La directora ejecutiva de la oficina argentina de Amnistía Internacional (AI) advirtió que se percibe un mundo que «le da la espalda a los derechos humanos» y que la situación este año «será mucho más grave, al presentar en Buenos Aires el informe anual de la organización sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
“El 2016 mostró un gran retroceso en materia de derechos humanos”, dijo la titular de AI en Argentina, Mariela Belski, en una conferencia de prensa de la que también participó el director ejecutivo de AI Venezuela, Marcos Gómez.
“Se percibe un mundo que le da la espalda a los Derechos Humanos y que durante 2017 será mucho más grave”, agregó Belski, un día después de que AI presentara su informe anual en París y advirtiera del surgimiento de un discurso ultranacionalista y de odio, incluso en países democráticos, que amenaza los derechos humanos en todo el planeta.
“La retórica del odio en boca de líderes internacionales generando la idea de ‘ellos contra nosotros’ se está contagiando en varios países del mundo”, subrayó Belski, que mencionó a los presidentes estadounidense, Donald Trump; el filipino Rodrigo Duterte y el turco Recep Tayyip Erdogan, como ejemplos de gobernantes que “cuestionan los derechos humanos y su conceptualización”.
“En Estados Unidos está la idea de identificar a personas vulnerables como refugiados o migrantes para justificar políticas de seguridad o económicas y eso tiene su correlato en otros países del mundo”, sostuvo.
Ante este informe -que se confecciona hace 40 años y que registra la situación en 159 países-, desde Argentina preocupa “la reacción de la sociedad en el mundo que parece no registrar situaciones como la crisis de refugiados, la más grande después de la Segunda Guerra Mundial”, añadió.
Con respecto a América Latina, Belski calificó la situación en derechos humanos como “muy, muy crítica” y dijo que en 2016 fue considerada “la región más desigual y violenta del mundo, con países como Venezuela, México, Brasil, El Salvador y Nicaragua con los índices más altos de homicidios. En tanto que, diariamente, hay 12 femicidios en toda América Latina”.
Belski también observó que el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo “una de las crisis financieras más grandes”.
En relación a esto, la abogada argentina sostuvo que países como México “se enfrentaron a la CIDH en casos como el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sin reconocer su responsabilidad; allí, además, hubo un informe que registró más 300.000 desapariciones forzadas que el gobierno no reconoce”.
Por su parte, Gómez, que llegó desde Venezuela para visibilizar el trabajo de AI en su país, contó que si bien “hubo avances que se ven como señales positivas”, hay puntos muy preocupantes, que tienen su cénit en las detenciones arbitrarias como el caso del político opositor, Leopoldo López, preso “de conciencia” desde 2014 y por quien AI pide “la inmediata liberación”.
“Las detenciones arbitrarias son sistemáticas, el servicio de inteligencia se niega liberar a personas con orden judicial de liberación; los civiles están siendo juzgados por tribunales militares; los periodistas son detenidos y atacados por ejercer su trabajo; y, ante la crisis económica, no se han adoptado medidas inclusivas”, puntualizó Gómez.
Entre los ejemplos, se refirió al arresto arbitrario del argentino-venezolano Marcelo Crovato, un abogado y activista de derechos humanos detenido por los servicios de inteligencia desde 2014 al intentar defender a un joven y que hasta ahora «no ha tenido un juicio».
“Marcelo intentó suicidarse porque estaba en una cárcel de altísima peligrosidad, ahora está con prisión domiciliaria”, dijo Gómez, que instó al gobierno argentino a mediar por su libertad.
“El gran problema en Venezuela es la crisis económica que sufre la sociedad civil, y los organismos oficiales no suministran estadísticas -aunque están obligados por ley-. Estamos enfrentando una inflación del 800%, la más alta hasta ahora; hay escasez de insumos varios y una caída real del salario”, alertó.
En ese sentido, instó a “una participación activa de toda la sociedad” venezolana y a un restablecimiento de los procesos electorales, porque, afirmó, “la vía de anular derechos no es la solución y la responsabilidad es de todos los actores políticos, que tienen que coexistir”.
