% y en último lugar al municipio de Esquel (6,6%).

El consumo de Cemento Portland en la provincia registró un incremento del 5,9% respecto al trimestre inmediatamente anterior y de un 10,4% comparado con el año precedente. En el nivel nacional se redujo con respecto al trimestre inmediatamente anterior en un 0,3% y en un 4,5% comparado con el mismo período del 2018. El consumo de cemento Portland en la provincia representó durante el segundo trimestre el 2,4% del total del país.

Según los datos que fueron proporcionados por el IERIC, en el segundo trimestre 2019 se observa un incremento del empleo registrado en la provincia de Chubut.

Así como llega, casi la mitad de lo que cobramos rápidamente se va. Una encuesta concluyó que, en promedio, el 42% de los ingresos totales de las familias inquilinas se destinan solo al pago del alquiler. Y a eso le tienen que sumar las expensas, impuestos y tarifas de servicios públicos.

Al hilar más fino, resulta que las condiciones no son iguales para todos. El porcentaje -de lo que ocupa el alquiler en el salario- se eleva en jóvenes (48%), adultos mayores (45%) y mujeres (43%), mientras que los hombres destinan el 38%.

¿Este 42% se explica porque los alquileres están por las nubes o porque los sueldos están por los pisos? ¿O una conjunción de ambas cosas? “Habría que plantearlo en términos más generales”, analiza Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.

“Los salarios aumentan una vez por año, en cambio los alquileres aumentan dos veces por año, en forma semestral. El metro cuadrado en la Ciudad, o sea el valor del suelo, es el más caro de la región. La vivienda está dolarizada: no solo aumenta en pesos, sino también en dólares. Y en la Ciudad tenemos una desregulación absoluta del mercado inmobiliario”, continúa.

Según sus registros, los valores promedios de alquiler son 14 mil pesos los monoambientes, 17 mil los dos ambientes y 25 mil los tres ambientes. A estos montos hay que agregarle las expensas que -según Muñoz- son muy difíciles de calcular porque “cambian todos los meses”.

Estos números se vuelven, para muchos vecinos, imposibles de afrontar. “La gente suspende cualquier cosa para poder pagar el alquiler. Dejan de pagar la obra social para pasarse a la salud pública. O dejan de pagar los servicios o las expensas. Estamos viendo sectores medios empobrecidos”, dice Muñoz.

Además, la encuesta expone que gran parte del mercado inmobiliario se mueve dentro de la informalidad.

Por ejemplo, la evasión impositiva es un dato “alarmante”. El 89% no recibe una factura al pagar el alquiler. Desagregando los resultados, el 54% recibe un comprobante no válido como factura, el 18% paga por depósito o transferencia y se queda con el comprobante que emite el banco y el 16% paga en efectivo y no recibe ningún comprobante. Solo el 11% obtiene una factura legal.

También es notorio el aumento del “dueño alquila”. Apenas el 57% de los encuestados lo hace a través de una inmobiliaria, un número inferior al 63% que había resultado en la encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional hecha en territorio porteño a principios del 2018. Del resto, el 38% alquila con dueño directo y el 5% intermedia con un abogado o una administración.

Muchos incumplen con la legislación vigente. El 24% de los encuestados aseguró que –a pesar de estar prohibido por la Ley 5859- la inmobiliaria les cobró una comisión para firmar o renovar un contrato.

Esto se relaciona con la falta de chequeos: el 97% de los inquilinos considera que el Estado no controla la actividad de las inmobiliarias.

La encuesta demostró, también, que hay varios requisitos difíciles de cumplir por los inquilinos y que representan barreras de acceso al mercado formal de alquileres.

Uno de ellos es la garantía. El 79% tuvo que presentar un garante con título de propiedad de un inmueble, algo que aumentó cuando el contrato se firmó a través de una inmobiliaria (84%) y descendió cuando fue por dueño directo (72%).

Las familias tienen un problema aparte. El 70% de los encuestados manifestó tener hijos y, de ellos, el 21% afirmó que tuvo dificultades para encontrar una vivienda por tener niños a cargo. Desagregando por género, se observa que son las mujeres las que más sufren esta discriminación (24%) en comparación con los varones (15%).

“Queremos que se vote la ley de alquileres, que el Gobierno tome el proyecto y lo ponga en discusión en el Senado. Tuvimos media sanción en Diputados hace pocos días. Y es urgente”, reclama Muñoz.

Los principales lineamientos de esta ley son la regulación del precio de alquiler por promedio entre inflación y salario, la extensión del plazo del contrato de alquiler (de dos años a tres años), el registro de todos los contratos de alquiler en la AFIP, y la regulación de las expensas

Tras un acuerdo realizado este jueves en el Ministerio de Trabajo de Nación, los gremios peroleros acordaron adelantar a enero el 9% de incremento salarial pactado para febrero próximo.

