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Torres Otarola

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La jueza de garantías Ivana González será quien deberá decidir la apertura de la investigación que el próximo 11 de agosto solicitará el fiscal general Omar Rodríguez en la causa denominada periodísticamente como “Ñoquis calientes” en la que se investiga a la ex Ministra de Familia Cecilia Torres Otarola y a otras 12 personas.

Así fue confirmada por la Oficina Judicial de Rawson encargada de realizar la audiencia en parte de manera presencial y en parte por el sistema de videoconferencia teniendo en cuenta que muchos de los involucrados residen en la Capital Federal.

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Además de Otarola, se pedirá la imputación de Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles,  Silvana Adriana Cañumil,  Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

El Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal general Omar Rodríguez a la vez que la ex funcionaria será asistida por el penalista particular Fabián Gabalachis. La audiencia se realizará a las 10 de la mañana en la sede de la Oficina Judicial de la ciudad de Rawson, informó Red 43.

El penalista Fabián Gabalachis será el defensor de la exministro de Familia Cecilia Torres Otarola y de otras tres imputadas por la Causa Ñoquis Calientes: Jaquelina Rodera, Silvana Cañumil y Pamela Matamala. La audiencia de apertura de investigación será el 11 de agosto a las 10 en la Oficina Judicial de Rawson. La jueza será Ivana González.

El abogado reveló que al hablar del caso, Otarola “me dio explicaciones en función de los comentarios que escuchó del fiscal Omar Rodríguez y está completamente convencida de que todo esto es un error y que interpretaron mal la normativa de la administración pública”. Sin embargo, Gabalachis advirtió que “antes de escuchar y analizar lo que me manifestó, quiero tener un conocimiento acabado de la imputación”.

-¿Quiere hablar?

-Ella quiere hablar pero ante las declaraciones del Ministerio Público Fiscal quiere salir a contestar pero le aconsejé que no lo haga y que el ámbito para declarar eventualmente es en la justicia y no en los medios.

En cambio, las otras tres acusadas “son más pasivas, la que más siente la necesidad de explicar públicamente es ella”. En este sentido, “analizaremos lo que suceda en la apertura porque si fuera por ella, no tengo ninguna duda de que quiere declarar, pero tengo que analizar cuáles son los elementos de prueba y le aconsejaré”.

“No la noté con un alto grado de preocupación, más que nada la noté con un alto grado de querer tratar de explicar, de salir a contrarrestar lo que dice el MPF”, agregó. “Se parece a la ansiedad, pero tampoco está desesperada”.

Parte de la audiencia de la Causa Ñoquis Calientes será por videoconferencia ya que hay imputados en Capital Federal. “Una declaración de ese tipo donde puede haber preguntas de Fiscalía sería interesante que sea presencial y cara a cara, así que seguramente será un poco más adelante”, consideró. Gabalachis no ve problemas en las audiencias virtuales para, por ejemplo, notificar imputaciones. “Pero para ejercer la defensa con interrogatorios a testigos lo noto muy complicado. No funciona con la efectividad de lo presencial, para advertir rasgos y tiempos”.

“Otarola es una persona acostumbrada a la función pública que tiene una exposición, y es en ese sentido que siente la necesidad de hablar, pero no siempre las cosas dentro de la administración pública funcionan de modo similar a una causa judicial, y por eso le digo que sea más prudente por eso.

El defensor dijo que la exministro “admite las contrataciones” que realizó. Y de lo que sabe hasta ahora de la Causa Ñoquis Calientes, “mi primera impresión es que hay una suerte de desorganización en la administración pública en general, y que lo que tendremos que analizar es si esa desorganización constituye delito. Debe haber otros estamentos del Estado con situaciones similares, y si los hay parece injusto que todos los cañones apunten a ella. Pero hay que avanzar con la prueba”.

Sentimiento

-¿Sostiene que en estas causas arranca con cancha inclinada?

-Estamos en una época que todo aquello que implique defensa de funcionarios públicos en materia de defraudaciones al Estado implica necesariamente jugar con la cancha inclinada. Es el sentimiento general de la sociedad en este momento, una suerte de desmanejo de parte de los funcionarios. Es el rol que me toca ejercer de la manera más efectiva posible.

Algunos de los empleados contratados por la ex Ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, nunca fueron a trabajar.

Tras la imputación de la ex Diputada Provincial y Ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, por «fraude a la administración pública”, continúan las investigaciones sobre los hechos de corrupción realizados durante su tiempo de gestión.

