La Universidad Nacional de San Martín reveló en una investigación, coordinada por las doctoras Ana Castellani y Paula Canelo, que 114 ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados fueron designados en alguno de los 367 cargos de nuevos ministros, secretarios y subsecretarios que constituyen la estructura actual del Estado nacional.
Las investigadoras advierten sobre los siguientes riesgos que derivan de esta concepción neoliberal de asignar la conducción directa del Estado a los representantes y agentes de las grandes empresas: a) el sesgo antiestatal, antipolítico y pro-mercado que impregna la ideología de los CEO y gerentes; b) las deslealtades que traen al seno del Estado y del gobierno quienes desarrollaron sus trayectorias en el sector privado, aumentando la probabilidad de conflictos de intereses y la permeabilidad a las presiones de los actores económicos; c) las dificultades para cohesionar un cuerpo de funcionarios caracterizado por compromisos políticos débiles; y d) la extrapolación de criterios organizacionales propios del management a la administración pública.
Como uno de los ejemplos extremos de la pérdida de autonomía estatal, para defender los intereses del conjunto del país, se menciona a Juan José Aranguren, ministro de Energía de la Nación. Este expresidente y accionista de Shell, la gran empresa petrolera anglo-holandesa, tiene a su cargo definir el precio de los combustibles y otras variables determinantes para la actividad, donde él mismo tuvo y tiene intereses económicos que colisionan con el interés nacional de los argentinos.
Carlos Pirovano es un licenciado en Economía que fue subsecretario de Inversiones del gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Entre 1983 y 1985 fue asesor en el Congreso Nacional del diputado Alvaro Alsogaray, representante del fundamentalismo neoliberal más recalcitrante. Ya en este siglo XXI fue Gerente de Máxima Afjp, la administradora privada de fondos de jubilación y pensiones del HSBC, el banco que tenía archivos depositados en el galpón de Barracas de la empresa Iron Mountain, perdidos durante un extraño incendio en 2014 (que produjo la muerte de ocho bomberos y dos rescatistas), en cajas que llevaban denominaciones como “lavado de dinero”. Pirovano, que ingresó a la gestión macrista en la ciudad en 2007, impulsó precisamente el Distrito Tecnológico, una zona franca de impuestos y gravámenes para empresas, localizada en los barrios de Barracas y Parque Patricios. Justo en esa zona de exención impositiva se ubicó Iron Mountain, empresa a la que no le correspondía dado que no se dedicaba a ningún desarrollo tecnológico, sino al almacenamiento y depósito de documentos. En junio de 2016, Pirovano aparece como vicepresidente del Banco BICE y en enero de 2017 como director de “Garantizar”, una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que opera en coordinación con el ministerio nacional de Producción que conduce el mendocino Francisco Cabrera.
El destacado funcionario Pirovano declaró en la Revista Energía, de octubre de 2014, que “la política de desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires es antitética a las políticas económicas que desarrolla el gobierno nacional. Nosotros no creemos que sea conveniente combatir o controlar la actividad empresaria. La actividad empresaria no se controla (subrayado del autor). La actividad empresaria se estimula y en todo caso se coordina, pero no se controla de ninguna manera”.
Previo a esto, en febrero de 2011, Pirovano también había incursionado sesudamente en el campo de la educación. En su cuenta de twitter escribió: “¿Y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata le pagamos a los chicos una escuela privada?” Y añadió: “Les regalamos las escuelas públicas a los maestros, que dejarían de ser empleados públicos y podrían ser empresarios”. Este referente macrista, que propuso la abolición de la escuela pública, en su afán twittero también afirmó que Arturo Jauretche “es fascista” y se preguntó por el peor presidente de la historia. Dijo, con inimputable sinceridad, “mi gorila interior cree que Perón”.
En el mes de noviembre de 2014 se llevó a cabo en Buenos Aires un encuentro organizado por un denominado Foro de Convergencia Empresarial. En ese evento, en el que participaron los directivos de las principales compañías del país, intervino el representante de la importante empresa argentina Techint (que tiene fijado su domicilio en Luxemburgo), la cual, presidida por el ítalo-argentino Paolo Rocca, se dedica a la fabricación de caños sin costura, destinados a la industria petrolera.
Con brutal desparpajo, el representante del Grupo Techint expresó que “El mercado le va a ganar al Estado” (subrayado del autor). Fantástica convicción que revela el posicionamiento ideológico-político de este tipo de empresarios que, a la par de lucrar con el Estado, simultáneamente se proponen debilitar y “derrotar” al Estado, si éste no se somete de manera dócil y cómplice para garantizarles sus enormes ganancias.
Seguramente, esos empresarios tenían en 2014 añoranzas de otros períodos, de otros gobiernos y de otros funcionarios que servían más puntualmente a los intereses de las empresas “argentinas”. Debían extrañar al Dr. Juan Alemann, quien fue secretario de Hacienda del dictador militar Jorge Rafael Videla y del dictador civil José Alfredo Martínez de Hoz, cuando afirmaba con convicción que “… en definitiva, el Estado es el socio oculto de todas las empresas privadas”.
En algunos momentos de la historia, el Estado opera como el “socio oculto” de las empresas privadas y en otros (como en 2017) como el “socio desfachatado” que ya no necesita disimular; momentos en los cuales los sectores del gran capital despliegan obscenamente sus enormes privilegios, con toda soberbia y hasta como si se tratara de un hecho “lógico y normal”. Muchos empresarios “nacionales” se enriquecieron de manera exponencial e inimaginable con los negocios que encararon con el Estado o con la protección del Estado, especialmente durante la dictadura cívico-militar y luego con el menemismo (aunque también en otros períodos).
Sería muy ilustrativo constatar y reseñar, por ejemplo, la cantidad de empresas y de capital acumulado por parte del Grupo Techint o del Grupo Macri, antes y después de la dictadura de 1976-1983.
Estos sectores, hoy fuertemente encarnados en la conducción del gobierno nacional, no soportan la existencia de un Estado que tienda siquiera a regular los objetivos no idénticos entre el capital y el trabajo. Quieren un Estado que sólo exprese y defienda sus intereses, al cual puedan condicionar y hasta conducir para imponer con impudicia las reglas y las conveniencias del mercado. De ahí se desprende su desmedido y sistemático afán de debilitar a todo aquel Estado que intente ponerle límites a su voracidad.
Los 114 ejecutivos y CEOs que designó Mauricio Macri, no sólo convalidan la extendida expresión popular de que “Macri gobierna para los ricos”, sino que confirma lamentablemente la pérdida de autonomía política y económica que deben constituir la esencia de un país independiente.
Por Norberto Alayón – Profesor Consulto de la UBA, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA