Según lo establece la Ley, se votará por sí o por no y será recién cuando los proyectos estén listos para entrar en producción.
La Legislatura, sobre la hora, puso cierto margen de previsibilidad para la actividad minera y decidió por una mayoría ajustada continuar con el debate y no prohibir de forma definitiva su desarrollo en toda la provincia. Fue 15 votos a 12.
La discusión continuará, ya que por 120 días se decidió suspender cualquier tipo de desarrollo minero, con el objetivo de que se den las condiciones marco, brindadas por el Gobierno Provincial para tomar las decisiones. Hasta allí todo igual. La diferencia radica en el Artículo 4, donde se estipula la consulta popular, y de forma vinculante. Esto debería ocurrir luego de que se dé el debido debate, para lo cual se dieron los 4 meses de plazo.
Se establece en el punto 4 que “previo al inicio de la actividad del aprovechamiento minero metalífero, deberá contarse, obligatoriamente, con licencia social. Para ello se deberá utilizar el mecanismo de Consulta Popular vinculante previsto en la Ley XII N° 6 (antes Ley Nº 4.564), abarcando la región o localidades afectadas por el proyecto de exploración”.
En ese sentido hay dos cuestiones que destacar. En primer lugar, la consulta es vinculante. Es decir que la decisión que tome la gente tendrá fuerza de ley. Por otra parte, el debate por el avance o no, no se dará en toda la provincia, sino de forma zonificada, es decir sólo en aquellas regiones donde haya yacimientos por desarrollar. Vale aclarar en ese sentido que hoy son dos los proyectos más avanzados: Navidad, en la zona ubicada entre Gastre y Gan Gan (para la explotación de plata y plomo) y Cerro Solo, localizado en Paso de Indios, para la extracción de uranio.
Otro detalle a tener en cuenta es que en Esquel seguirá sin poder avanzar la actividad, ya que sigue vigente la ley 5.001.
Una de las cuestiones que abrió la polémica fue la posibilidad o no de modificar el proyecto de Iniciativa Popular, tal como ocurrió. Dentro de esa discusión, aparecían las posturas que indicaban que las normativas permitían correcciones, mientras que en el lado opuesto advertían que más que modificaciones se había presentado un proyecto nuevo.
Al analizar el texto ambientalista y compararlo con la ley finalmente sancionada, se observa que sólo se siguió al pie de la letra el primer artículo de los 6. El mismo manifiesta que se tiene por objeto “garantizar el cumplimiento de los principios ambientales preventivos, precautorios, de sustentabilidad (…) como así también garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales. B) Proteger los recursos hídricos C) Mantener el equilibrio de los sistemas ecológicos”. Y hay otros puntos sobre los cuidados sobre el medio ambiente.
Los otros artículos de la Iniciativa Popular hacían hincapié en las prohibiciones sobre la minería metalífera, que es lo que los diputados que votaron el nuevo proyecto querían evitar.
Posturas de los diputados
La defensa más firme del proyecto finalmente aprobado corrió por cuenta de Argentina “Ika” Martínez (FpV). La diputada puntualizó que había artículos de la Iniciativa Popular que contradecían la Constitución y las normativas del Código Minero.
“Encontramos la inconstitucionalidad en varios artículos y nosotros debemos actuar con responsabilidad”. Apuntó que “el Artículo 99 de nuestra Constitución dice que se promueva el desarrollo de nuestros recursos”.
“Ika” cerró su exposición de una forma particular. Leyó un artículo que hablaba de la necesidad de impulsar la minería como una alternativa económica. Ante la pregunta irónica al aire de Jerónimo García por el autor: ´¿Es Eliceche?´, la diputada reveló la autoría: se trataba de Mario Das Neves.
Una de las objeciones más fuertes fue la de Roberto Risso. “Lo que se hizo (con las modificaciones) es menoscabar el esfuerzo de un grupo de chubutenses porque ellos lo hicieron por convicción, no hay interés económico atrás”. Manifestó que “se demostró que no hay control para la minería”.
El dasnevista Jerónimo García, cargó contra el Gobierno, indicando que no expresa una posición clara. “Buzzi promete un cheque a cada ciudadano por la minería, es increíble”. Aseguró que “el derecho a la vida se relaciona con el derecho a la salud”.
Argumento petrolero
Carlos Gómez, del PJ, planteó desde un principio desde dónde hablaría: “En representación de los trabajadores petroleros que representan 12 mil familias”. En este sentido dio algunos argumentos tan sinceros, como llamativos. “Yo defiendo esto porque es en la actividad petrolera donde se usa radioactividad y químicos contaminantes”, haciendo referencia a los controles que se ejercían para que ello no dañe el ambiente.
Comparó el pedido de la meseta para que llegue la minería con la movilización y el plebiscito en Esquel en aquel momento para prohibirla: “Hoy la meseta, junto a los intendentes está tratando de hacer su voz”.
Por su parte, a la diputada Alejandra Johnson Táccari, tuvo una explicación al menos confusa de por qué acompañaba el dictamen de mayoría del FpV. Expresó que su voto iba en contra de la Iniciativa Popular, auncuestionó que no haya sido informada de los cambios que se impulsaron desde el bloque, para lo cual mostró su enojo. Incluso marcó sus críticas hacia el Gobierno, por no haber dado el debate antes como correspondía.
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