Justicia argentina solicita a EE. UU. la extradición de Nicolás Maduro.
En un giro diplomático y judicial de alcance internacional, la Justicia argentina formalizó este miércoles un pedido de extradición hacia los Estados Unidos para Nicolás Maduro Moros. La medida fue impulsada por el Juzgado Federal 2, con el objetivo de que el líder venezolano sea sometido a declaración indagatoria en territorio argentino. Esta solicitud surge tras la difusión de reportes que indican que Maduro habría sido detenido en su país y trasladado bajo custodia a los Estados Unidos, abriendo un escenario legal sin precedentes bajo el principio de justicia universal por delitos de lesa humanidad.
Fundamentos del exhorto internacional y la causa judicial
La resolución, firmada esta mañana, se desprende de la causa identificada como CFP 2001/2023, la cual investiga una serie de denuncias por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Según Noticias Argentinas, el tribunal fundamentó la urgencia de la medida basándose en la información que sugiere que el mandatario venezolano se encuentra actualmente privado de su libertad en suelo norteamericano. El juez actuante cumplimenta así una orden previa de la Sala I de la Cámara Federal, que ya en septiembre de 2024 había dispuesto la detención y captura internacional de Maduro.
Esta decisión no es un hecho aislado, sino que ratifica un mandato que fue actualizado recientemente, el pasado 15 de enero de 2026, mediante un incidente procesal. La Justicia argentina considera que existen elementos suficientes para indagar a Maduro por crímenes que, por su naturaleza, no prescriben y pueden ser perseguidos más allá de las fronteras donde fueron cometidos. El proceso busca garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y querellantes que han impulsado el expediente en los tribunales de Comodoro Py.
El Tratado de 1997 y el rol de la Cancillería
Para dar sustento legal al pedido, el juzgado se amparó en el Tratado de Extradición vigente entre la República Argentina y los Estados Unidos de América, suscripto en el año 1997. Este acuerdo bilateral establece los marcos operativos para que una persona detenida en una de las partes pueda ser enviada a la otra para enfrentar cargos penales. En este sentido, se ha ordenado la «urgente traducción» del exhorto para que no existan demoras burocráticas en su recepción por parte del Departamento de Justicia estadounidense.
El trámite será canalizado a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería Argentina, que actúa como el nexo diplomático necesario para estas gestiones. Asimismo, el tribunal notificó al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las organizaciones que actúan como querellas. El éxito de esta solicitud dependerá ahora de la coordinación entre los departamentos jurídicos de Washington y Buenos Aires, en lo que promete ser uno de los casos judiciales más complejos y observados de la década en la región.