En el marco de la causa «Ñoquis calientes», nombre que se le puso a este hecho considerando que Otarola contrataba personal para que luego le dejaran parte del sueldo, el Gobierno decidió dejar sin efecto dichas designaciones teniendo en cuenta que algunos de los empleados nunca fueron a trabajar.

 

El escándalo de Cecilia Torres Otarola pegó duro sobre el gobierno de Mariano Arcioni, pero le resultó útil para soltarle la mano a la incontrolable ministra y también para recalcular su orientación, al prescindir también de Andrés Meiszner.

Al gobernador le molestan de manera evidente los estilos personalistas que compiten con su autoridad. Cree, sin embargo, que en ese sentido Touriñan puede apelar a la clásica «rosca» sin procurar réditos personales para sí mismo.

Por ahora el gobernador sigue recibiendo destratos de varios de los diputados que compartieron boleta con él hace poco más de un año. En las sesiones que se realizarán esta semana en la Legislatura resultará complicado que se aprueben el proyecto de renegociación de la deuda y el pliego de Javier Alvaredo como presidente del Banco Chubut.

Arcioni cuenta con los 7 votos propios y quizás los tres de Juntos por el Cambio. Necesita al menos cuatro más de los 9 restantes, donde con seguridad los 6 que suman Sastre y Maderna esperarán el desembarco del nuevo secretario General de Gobierno. Los 8 del Frente de Todos están sentados en la vereda.

Dos intendentes con reproches

«La verdad es que hay cuestiones que realmente cansan porque no surgen respuestas desde Provincia y siempre terminan siendo atendidas por el Municipio. Acá se trabajó mucho para muchas personas que ocupan cargos importantes; hay que salir un poco a la calle para darse cuenta quién está haciendo bien las cosas», dijo Gustavo Sastre luego de confesar que el gobernador Arcioni no le atendía el teléfono.

Por su parte, Adrián Maderna afirma que «no hay diálogo prácticamente. Capaz que son estilos innovadores de hacer política». Más allá de la ironía, el intendente de Trelew cree que «sería bueno recomenzar de cero. Nos quedan todavía tres años de gestión y debemos ser reflexivos. Hay que poner paños fríos».

Sastre -que valora más las gestiones de delegados nacionales como Emanuel Coliñir- espera también que con Touriñan en funciones cambien las cosas. «Es un gran compañero que sabe de política», sostiene.

El ex jefe de bloque de diputados de Mario Das Neves tiene un enorme desafío que espera resolver en seis meses, ya que ese fue el plazo que -según confesó en una radio- que aceptó estar en funciones. Por lo menos avisó, a diferencia de Sergio Mammarelli que tres años después cuenta que había pactado un corto plazo con Arcioni para aplicar su receta de ajuste neoliberal que luego se truncó.

«Parece que tiene miedo de salir de Rawson», dijo el intendente de Dolavon, Dante Bowen, mientras Gustavo Sastre le reprocha al gobernador Mariano Arcioni que no lo visitó una sola vez este año.

No deja de ser cierto que el gobernador prefiere la seguridad de los interiores al desafío de recorridas externas, aun preservando el distanciamiento social. El lunes 13, por ejemplo, su gobierno entregó una decena de viviendas en Comodoro y él encabezó el acto por videoconferencia.

Un testimonio en la causa da cuenta de la particularidad con la que se manejaba la ex ministra Cecilia Torres Otarola.

La situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de directora en el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, es otro aspecto destacado en la imputación formulada este miércoles por el fiscal Omar Rodríguez contra Cecilia Torres Otarola y 12 personas más.

M.N.F. es hija de Sandra Jaramillo, quien fuera empleada doméstica de Torres Otarola, desde mediados de 2019 hasta enero de este año.

“En lo que aquí interesa, Cecilia Torres Otarola, ya en el cargo de ministra, le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Para ello le pidió que le mande foto por wasap (SIC) del DNI de su hija. Dicha situación se concretó y la nombrada fue designada en el cargo más arriba mencionado. M.N.F. solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más”, afirma la presentación escrita.

Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F. se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO donde en ese momento se vivía “un clima de tensión”.

En segundo lugar, se rompió la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, por lo que aquella le dijo a su hija que no concurriera más a trabajar al ministerio.

“En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $, situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria”, señaló El Comodorense.

Alberto Gilardino es el abogado que se mencionaba en la causa «ñoquis calientes» como beneficiario de un alto salario que desde el Ministerio de Desarrollo Social se pagaba a su propia madre, ya que él aún debe responder por su responsabilidad la causa Revelación.

