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El Superior Tribunal informó que aplicará un aumento del 10% a los trabajadores judiciales y en este sentido, desde el SITRAJUCh señalaron que evaluarán como continuarán ya que “un 10% después de 22 meses no soluciona nada”.

Este miércoles se informó que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) había otorgado un aumento salarial del 10% a los trabajadores judiciales, el cual se percibirá con los haberes de septiembre.

Sin embargo, desde el gremio SITRAJUCh advirtieron con la “insuficiencia” de la suma, evaluando que “nos están dando un 10% después de 22 meses sin recomposición, estando casi un 40% atrás de que dio la Corte Suprema”.

Esteban Defelice recordó que “hace 2 meses fuimos citados y nos informaron cómo iban a ser los aumentos de acuerdo a lo dado por la Corte y eran un 10%, 7,5%, 10% y 9% que lo terminábamos cobrando en enero”.

A esa propuesta “dijimos no, porque estos aumentos pertenecen al año pasado y se dieron en noviembre del 2020”.

Ahora, “nos enteramos que se firmó un 10% a septiembre”, con lo cual, “después de 22 meses, no podemos atajar nada”.

Cerró apuntando que este miércoles finaliza el acampe iniciado y que evaluarán las medidas a seguir ante este panorama ya que “un 10 % no nos soluciona el problema”.

El Colegio de Abogados de Puerto Madryn presentó una serie de observaciones sobre las 3 personas propuestas por el Gobernador para cubrir las vacantes del Superior Tribunal. Señalan la falta de capacitación en perspectiva de género, de idoneidad, de regionalidad, de experiencia y de formación. En el caso del fiscal Baez, hicieron una repaso de denuncias presentadas contra él, además de su desempeño en una causa contra Omar “Cura” Segundo.

En un extenso documento enviado al Misterio de Gobierno, el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn realizó una serie de observaciones al Ejecutivo sobre los 3 nombres propuestos para cubrir las vacantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Como lo establece la Ley, el Colegio presentó sus observaciones para que el Ejecutivo las evalúe y tenga en cuenta, para definir si insiste con estos pliegos o si los reconsidera.

En este sentido, los letrados cuestionan la falta de cumplimiento de los criterios de idoneidad, paridad de género y regionalidad, entre otros aspectos.

De esta forma, en el caso puntual del propuesto Daniel Baéz, Fiscal de Puerto Madryn, cuestionan la falta de formación y remarcan que “del curriculum presentado, él menciona haber participado de una maestría” en la cual “solo aprobó 4 materias”.

Además, “no surge ningún antecedente que lo vincule con el Derecho Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería, tampoco Ambiental, ni Tributario”, experiencia requerida para desempeñarse en el STJ.

También repasan un sumario y una serie de denuncias que fueron presentadas contra el Fiscal, además de recordar su actuación en una causa contra Omar “Cura” Segundo, donde el acusado fue sobreseído por vencidos los plazos a raíz que “el Fiscal a cargo no había dado el impulso necesario para que la causa tuviera una resolución condenatoria”.

Entre otros planteos realizados, concluyen que “currículum vitae del postulado Daniel Esteban Báez no cumple con todos los requisitos previstos por la ley, debiendo desestimarse para la postulación al más alto cargo de la magistratura provincial”.

En cuanto a la jueza Silvia Bustos de Rawson, señalan “la escasez de antecedentes profesionales de relevancia y el desconocimiento de una trayectoria profesional reconocida”, al tiempo que subrayaron que “la necesidad de cumplir con la diversidad de género parece ser el único aspecto positivo a destacar en la postulación”.

“Está más que claro que esa sola condición jamás puede alcanzar para el nombramiento en un cargo de semejante trascendencia institucional”, sentenciaron.

Por último, en lo que respecta a Ricardo Napolitani, cuestionaron que no sea una persona que resida en Chubut, lo cual va contra el principio de regionalidad y diversidad regional de la Provincia.