Tanto el titular del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Llugdar, como su par de Petroleros Privados del Chubut, Jorge Ávila, participaron este jueves por la tarde del encuentro en el que se cerró una nueva discusión salarial. De esta negociación también formaron parte los representantes del resto de las Cuencas Hidrocarburíferas de la República Argentina.

En la reunión se acordó incluir en los haberes de enero 2020 el incremento salarial del 9% establecido en paritarias para febrero del año próximo.

Este nuevo acuerdo se suma a lo obtenido a principios de octubre, cuando el Sindicato de Petroleros Jerárquicos cerró la ejecución de la cláusula revisión por índice inflacionario, recordándose que de enero a marzo de 2019 se acordó el aumento de un 14,7%;  le siguió el 10 % correspondiente al el 1° de junio, luego vino un incremento salarial que se pagaria a partir de noviembre del 9% -que se anticipó al mes de octubre-; a lo que se añadió un 4,2% de la mencionada revisión por inflación -incluyó un mes de retroactivo-. 

De esta forma en el acumulado anual los trabajadores Petroleros Jerárquicos han totalizado un aumento salarial del 32,2%.

Esta convocatoria es la resultante del acta complementaria del último encuentro paritario, que establecía tener una audiencia en el mes de diciembre, para ya dejar cerrado el año y ver si era necesario ajustar los aumentos antes del mes de febrero, tal como finalmente sucedió, informó ADN SUR.

El mandatario provincial vetó la norma que significaba una nueva presión tributaria para el sector privado, ya que creaba una tasa proporcional al salario de cada trabajador que debía ser pagada por el empleados.

El gobernador Mariano Arcioni vetó este jueves la ley que sancionó el pasado 3 de diciembre la Legislatura Provincial y que establecía la Ley de Registro de Empleo, tal como anticipó ADNSUR. Esta norma creaba una tasa a aquellas empresas privadas que no tomaran personal nacido o con residencia de al menos cinco años en la provincia.

En el texto del veto argumentan que el espíritu de la ley no se condice con las «políticas tributarias tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, con la finalidad común de lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales»

Además, considera que «los derechos y garantías constitucionales de los trabajadores y de las personas en posibilidad de acceder al trabajo en condiciones de igualdad no se encuentran adecuadamente resguardados en el proyecto sancionado».

Asimismo, sostiene que el tributo que creaba esta ley «contradie el compromiso asumido por el Estado Provincia al adherir a la norma nacional», ya que implica «el aumento de la carga impositiva al sector productivo de la provincia» y que «lejos de fortalecer el mercado de trabajo, desaliente a la radicación en la zona de emprendimientos de desarrollo productivo y consecuentes fuentes generadoras de empleo».

Cómo es el nuevo tributo

La ley vetada disponía que todo empleador debía abonar una tasa mensual equivalente al cinco por ciento (5 %) de la remuneración bruta mensual y sumas no remunerativas, por cada empleado en relación de dependencia, excepto que sea personal nacido en la provincia o que registre como mínimo cinco (5) años de residencia, previos a la incorporación, en territorio chubutense.

Exceptuaba de este tributo a personal nacido en la provincia que no cumpla con el inciso anterior pero certificare haber cursado estudios primarios y/o secundarios en instituciones dependientes del sistema educativo provincial; al personal con especialidades de comprobada escasez en la provincia, y al personal que se encontrare declarado al momento de entrada en vigencia de la norma.

Y disponía que lo producido por aplicación de la presente Ley, sería afectado al “Programa Fondo Anticíclico Laboral” creado por Ley X N° 49.

Son datos de septiembre del RIPTE. En ese mes, los salarios crecieron 3,2% y la inflación fue de 5,9%.

En Septiembre, los salarios formales o registrados volvieron a perder frente a la inflación: aumentaron el 3,2% mientras la suba promedio de los precios fue de 15,9%. Y entre enero y septiembre, la pérdida fue mayor porque las remuneraciones subieron el 32,5% y la inflación alcanzó al 37,7%. Son 5,2 puntos menos que representan una pérdida del poder adquisitivo del 3,8%.

Los datos de salarios corresponden al RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) que, a septiembre, fue de $ 45.485,23, según el informe oficial. Un año atrás, era de $ 31.523,56, lo que equivale a una suba nominal del 44,3% frente a una inflación del 53,5%. Una pérdida del salario real del 6%.

Por tratarse del sueldo bruto, a los $ 45.485,23 habría que descontar el aporte de jubilación y salud del trabajador (17%) y, eventualmente, sumar el salario familiar. Según la estructura familiar, el sueldo promedio en mano rondaría entre $ 37.752 y poco más de 40.000 pesos.