Como se sabe, aquella causa judicial también incluía sobresueldos aunque todavía no fue llevada a juicio.

Otarola y doce imputados más

«Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a fraude a la administración pública» se denomina la causa que este miércoles elevó el titular de la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Omar Rodríguez. A través de la misma, se imputó a la ex funcionaria y a otras 12 personas.

En concreto, lo que está en duda es la idoneidad y la efectiva prestación de servicios por parte de quienes dependían laboralmente de Torres Otarola desde la época en se desempeñaba como diputada provincial.

El arrepentido Gilardino

En este contexto reapareció el «arrepentido» Alberto Gilardino, fugaz jefe de Gabinete que últimamente habría accedido a un salario del Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud a través de su madre, Patricia Claudina Antonio, ahora también imputada en esta causa.

Gilardino -que antes de ser jefe de Gabinete fue secretario de Pesca de Chubut- se halla impedido de ejercer cargos públicos en función de las imputaciones que pesan sobre él en el marco de una de las causas de corrupción que estallaron en Chubut cuando cayó en desgracia Diego Correa.

Se trata de la denominada «Revelación», que justamente comprende el pago de sobresueldos, uno de cuyos beneficiarios fue en su momento Gilardino, según él mismo admitió ante dos fiscales buscando mitigar la pena que podría caberle cuando se lleve a cabo el juicio, sucesivamente pospuesto desde comienzos de este particular año 2020.

«Garganta Profunda»

Pocos días después de que estallara la causa «Revelación» -el 22 de mayo de 2018- se supo que un ex alto funcionario del gobierno provincial que encabezó Mario Das Neves había brindado un testimonio clave para entender cómo era el mecanismo de cobro de los sobresueldos. Se trataba ni más ni menos que de Alberto Gilardino, el hombre que sucedió a Víctor Cisterna como ministro Coordinador de Gabinete en noviembre de 2016 y que había renunciado un mes y medio antes de la muerte de Mario Das Neves, ocurrida el 31 de octubre de 2017.

«Empecé a tener ‘ruido’ de los manejos de Correa sobre el final. De hecho, vino (Pablo) Durán, que era el ministro de Gobierno, y me dice ´Beto, hay mucho ruido con Diego (Correa), de que está viniendo gente a dejarle cosas a Casa de Gobierno (plata concretamente); que lo tienen grabado; que lo tienen filmado; que las pide de su teléfono particular´. Como que él tenía el dato de que andaba dando vuelta eso», declaró Gilardino ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz.

Contó también que a Cisterna «se lo acusaba de manejar cuestiones de plata y se hizo público que le decían ´toallón´ (porque te abrazaba y quedabas seco), así que parecía que había un sector que lo quería afuera… Das Neves nos convoca a Pablo Oca y a mí. Le dice a Pablo que prefería que él siguiera manejando los números y que yo sea el próximo jefe de Gabinete».

Una vez en el cargo, Gilardino se reunió en la Secretaría Privada con Correa y Gonzalo Carpintero. «Correa me dice: ´no hables nunca de plata con Mario; no se habla de plata con él; todo eso lo manejo yo; a vos te vamos a dar un monto fijo por mes porque hay que venir todos los días, todas las tardes… los sábados nosotros venimos a trabajar; tu teléfono tiene que estar prendido 24 horas por cualquier eventualidad».

Gilardino explicó que «estaban divididos; Gonzalo hacía la parte política y Diego era la parte administrativa y la parte concreta de los pagos. De hecho cada vez que se viajaba Diego era el que pagaba los gastos de Mario. Me dicen que me iban a dar $ 100.000 por mes en concepto de horas extras o algún motivo así, como que venía estipulado. Yo acepté». Dijo que cobró en diciembre de 2016 y en enero, febrero y marzo de 2017.

Cuentas claras

Llegó el recambio de autoridades de las sociedades de las cuales el Estado participa y Transpa era una. «Estaba (Hernaldo Pedro) Crisci, quien se fue junto a Cisterna porque era su mano derecha en la Coordinación de Gabinete».

Gilardino pidió blanquear la plata que recibía porque «me trasladaban el problema a mí donde yo tenía plata que no la tenía blanqueada». Aceptaron su idea. «Hacen renunciar a Crisci y me nombran a mí en una sesión extraordinaria, y también en Hidroeléctrica Futaleufú. Entre los dos eran más o menos 15 (mil) de uno y 30 y pico de otro, casi sumaba 50 mil pesos entre los dos, más allá de que me tenía que pagar los autónomos todos los meses, quedando blanqueado así 50 mil y empiezan a darme 50 y no 100».

