Por Pablo Fernando Quintana
El gobierno del Chubut debió improvisar estrategias tras el escenario de represión a los mapuches. Cuestionó las instancias de diálogo (mesa de mediación y presencia del juez Panizzi en el lof) y propició un encuentro con lonkos de la costa. La justicia rechazó el hábeas corpus que pretende preservar la integridad física de los indígenas. Podría llegar al STJ.
La presencia de organismos de DD.HH en Chubut y la visita del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi al Lof en Resistencia Cushamen, llamando nuevamente al diálogo, provocaron que el gobierno provincial tuviera que reposicionarse frente a un conflicto al que la represión pareció ser la única salida que el poder político encontró como respuesta.
Ahora el gobernador Mario Das Neves habla de diálogo en un proceso que tuvo su momento destacado cuando el año pasado se intentó instrumentar una mediación con la intervención funcionarios de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
La convocatoria a la mesa de diálogo estaba respaldada por una Acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en febrero de 2009 y que impuso a los jueces de la Nación la obligación de observar las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, entre las que se destacan integrantes de comunidades indígenas cuando ejercen sus derechos ante el sistema de justicia penal.
Esa instancia comenzó alrededor de marzo y finalizó en noviembre después que el propio gobierno, en la figura de quien entonces conducía los destinos de CORFO (órbita bajo la cual se administra el Viejo Expreso Patagónico La Trochita), Martín Bortagaray decidió poner fin a esas conversaciones. Pero el proceso fue cuestionado casi desde su inicio por el concejal esquelense del dasnevismo, Christian Pasquini, el propio Bortagaray y hasta el mismísimo Das Neves, entre otros actores del gobierno provincial.
Los memoriosos recuerdan que los integrantes del Lof decidieron brindar una conferencia de prensa en el Centro Cultural Melipal de Esquel pocos días después que protagonizaron la recuperación territorial. Más tarde quienes participaron de esa conferencia eran los primeros judicializados de una historia que se extiende hasta nuestros días, con distintas suertes.
Esta semana el primer mandatario elogió las figuras de sus jóvenes ministros, el de Coordinación de Gabinete y el de Gobierno, Alberto Gilardino y Pablo Durán, respectivamente, (este último había tildado a los mapuches como verdaderos terroristas y delincuentes). El gobernador anunciaba la gestión de los funcionarios para poder entablar diálogo con los referente de los DD.HH que habían desembarcado en Esquel alarmados por el escenario de violencia que se había desatado. “Estuvieron en algo que en nosotros nadie puede decir lo contrario, que es el diálogo”, se jactó.
Y entonces volvió a desafiar: “El diálogo se tiene que dar en las condiciones que corresponde, no nos gustó ver a un ministro del Superior dándole la mano a un encapuchado. Esa no es la Argentina que queremos, no es un buen síntoma”, se quejó Das Neves. Olvidando que los integrantes del lof decidieron mantener en reserva sus identidades para no ser procesados.
La visita de Panizzi, un hecho histórico sin dudas, se produjo cuando la escalada de violencia preocupaba a propios y extraños y con saldos que aún tienen más preguntas que respuestas. Dos heridos graves en un proceso que protagonizó Infantería y en el que no hubo ni siquiera orden judicial. Diez personas que fueron detenidas y procesadas en medio de operativos donde por 48 hs las fuerzas públicas habían tomado el poder en la zona de Vuelta del Río.
En medio de ese escenario, para el dasnevismo era indispensable revertir la imagen que daba no sólo a nivel regional y nacional sino más allá de las fronteras del país.
Parte de la campaña comenzó con la publicidad en la entrega de tierras para las comunidades indígenas. La hija de Das Neves, que se desempeña como subsecretaria de Gestión Pública y Modernización del Estado se encargó de difundir que en la web se publicaron como Datos Abiertos, como le gusta decir a la gestión, los “terrenos” otorgados a comunidades originarias. Lo llamativo es que la mayoría de esas entregas son títulos individuales y no comunitarios, lo que deja a las poblaciones indígenas en una situación de extrema fragilidad.
La desesperación por exhibir “políticas indígenas” en Chubut llevó al gobernador a señalar que si se observaban las listas de entrega de viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda la mayoría de ellos tenían apellidos mapuches. Curioso, en una provincia donde las familias con antepasados indígenas son mayoría en el territorio chubutense.
Reunión con lonkos
Es más, el gobierno propició un encuentro con lonkos de la costa. Ricardo Romero, de Gaiman, muy ligado al trabajo de la restitución de restos indígenas y al que lo habrían tentado para ocupar la dirección de Asuntos Indígenas de la provincia; Mayco Huentelaf y su hija Johana de Rawson, quienes supieron estar en el territorio recuperado, y Lucas Antieco referente mapuche de Puerto Madryn.
El gobierno propagó el acta acuerdo que establecía un compromiso por “preservar la paz social”, pero obvió el acta que también se firmó con autoridades del gobierno y en el que se manifestaba la preocupación de los lonkos por lo que estaba sucediendo en la cordillera. Allí exigían la libertad de quienes aún permanecían detenidos tras el operativo de Gendarmería Nacional y que finalmente quedarían liberados tras las gestiones de los organismos de DD.HH.