Además, evaluaron que si bien su desempeño “si pudo darse en puestos de importancia institucional (en Santa Cruz), corresponden casi con exclusividad a designaciones de carácter político, sin que el postulado haya recorrido un concurso de antecedentes o haya sido evaluado por comisiones dispuestas para tal fin”.

“La ajenidad territorial de Napolitani sella la suerte negativa de su postulación frente a los claros preceptos de la Ley V Nº 152. Su postulación a la luz de su trayectoria profesional parece obedecer más a una cuestión de simpatías político partidarias que a su idoneidad y probidad para ejercer el cargo, razón más que suficiente para que deba declinarse su postulación”, sentenciaron.

En tanto, en el caso de los 3 postulados, subrayaron que carecen de formación en materia de perspectiva de género, como establece la Ley Micaela.

Por esto lo expuesto en el documento, “solicitamos se tengan por presentadas en legal tiempo y forma las observaciones y que decline las postulaciones a la Legislatura y se procure postular a nuevas o nuevos postulantes que cumplan acabadamente con los requisitos previstos por el artículo 4º de la Ley V-152”.

Movimientos feministas de la provincia convocan a la población a firmar por la impugnación de las designaciones del Gobernador Mariano Arcioni, quien no respetó la paridad de género en el ámbito de la Justicia. El reclamo por la presencia de mujeres en el STJ ha sido acompañado conjuntamente por activistas, figuras políticas y ciudadanas de toda la provincia.

Convocan a firmar la impugnación este martes a las 11:30 en la Casa de Gobierno del Chubut. «Exigimos acceso igualitario en los puestos jerárquicos de los tres Poderes del Estado», reza la convocatoria.

Ojo Paritario, Amnistía Internacional, CLADEM, ELA, FEIM y Mujeres x Mujeres presentaron previamente una carta a Arcioni para que garantice «la transparencia y la representación de género en el Superior Tribunal de Justicia».

La misma se realizó en el marco del proceso de selección para ocupar las cuatro vacantes en el máximo tribunal de Justicia de la provincia, puestos que nunca han sido ocupados por una mujer. Es una de las cuatro provincias en todo el país con este panorama, junto a Formosa, La Rioja y Corrientes.

Fuente: El Extremo del Sur

La selección de miembros para completar el Superior Tribunal de Justicia en Chubut inició su proceso de manera irregular, sin cumplir la ley vigente y con críticas de diferentes sectores que provocaron que la Legislatura devuelva los pliegos al Ejecutivo.

Si se compara el proceso para completar los cupos en el órgano máximo de la Justicia chubutense con la experiencia de Río Negro surgen diferencias llamativas, que fueron descritas por la periodista Natalia Gili, en entrevista.

En la provincia vecina, son dos las juezas que conforman el tribunal desde 2013, mientras que en Chubut nunca en la historia hubo una mujer en el STJ; en Río Negro el tribunal está compuesto por cinco miembros, aquí solo con un ministro supremo (uno de licencia, uno renunció y las otras tres vacantes no fueron completadas)

La colega Gili describió el proceso de selección de los flamantes integrantes del cuerpo, el cual criticó porque los elegidos “fueron los que menos avales populares consiguieron” y aunque reconoció que el proceso legal se cumplió, lo calificó como “una farsa”. Contó que en el debate se puso en el centro el tema del cupo de género, enfocó el análisis en la composición del Consejo de Magistratura y dirigió sus críticas hacia el Ejecutivo, encabezado por la gobernadora Arabela Carreras.

 

Lo resolvió este martes -hace instantes – la comisión de Labor Parlamentaria previo a la sesión. Los diputados entienden que el envío carece de la documentación necesaria.

Los diputados de todos los bloques que integran la comisión de Labor Parlamentaria resolvieron previo al inicio de la sesión de este martes que los pliegos con los nombres de Ricardo Napolitani, Daniel Báez y Silvia Bustos, enviados por el gobernador Mariano Arcioni el último viernes, deben volver al Ejecutivo hasta cumplir con todos los requisitos formales que marca la Ley V N° 152.