Sus declaraciones se hicieron públicas porque desde la misma Fiscalía se hizo circular el video donde era interrogado por los fiscales.

La nueva imputación

«Siguiendo con el relato de los hechos, también debemos mencionar la situación de Antonio, Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020 le efectuó transferencias bancarias al CUIL 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 peso, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada», sostiene la presentación hecha este miércoles por el fiscal Rodríguez.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió a la causa “Ñoquis Calientes” que tiene como principal imputada por presunto fraude al Estado, a la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola. “Hay legajos en donde no hay absolutamente ninguna documentación, ni un CV, solo hay papeles en blanco. Empezaremos a investigar todas las responsabilidades penales”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “en el 2018 luego de que sucedieran las causas Revelación y Embrujo yo le envié una nota al Gobernador Mariano Arcioni haciéndole saber la preocupación por la falla en los órganos de contralor del Estado. En ese momento el ex ministro Coordinador de Gabinete, Sergio Mammarelli les advirtió a todos los funcionarios los cuidados que se debían tener a la hora de manejar fondos públicos o contratar personal”.

“Hay legajos en donde no hay absolutamente ninguna documentación, ni un CV. Empezaremos a investigar todas las responsabilidades penales”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “no puede ser que no haya un control en la gente que se contrata. Hay personas que figuran trabajando en Chubut pero viven en Buenos Aires y en muchos casos, ni siquiera saben dónde queda nuestra Provincia”.

“Vamos a investigar todas las responsabilidades de todos aquellos que intervinieron. Podría haber investigaciones internas dentro de la propia administración”, indicó.

En este marco, aseveró que “no puede ser que no haya el más mínimo control. Se acreditó que mucha de la gente contratada devolvía un porcentaje importante del sueldo”.

“Todos los funcionarios –del Gobernador para abajo- que hayan intervenido en estas contrataciones irregulares, serán investigados”, afirmó.

Finalmente, Miquelarena concluyó que “hay directores de área que al ser interrogados no sabían quiénes eran los subsecretarios contratados porque nunca habían asistido a trabajar”.

El gobernador Mariano Arcioni se refirió por primera vez este martes a la causa Torres Otarola, que investiga un presunto fraude al Estado por parte del Ministerio de Familia que conducía la exdiputada provincial, también investigada por supuesto enriquecimiento ilícito.

«Lo que sucedió en el Ministerio de Familia lo está investigando la Fiscalía -remarcó el gobernador-. Hasta ahora están los trascendidos porque no se ha demostrado nada. Que quede bien en claro que las personas que no trabajan conmigo no van. Puedo asegurar que todos los asesores que tenemos en el Ejecutivo están trabajando», enfatizó.

Arcioni aseguró que en su gobierno «aquellos que no trabajan, tienen que dar un paso al costado. El que es el responsable de esa área también tendrá que retirarse».

Detalló: «Yo tengo más de 40 asesores directos. En total, en Gobierno, hay 186 asesores. Toda la información está en el Internet y en los sitios oficiales. No hay ñoquis y si están ahora, se van a ir en un futuro. Quédense tranquilos. Logramos reducir en un 36% la Planta del Poder Ejecutivo», remarcó el gobernador de Chubut.

En las últimas horas, el procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, remarcó: «Vamos a avanzar en las responsabilidades penales de quienes deben controlar dentro del Estado”. Luego de que en la causa “Ñoquis Calientes” se volvió a verificar un relajamiento en el armado de los legajos del personal de gabinete que había sido contratado por la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, el procurador general advirtió que dado que el gobierno no hizo caso a las recomendaciones de la justicia, va a haber consecuencias penales para los funcionarios que no controlen.

Se trata de Miguel Angel Reto Trelles, un hombre de nacionalidad peruana que debió realizar una probation por agresiones físicas contra su exconcubina. La Justicia investiga qué funciones cumplía ya que no tiene domicilio en la provincia. Figura como Director General dentro del ministerio de Familia y cobró en total 340 mil pesos.

La Fiscalía a cargo de Omar Rodríguez sigue avanzando en la investigación de la causa denominada “Ñoquis Calientes” que intenta determinar si la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, defraudó al Estado provincial mediante una serie de contrataciones irregulares.