Sin Habeas Corpus
En tanto, en primera y segunda instancia la Justicia del Chubut negó el hábeas corpus presentado por la Defensoría General, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos e integrantes de Pueblos Originarios. La medida está impulsada por los Defensores Oficiales, Gerardo Tambussi, Fernando Radziwilowski, Marcos Ponce y Bruno Deías; Carlos González Quintana y Raúl Prytula de la APDH; Elisa Oses de la comunidad Las Huaitekas y Soraya Guitart del Lof en Resistencia del Departamento Cushannen.
En primera instancia, el Juez José Oscar Colabelli y posteriormente, en la apelación, Carina Estefanía y Nelly García rechazaron la medida. Los magistrados consideraron que no existía amenaza actual o inminencia en la libertad de quienes ocupan el territorio en Vuelta del Río sin orden escrita de autoridad competente.
La presentación fue como consecuencia de los hechos ocurridos el miércoles 11 de enero cuando en la zona de conflicto irrumpieron miembros de la Brigada de Infantería de la policía del Chubut sin orden judicial y dos personas con heridas de gravedad. Debido a esos sucesos se encendió la luz de alarma en la Defensoría Pública y organismos de Derechos Humanos.
En su descargo la fuerza pública del gobierno del Chubut sostuvo que sufrieron una emboscada. “Estoy casi seguro de que alguien avisó que salimos de esa localidad (El Maitén) porque era evidente que nos estaban esperando a la altura de la toma, como que fuimos emboscados encontrándose todas la personas encapuchadas para arrojarnos piedras mediante la utilización de hondas entre otras cosas», sostuvo el oficial principal, Javier Solorza a cargo del escuadrón.
El relato policial sostiene que nunca ingresaron al predio y que los disparos fueron disuasivos, hacia el aire. Lo cierto es que de ese hecho dos personas resultaron gravemente heridas. Una de ellas con la cara destrozada por una descarga realizada con cartucho metálico o de postas antitumultos.
Los abogados defensores, organismos de derechos humanos y los propios integrantes del lof reclaman por medio de la medida extraordinaria “que frente a la evidente violación de los derechos humanos a la libertad de autodeterminación de la comunidad y ambulatoria y no mediando flagrancia delictual alguna, que cesen inmediatamente las hostilidades y se remitan los antecedentes al Fiscal en turno para que abra una investigación penal”.
En la filmación presentada como prueba por la policía (un video sólo dura poco más de 6 minutos) se observan imágenes a partir del momento que un grupo de uniformados con escudos y cascos efectúan disparos desde la ruta hacia el territorio recuperado. A los efectivos se los ve pertrechados con sus uniformes, chalecos antibalas y cascos con lo cual se descartaría que estuvieran de franco regresando hacia Trevelin como adujeron desde un principio los uniformados. El video da muestra de los disparos del personal policial y no se apreciarían que todos hayan sido disuasivos, como también afirman los efectivos policiales.
“Ha existido un nivel de violencia estatal que merece una medida ejemplificadora de alcance que le ponga freno, que preserve la integridad de las personas”, reprochan en la presentación los abogados defensores.
En su análisis el juez sostiene que si hubo por parte del personal policial un ataque directo hacia los miembros de la comunidad que en su defensa repelieron mediante los medios que contaban, “se advierte un real y concreto abuso policial”. Pero a la vez sostiene también que de acuerdo al relato del oficial Solorza los efectivos intervinieron sin necesidad de autorización judicial por las presuntas agresiones recibidas.
Debería ser el Ministerio Público Fiscal el que investigue como fueron los hechos, manifiesta Colabelli. Aunque es el mismo ministerio que intentó aplicar la ley antiterrorista a los integrantes del lof y compartió información con una agente de inteligencia, hechos que están siendo investigados por la justicia federal.
Lo cierto es que como aquel relato bíblico que da cuenta del ‘lavado de las manos’ protagonizado por Poncio Pilato, Colabelli aduce que “tomar una decisión en uno u otro sentido, de modo afirmativo, respecto a un acontecer donde no surge palparía y realmente una clara y manifiesta actividad, ya sea de abuso de la autoridad policial que sean constitutivos de una amenaza a la libertad de alguno o todos los miembros del Lof, ni tampoco un accionar de éstos en haber agredido ilícitamente al personal policial que importara la reacción de éstos para justificar el pretendido cese, tal como se afirma, denotaría a la luz de lo verificado un acto de arbitrariedad y carecería de valoración suficiente en la aplicación de la ley respecto a hechos que no denotan un accionar en el sentido propiciado por los Sres. Defensores”.
Ni siquiera “favor debilis” (el principio de protección a las víctimas), terminó por dirimir el hecho, aunque el propio magistrado lo menciona. Y si bien Colabelli destaca inclusive algunas inconsistencias en el relato del policía Solorza, vuelve a sostener que será el Ministerio Público Fiscal quien investigue esos dichos. El polémico juez asegura que el hecho fue aislado, puntal y no persistiría en el tiempo.
Finalmente, en el mismo dictamen Colabelli desligó al flamante titular de la Unidad Regional Esquel, comisario Mayor Paulo Heredia de todos los sucesos al señalar que el accionar fue desplegado por un grupo de Infantería de Rawson integrantes de la Policía del Chubut, cuya dependencia no está en la órbita de la URE.
La apelación llegaría a manos del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, el juez que en el diálogo que mantuvo con los integrantes del lof, cuando los visitó recientemente el territorio recuperado se excusó de opinar sobre los hechos sucedidos: “yo habló por mis sentencias”. Quizás ahora tenga la oportunidad.