Tal como había explicado este lunes ADNSUR, luego del envío del proyecto por parte del gobernador, había surgido una fuerte polémica por parte de diferentes colegios de abogados, figuras de la oposición y hasta representantes de la Nación, quienes aseguran que el procedimiento que se siguió sería irregular, porque no está acorde a lo que marca la legislación vigente.

La discusión está centrada en torno a la ley de 2016 que reglamenta los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución, y que pone una serie de mecanismos previos al tratamiento por parte de la Legislatura. Se trata de la Ley V N° 152, que consta de 14 artículos, que dan lugar a diferentes interpretaciones.

Previo al inicio de la sesión, los legisladores entendieron que no se cumplieron los pasos previos con la documentación necesaria, como por ejemplo, “la publicación en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) Diarios de Circulación Provincial, durante Tres (3) días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se difundirá en la página oficial de la red informática del Ministerio de Gobierno”.

En el artículo 6° la ley establece que “las personas incluidas en la publicación que establece el artículo anterior deberán presentar, un certificado homologado por profesionales idóneos integrantes del Sistema de Salud Pública de la Provincia del Chubut, en donde quede debidamente probada la aptitud física y psíquica necesarias para el desempeño de la Magistratura, considerando que la ausencia de las mencionadas habilidades figuran entre las causales de destitución que enumera el artículo 165 de la Constitución de la Provincia del Chubut”.

“Asimismo, deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente , los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece la Ley de Ética de la Función Pública y su Reglamentación”.

También se dispone que “deberán adjuntar otra declaración jurada en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, si desarrolló actividad académica, y quienes formaron parte de la misma cátedra, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses”.

Y se pide que “deberán adjuntar a las presentes declaraciones Certificación del Registro Provincial de Alimentantes Morosos y Certificado de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia”.

En el artículo 7°, se indica que “los ciudadanos en general , las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de quince (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Gobierno, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones, y circunstancias que consideren de interés expresar en relación de los incluidos en el proceso de preselección, bajo declaración jurada respecto de su propia objetividad respecto de los propuestos”.

Y en el artículo 9° se establece que “en un plazo que no deberá superar los quince (15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo Provincial, dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva”.

“En caso de decisión Positiva, se enviará con lo actuado a la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, el nombramiento respectivo a los fines del acuerdo”.

Todo lo anterior es lo que los diputados expresaron que no fue cumplido, porque los pliegos deberán volver a ser enviados una vez que cumplan con estos pasos.

Así lo indicó el Dr. Ricardo Napolitani, uno de los candidatos para conformar el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, envió para su tratamiento en la Honorable Legislatura provincial los pliegos para cubrir cargos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. La nota de elevación girada por el mandatario provincial incluye la propuesta para integrar el máximo órgano judicial de Chubut con los doctores Daniel Báez, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani.

El Dr. Napolitani se refirió al respecto y expresó que “Como en toda vida pública – política hay quienes comparten decisiones nuestras y quienes no, más cuando nos referimos a temas de justicia”, indicó. Sobre su candidatura, manifestó “yo creo que llegaremos a buen puerto”.

Convocado por Marino Arcioni, el Dr. Napolitani comentó que “el Gobernador me planteó la propuestas, ya que tengo experiencia en el tema, entonces quería alguien que alguien de la zona sur represente en el Superior”. Y agregó “yo le dije que sería un honor”.

Por su parte, el Intendente de Rada Tilly, Luis Juncos expresó que “Conformar nuevamente el Superior era una deuda que tenía la provincia con la Justicia. Ahora la Legislatura debe llevar adelante los pasos formales para que se concrete”.

“Para nosotros es una alegría que esté el Dr. Napolitani, amigo de Rada Tilly, con una amplia trayectoria y esperamos que sin sobresaltos pueda pasar su nominación dentro de la legislatura de la provincia”, concluyó.

Fuente: El Observador del Sur

Lo apunto el Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn a través de Radio 3, señalando que no se respetó la Ley ni el procedimiento establecido para que la comunidad se informe sobre los candidatos ni para que los colegios hagan sus observaciones.