La Justicia analiza un total de 24 contrataciones, por ahora, entre las que sobresalen el caso de la niñera Silvana Cañumil, quien estaba nombrada como subsecretaria dentro del ministerio de Familia pero se presume que su tarea, además de oficiar de recaudadora, era la de cuidar a los hijos de Cecilia Torres Otarola.

La relación entre Cañumil y Otarola data de muchos años atrás cuando la exministra era propietaria de un comercio en Esquel de nombre “5 comentarios”.

Entre la nómina de asesores que se investiga, se encuentra también la madre un exfuncionario provincial que estuvo relacionado a las causas de corrupción dasnevista.

Pero uno de los casos que más llamó la atención para los investigadores fue el del jardinero. Se trata de Miguel Angel Reto Trelles, un hombre de 35 años, de nacionalidad peruana que tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires y que sin embargo figura en la nómina del ministerio de Familia con categoría 4 (rango de Director) y un sueldo de $85.873. Es decir que en total, desde su nombramiento a la fecha, el jardinero habría embolsado más de $340 mil del Estado provincial.

Según los testimonios y la hipótesis de la Fiscalía, Trelles no desempeñaba tareas habituales para la cartera de Desarrollo Social y tendría vínculo con Jacqueline Rodera, exsubsecretaria de Desarrollo Social.

El «jardinero» además cuenta con el antecedente comprobado de haber recurrido a una probation por agresiones físicas contra su ex concubina.

Se detectaron movimientos bancarios desde la cuenta de Trelles hacia la cuenta de la niñera de Otarola, Cañumil, la presunta recaudadora, por lo que los investigadores intentan determinar si se trata de un presunto “retorno”, práctica que se repetiría en todas las contrataciones que están siendo objeto de investigación.

Como si faltara algo, varios de los nombramientos en el Ministerio de Desarrollo Humano no cumplieron con los requisitos administrativos requeridos, como por ejemplo el pedido de antecedentes penales.

Cabe recordar que meses atrás, envuelto en otro escándalo, se detuvo a Pablo Leuful, director del Ministerio con funciones en Esquel, por violar la cuarentena aparentemente alcoholizado. Tras ese hecho, se descubrió que Leuful tenía antecedentes penales y Otarola dijo entonces ignorar que se les debía pedir certificado de antecedentes a sus funcionarios, señaló El Patagónico.

Lo aseguró el fiscal general de Trelew Omar Rodríguez, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.

Es porque a la ex ministro de familia de la provincia, Cecilia Torres Otarola, se la investiga en principio por la figura de fraude en la modalidad de estafa y además por la figura de concusión, al haberle exigido a los empleados que de ella dependían parte del sueldo que se paga con fondos públicos.

Entre las graves irregularidades, Rodríguez reconoció que tiene acreditado que Adriana Cañumil fue nombrada como subsecretaria en la cartera de Familia por la simple condición de ser la niñera que cuidaba a sus hijos.

«Fue nombrada como subsecretaria por ser quien cuidaba a sus niños y eso está acreditado por varios testigos» explicó Omar Rodríguez.

El fiscal detalló que Cañumil, a quien se hizo figurar como subsecretaria, jamás se la vio por la cartera ni tampoco cuando era asesora de Torres Otarola en su paso por la cámara de diputados, donde tampoco asistía a pesar de cobrar en tal condición.

Pero además Adriana Cañumil, según describió el fiscal, ocupaba un rol central en el engranaje de captación de fondos públicos porque a su cuenta eran girados los montos provenientes de los «ñoquis» nombrados por Torres Otarola y desde esa cuenta iba a parar a la de la ex ministro.

También quedó acreditado en la investigación el nombramiento de un jardinero, que reside en Buenos Aires, de nacionalidad peruana que contaba con antecedentes por violencia de género, lo cual es una contradicción en si mismo al ser funcionario de Familia.

Ayer se realizaron varios allanamientos en propiedades de Playa Unión, barrio 2 de abril de Rawson y Trelew, buscando a los investigados para que aporten elementos para la causa y secuestrar sus teléfonos.

Pero lo que sorprendió es que los ex funcionarios estaban en el ministerio de Familia, donde nada tendrían que hacer, lo que demuestra el nivel de porosidad que existe en el estado provincial.

Otro aspecto que Rodríguez hizo hincapié es en la inexistencia de datos de los funcionarios contratados por esa cartera.

«No había ningún dato de las personas que figuraban en el decreto de designación, en algunos casos ni siquiera la fotocopia del documento», señaló Radio Chubut.