Esos poco más de $ 40.000 se aproximan al costo de la canasta familiar de pobreza de un matrimonio con 2 chicos que, según el INDEC en septiembre, fue de  34.784,75.

Estos valores contrastan con el cálculo del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) que informó que un  grupo familiar porrteño de clase media debió destinar en octubre $2.167 por día para contratar los servicios básicos para el hogar y $643 para productos de consumo masivo. Así, una familia porteña de clase media necesitó $ 84.341,31 para vivir en octubre, informó Clarín.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge «Loma» Avila, celebró el acuerdo al que se arribó en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde los gremios petroleros cerraron un incremento salarial del 4,3% por inflación -a través de la cláusula de revisión del acuerdo paritario- que se suma al 9% adelantado para el 1º de octubre, incluido el retroactivo para el mes que finalizó.

Avila participó en Buenos Aires del encuentro en el que se cerró la discusión salarial, manifestando al respecto que «estuvimos dentro de las expectativas de lo que esperábamos pelear por el tema de la inflación. Siempre ha sido lo mismo, nunca le vamos a ganar pero sí por lo menos mantener la inflación a raya, lo que nos permite llegar a diciembre convocando el día 11 de ese mes para ver otra vez dónde está la inflación, y sentarnos a discutir si nos conviene o no anticipar lo de 2020 o parte de la paritaria o hacer una nueva revisión».

Adelantó asimismo que «el 11 de diciembre será la nueva convocatoria para la nueva revisión técnica de dónde está la inflación», informó Diario El Chubut.

«No acepten cobrar menos que sus colegas hombres. ¡Jamás¡», dijo a las mujeres la nueva directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

En el primer día de la reunión semianual de la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) el martes, Georgieva, que lleva un par de semanas en el cargo, se mostró resuelta a batallar por la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo.

Nacida en Bulgaria, recordó los comienzos de su carrera en la era soviética y dijo que entonces no sabía que se podían negociar mejores condiciones laborales.

Georgieva se pronunció «en favor de las cuotas» para que las mujeres vayan ganando puestos de responsabilidad.

«Las cuotas no son una solución perfecta pero son una solución pragmática», dijo. «Sin cuotas llevaría mucho tiempo» obtener un acceso equitativo a posiciones altas, especialmente en las empresas, dijo.

Cuando una joven le preguntó cómo lograr éxito profesional, respondió: «Debes ser competente y tenerte confianza».

El FMI divulgó el martes un informe en el que encontró que el trabajo no remunerado (como la atención de niños y ancianos) «es una parte sustancial de la actividad económica que no se mide y desproporcionadamente recae sobre los hombros de las mujeres».

La mujeres realizan a diario dos horas más de trabajo no remunerado que los hombres e incluso «en los países más igualitarios del mundo, las mujeres hacen un 20% más de trabajo no remunerado que los hombres», especialmente en lo que hace a las tareas del hogar, dice el reporte.

Los gobiernos deben invertir en infraestructura para suministrar agua, electricidad y acceso a Internet pero también tienen que suministrar servicios de atención a niños y ancianos y mejorar la educación de forma tal de ayudar a las mujeres a «reemplazar el trabajo no remunerado por trabajo remunerado», añade.

Segunda mujer que lidera el FMI

La búlgara Kristalina Georgieva fue formalmente escogida en septiembre por el Fondo Monetario Internacional como nueva directora gerente de esa institución integrada por 189 países.

Su selección estaba asegurada luego de que el FMI anunciara ese mes que era la única candidata a suceder a la francesa Christine Lagarde, que ocupaba el cargo desde 2011 y lo dejó para postularse a presidir el Banco Central Europeo.

Al aceptar el puesto, Georgieva habló de tormentosos tiempos para la economía mundial.

«Es una gran responsabilidad estar al timón del FMI en momentos en que el crecimiento económico mundial sigue decepcionando, persisten tensiones comerciales y la deuda está en niveles históricamente altos», dijo en una nota.

«Eso significa también lidiar con problemas como la inequidad, riesgos climáticos y rápidos cambios tecnológicos», afirmó.

La designación de Georgieva, segunda mujer que lidera el FMI, mantiene la norma no escrita que establece que la entidad debe estar a cargo de una persona europea.

Georgieva, de 66 años, hereda una institución criticada por el creciente populismo en economías avanzadas y el incremento de las peleas comerciales; la mayoría de ellas desatadas por Estados Unidos, el socio mayoritario del Fondo.

Georgieva, que estaba impulsada por París, superó reticencias en la dividida Unión Europea. Alemania respaldaba nominar al exministro holandés de Finanzas Jeroen Dijsselbloem.

Los países que impulsaron a Georgieva esgrimieron sus sólidos antecedentes en finanzas internacionales.