Cuestionó además la postulación de alguien de otra provincia y no tener en cuenta la cuestión de género. Apeló a la “responsabilidad y conciencia legal de los postulados -porque- no pueden ser parte de un procedimiento viciado”.

En diálogo con Radio 3, Ricardo Gabilondo, Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, hizo un fuerte cuestionamiento a las postulaciones hechas por el gobernador Mariano Arcioni para cubrir 3 vacantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Apuntó contra el incumplimiento de la Ley V Nº 152 que establece el procedimiento para presentar las postulaciones, “es otro episodio de gravedad institucional, otro más”, lamentó.

“No se respetó el procedimiento legal -porque- la Ley establece que el Ejecutivo tiene la facultad de postular pero en junio de 2016 la Legislatura estableció, cuando el Gobernador era el vice; una Ley que establece un mecanismo de publicidad y discusión pública para las postulaciones”, repasó.

Explicó que la Ley fija “un plazo para cumplir con la obligación de cubrir la vacante que es de 90 días”, lo cual no se cumplió ya que la Constitución Provincial debe estar integrado por entre 3 y 6 miembros, pero “desde hace más de un año funciona con 2 y ahora con 1 solo por una licencia del restante Ministro”.

La Ley “no se cumplió y ahora no se cumple con el resto de los requisitos. A partir de la difusión de los antecedentes corre un plazo para que los ciudadanos y colegios formulen sus objeciones. Recién después de eso se hace una evaluación, merituación y se eleva o no a la Legislatura”, remarcó.

Sin embargo, en este caso “se sorteó todo, mandaron los antecedentes directamente a la Legislatura obviando por completo la participación ciudadana que permitiría brindar más transparencia a la decisión”, enfatizó.

Ante esto, Gabilondo llamó a “la reflexión al Ejecutivo porque esto es un mamarracho institucional”, además de apelara “la responsabilidad y la conciencia legal de los postulados, porque entendemos que si uno es postulado para ocupar la máxima magistratura provincial y conoce los alcances de la ley, no puede ser parte de un procedimiento viciado”.

En otro tramo remarcó que la Ley establece “3 puntales básico en los criterios que son: la procedencia regional, la especialidad que deben tratar y la diversidad de género”, enfatizando que los criterios tampoco han sido tenido en cuenta.

Precisamente, además de cuestionar la falta de perspectiva de género, también apuntó al nombramiento de alguien de Santa Cruz, “la Ley menciona la regionalidad pero regionalidad de Chubut, no fuera de Chubut”.

“No se ha respetado o tenido en cuenta lo que dice la Ley (…) la forma en la que se está llevando adelante este procedimiento me hace pensar que no hay intención de discutir públicamente la calidad de los postulantes”, evaluó.

El Presidente del Colegio de Abogados de Madryn remarcó que “el tema es gravísimo”, considerando que “podemos decir que hay una urgencia de cubrir el puesto pero que eso no nos lleve a cometer negligencias”.

“Las vacantes que hay es porque no se hicieron las postulaciones que correspondían en el momento oportuno, hay una negligencia o imprudencia de llevar las cosas al extremo en donde hay que resolver de urgencia y se hace mal. Si las cosas se hicieran en tiempo y forma se harían mejor”, finalizó.

Este martes a partir de las 9.30 se llevará a cabo la audiencia de revisión de sentencia condenatoria de la Causa Embrujo. Participarán de la misma defensores, querellantes, la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y el procurador general de la Provincia.

En esta tercera instancia, el tribunal de juicio estará integrado por los ministros del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Mario Vivas y Alejandro Panizzi y el camarista de Puerto Madryn, Leonardo Pitcovsky.

Según indicó diario El Chubut, los magistrados deberán resolver sobre las impugnaciones extraordinarias interpuestas por los abogados defensores en contra de lo resuelto por la Cámara en lo Penal, que confirmó la condena impuesta en primera instancia.

