La prensa brasileña se hizo eco de la causa que involucra al presidente Mauricio Macri por la conformación de sociedades offshore en paraíso fiscal, mundialmente conocida como Panamá Papers, y asegura además que el primer mandatario de ese país, Michel Temer, «actúa para proteger» a su par argentino.
Así se desprende de una nota publicada en el diario brasilero Carta Capital, que aduce falta de colaboración de ese país ante los exhortos diplomáticos que envió la Justicia argentina.
Vale recordar que el fiscal a cargo de la causa, Federico Delgado, busca en Brasil datos adicionales sobre siete empresas de los Macri que de un modo u otro tendrían conexiones con el holding Socma Americana.
Las siete empresas bajo la lupa son Owners do Brasil Participacoes -controlada por la sociedad panameña Fleg Trading-, Itron do Brasil Ltda -luego rebautizada MTC Investment do Brasil-, Partech-Unisa Participacoes Ltda, Partech Ltda, Martex do Sul Ltda, Mega Consultoria Servicos e Participacoes Ltda y Global Collection Services do Brasil -luego llamada Dremmer Servicios de Assesoria Ltda-.
Pero según la prensa de Brasil, a la administración de Temer «no le interesa desentrañar» la cuestión judicial.
El medio Carta Capital, que tuvo acceso al pedido de informes del juez Sebastián Casanello por las acciones de las empresas en tierra brasilera, dirigido a organismos públicos y a las empresas de la familia Macri, en la que se requiere los datos corporativos (nombre de los miembros, funcionarios y agentes) y también números de cuenta de los individuos y las empresas vinculadas, así como los registros de retiros, depósitos y transferencias), afirma que el gobierno brasilero dilata la respuesta.
El informe debe pasar por la «Autoridad Central» brasileña. «Se refiere probablemente al Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional, una división del Ministerio de Justicia. El DRCI es la «autoridad central» nacional en todos los casos de la cooperación externa derivada de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, un Tratado de 1992 OEA invocado por Casanello para solicitar la información», reza el texto.
Consultado por el medio, el DRCI no quiso emitir ningún comunicado.
Según Carta Capital, «hay muchos intereses comerciales y políticos» por los cuales a la administración de Temer no le interesa brindar información a la Justicia argentina sobre el caso.
«Para instalar la empresa, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Macri buscó socios locales, narra el libro Una Historia Exitosa (…) Otávio Azevedo, la constructora Andrade Gutiérrez, recientemente condenado a prisión por la lava Avión corrupción y el lavado. En las elecciones de 2014, la empresa constructora dio $1 millón en dinero sucio al PMDB para pasar Temer. Azevedo contó la historia de la Corte Electoral en setiembre, aunque afirmó que los fondos eran para el PT. Hay evidencia de que la transferencia tuvo Temer como el destinatario, la pregunta es si Azevedo va a cambiar la versión», reza la nota publicada ayer.