En el Banco Mundial, donde transcurrió la mayor parte de su carrera y llegó a ser directora general, ganó experiencia en el manejo del ambiente; especialmente en lo referente a desarrollo sostenible y cuestiones agrícolas.

Además trabajó en favor de las mujeres al instar a una mejor educación de las niñas, prohibir limitaciones al trabajo femenino y fomentar los emprendimientos de mujeres -especialmente en África.

En este punto, debería ser continuadora de Lagarde, quien expresó sin pausa su voluntad de defender la igualdad de géneros.

Ante el impacto negativo de la devaluación en el poder de compra de los salarios, el ministro de la Producción, Dante Sica, admitió que el Gobierno podría reabrir negociaciones paritarias si se estabilizan las variables económicas y se puede determinar a cuánto llegarán las perdidas.

El funcionario mantuvo una charla con periodistas junto al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, en el marco de la Celebración del Día de la Industria, lugar al que concurrió como representante del Gobierno en reemplazo del presidente Mauricio Macri, quien se quedó en Casa de Gobierno para seguir de cerca las primeras horas luego de la puesta en marcha del control de cambios. Sica señaló que «las paritarias de este año cerraron con un piso del 28%» pero que no recibió hasta ahora «un pedido formal» de habilitarlas de parte de los dirigentes de la CGT. «Charlé con ellos y les dije que miremos cómo salen los números de agosto y a partir de ahí si hay algunas actividades que tienen necesidades, habrá que sentarse», explicó.

Por caso, Acevedo coincidió con el funcionario en que primero se deben tranquilizar las variables de la economía para encarar una discusión. «Algo habrá que hacer, el problema es que estamos en el medio de la coyuntura», explicó el empresario. El industrial, no obstante, se mostró pesimista respecto del futuro inmediato. Afirmó que no ve «un rebote de la actividad que hubo en 2003» a la salida de la crisis, y agregó que para que el sector manufacturero pueda tener un nivel de producción como había en 2012 «van a tener que pasar 10 años».

Sica tuvo que tratar de dar una explicación a las recientes medidas, algunas de ellas, muy criticadas por los empresarios. El funcionario las calificó como «incómodas».

«Se trata de medidas de emergencia, en una situación de emergencia, que traerán calma al mercado, seguridad a los habitantes y en especial a los sectores con ingresos fijos», indicó.

El ministro agregó que el Gobierno «ha avanzado el fin de semana con la disposición de algún control cambiario pero que garantizan a toda la población la accesibilidad de depósitos y compras de dólares para atesoramiento o ahorro que los ahorristas consideren necesario».

La sede de la UIA en Avenida de Mayo estaba repleta de representantes del interior del país. Sucede que por primera vez en 15 años se reunió el Consejo Federal. La vez anterior había sido por la crisis del 2001. En esta oportunidad, lo hicieron para aprobar un documento de 35 puntos que constituyen una base de propuestas que desde la semana próxima tienen previsto presentar a los candidatos presidenciales.

Acevedo aseveró, al respecto, que «el problema hoy es primordialmente político» y pidió «unidad para elaborar consensos básicos». La Argentina no tiene que discutir entre dos modelos de país sino acordar uno sólo», añadió. El titular de la UIA demandó una actitud «patriótica» de los dirigentes para lograr «la unidad nacional basada en la superación de las grietas» y culminó su mensaje recitando el Preámbulo de la Constitución Nacional.

Al encuentro asistieron además representantes del Grupo de los Seis. Entre ellos, Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio, Julio Crivelli (Construcción), Eduardo Eurnekián (Comercio) y Daniel Pellegrina (Sociedad Rural). En un espacio VIP, en el primer piso, Acevedo a su vez recibió a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente por Consenso Federal, y diputados como José Ignacio de Mendiguren, Marco Lavagna y los economistas referentes del candidato presidencial del Frente para Todos, Matías Kulfas y Miguel Peirano, así lo reseña Ámbito Financiero.

Representantes del Gobierno nacional, el sector empresario y organizaciones sindicales se reunirán este viernes en una nueva convocatoria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, en la que se discutirá el aumento para el haber mínimo y el máximo de las prestaciones por desempleo.

El encuentro tendrá lugar a las 12, en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo (Av. Leandro N. Alem 650), y fue convocado a través de una resolución en el Boletín Oficial, firmada por el ministro de la cartera, Dante Sica.

Según anunció la Confederación General del Trabajo (GCT), el reclamo de la central obrera será elevar el mínimo de los actuales $12.500, establecidos en agosto del año pasado, a $31.148;, de modo que coincida con la Canasta Básica Total de junio, que el Indec consideró como el piso para no ser pobre en la Argentina, así lo reseña Télam.