La defensa pública representa a Juan Carlos Ramón, Jorge Aníbal Godoy, Daniela Souza, Rubén Reinoso y Diego Lüters. El abogado Fabián Gabalachis patrocina a Diego Correa y Natalia McLeod, en tanto que Federico Gatica es defendido por Javier Patricio Romero.

La audiencia se llevará a cabo mediante el sistema webex y será transmitida en directo a través de la página de JusNoticias en la red social Facebook.

El intendente Adrián Maderna y Norberto Yauhar le propusieron personalmente al fiscal Omar Rodríguez ser candidato a ministro del Superior Tribunal de Justicia. La idea prosperó, aunque como todo el resto de los potenciales candidatos, necesitará el consenso de las fuerzas políticas.

La idea de llevar a Rodríguez al Superior Tribunal de Justicia está cimentada en varios pilares: Lo consideran un fiscal “implacable” en su lucha contra la corrupción, fue una de las figuras centrales de todas las causas que derivaron en la detención y condena – en algunos casos, ya que otras están en juicio oral o en etapa preliminar – de varios funcionarios del exgobernador Mario Das Neves y también del actual mandatario, Mariano Arcioni, como el caso de las investigaciones contra la exministra de Educación y diputada provincial, Graciela Cigudosa, y la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola.

Además, Maderna y Yauhar quieren “a un hombre o una mujer del Valle” y en esa terna el primer nombre que surgió fue el del fiscal Rodríguez.

Fuentes confirmaron a Metadata que el Procurador General, Jorge Miquelarena, está al tanto de la situación y esta situación generó un efecto ambiguo: Por un lado, se mostró disconforme por la posibilidad de perder una pieza clave, y por el otro, habría considerado importante que un representante del Ministerio Público Fiscal llegue a la Corte Provincial.

Por el ala del gobierno provincial, el nombre no seduce, a tal punto que Arcioni antes de salir de licencia apuntó – sin nombrarlo- contra la causa de Cigudosa, que justamente tramite Omar Rodríguez.

El nombre será puesto a consideración del Partido Justicialista, pero también buscarán consensos con diputados de otros espacios en caso de no tener el guiño de la estructura peronista.

Rodríguez no tiene vínculos con la política y siempre estuvo alejado de la clase dirigencial. Esta característica, es otra de las cuales habrían seducido al intendente Adrián Maderna y al secretario Coordinador, Norberto Yauhar.

Fuente: Metadata

Alejandro Panizzi, uno de los dos integrantes del Superior Tribunal de Juticia, fue contundente respecto a la falta de relación con el poder ejecutivo provincial.

El ministro del Superior de Justicia, Alejandro Panizzi, dijo durante la mañana del 31 de diciembre que la relación con el poder ejecutivo provincial, con Mariano Arcioni «no es ni buena ni mala, no existe relación».

Las declaraciones de uno de los dos integrantes del TSJ las efectuó en Cadena Tiempo de Trelew, haciendo un balance de lo que ha sido el 2020 con respecto a los cruces que se han tenido con el poder ejecutivo provincial.

“La relación con el poder ejecutivo es nula, inexistente, no hay dialogo, si este hombre (Mariano Arcioni) no habla, toma decisiones que van a repercutir en el poder judicial y no nos habla, no le contesta el teléfono ni al presidente del Superior Tribunal de Justicia”, aseguró Panizzi.

El funcionario judicial aseguró que la relación con el gobernador Mariano Arcioni «no es ni buena ni mala, no existe la relación. Y esto repercute en el funcionamiento y demás cuestiones del Superior Tribunal porque hay cosas de la política pública que no se pueden decidir sin someterlas a consenso. Así son las reglas del juego democrático. El diálogo es esencial dentro de la democracia”.

En este sentido, el funcionario judicial consideró que “puede no haber consenso, pero la ausencia de diálogo no puede no existir. Se puede no estar de acuerdo, pero hay que hablar”. Asimismo, reconoció que con Arcioni “hemos tenido algunas charlas vinculadas con el presupuesto, vacantes y demás, pero últimamente no tuvimos contacto”.

Fuente: Jornada