Las arenas para fracking de Dolavon y su explotación para aprovisionar el yacimiento de Vaca Muerta sigue generando grandes interrogantes.
¿Qué beneficio deja realmente a Chubut la extracción de arenas silíceas que van a Vaca Muerta? ¿Qué dinero perciben los municipios involucrados y la provincia? ¿Cuánto empleo local genera la planta de Dolavon? ¿Es o no contaminante el traslado y procesamiento de miles de toneladas de mineral?
El diario Río Negro dio a conocer un informe en el que puso en evidencia los vínculos comerciales de dos conocidos actores en el negocio de las arenas codiciadas por las perforadoras: Guillermo Coco, ex ministro de Jorge Sapag, y Ángel Salazar, ex concejal de Rincón de los Sauces y socio del intendente Marcelo Rucci.
El informe integra una investigación más amplia que demuestra cómo un selecto grupo de empresarios, gremialistas y políticos, vinculados estrechamente entre sí y con suficiente poder e influencia, no pierden oportunidad de participar de cuanto nicho económico existe alrededor de la actividad hidrocarburífera y logran direccionar los negocios hacia determinadas empresas (en gran medida YPF).
Sectores políticos vinculados al fallecido gobernador Mario Das Neves se pusieron a indagar inmediatamente sobre los números de la empresa Grupo Arenas Patagónicas (integrada por Transportes Rada Tilly de la familia Peralta y Shale Kompass de Salazar, Coco y otros socios neuquinos) y su real impacto tributario en las localidades donde se extrae el recurso y en la provincia en general.
Exiguo pago de impuestos
Omar Burgoa, intendente de 28 de Julio, jurisdicción de las canteras, reafirma en estos días su indignación por el hecho de que las arenas salen en bruto de la región sin dejar beneficios a las poblaciones.
Tanto Burgoa como los sectores del dasnevismo tienen sospechas de que los montos de impuestos que paga la empresa por su actividad son exiguos.
El intendente hace notar que no existe claridad sobre la magnitud del canon que recibe la provincia.
Está seguro de que su localidad no obtiene un centavo de regalías y cree que la vecina Dolavon (donde está localizada la planta) apenas logra 100.000 pesos mensuales en concepto de tasa municipal.
Hay, además, desconocimiento sobre los montos que se erogan en concepto de Ingresos Brutos.
Burgoa también tiene certezas de que la empresa tributa por su negocio sobre la base de un valor de arena de calidad inferior (categoría 3, como la que se usa en la construcción) y no por la que verdaderamente se extrae (de categoría uno, correspondiente a silíceas).
Y recuerda que esta categorización “absurda” fue avalada por el gobierno provincial durante la gestión Buzzi.
Presume que el perjuicio es también para la Afip.
Apenas 25 empleos genera la planta
Burgoa saca cuentas y se irrita más: “Cada camión cargado con 30 toneladas contiene un producto por un valor de aproximadamente 10.000 dólares. Salen 50 camiones por día, es decir 500.000 dólares (10 millones de pesos). Aun deduciendo costos operativos, sueldos “para apenas 25 empleados”, etcétera, ¡es muchísimo dinero! Tengamos en cuenta además que el material sale puro de la mina y no se transforma, como el ladrillo por ejemplo. Sólo se refina. Esta gente tiene que tributar por el mineral que realmente está extrayendo”, enfatiza.
“Shale Kompass no es dueño”
La otra gran incógnita que dilucidó el diario “Río Negro” es: quién o quienes han sido los reales inversores de la planta de arenas.
En una corta comunicación telefónica con este diario, Mario Peralta -titular de Transportes Rada Tilly- aseguró ser (su familia) único dueño e inversor de establecimiento.
De hecho este diario pudo saber que la empresa factura con la razón social Transportes Rada Tilly y no como Grupo Arenas Patagónicas.
No obstante, en la página web del emprendimiento se deja en claro que el negocio se desarrolla bajo esta última denominación, con dos sociedades integrantes: Rada Tilly y Shale Kompass.
Sostuvo que Shale Kompass “hace sólo la gestión de comercialziación” y por ese concepto se le paga una remuneración.
Peralta estaba a punto de viajar al exterior y aceptó mantener una entrevista a su regreso para responder las dudas.
¿Arenas contaminantes?
La polémica también adquirió un costado ambiental.
En el Concejo Deliberante de Rawson se aprobó días atrás un pedido de informes para intentar saber si la explotación de arenas silíceas provoca algún impacto negativo en el medio ambiente y la salud, así como cuáles son los planes de contingencia y medidas de prevención existentes.
La voz cantante fue del concejal Sebastián Curtale (del PJ), quien se basó en advertencias del geógrafo Roberto Ochandio y del Investigador de la Problemática Ambiental, Pablo Landa.
Los especialistas sostienen que “la explotación de las arenas pondría en riesgo las aguas del río Chubut en su curso inferior aumentando considerablemente su turbiedad y la capacidad del lecho en el transporte de sus caudales”.
Y ratificaron tales sospechas en “la existencia de antecedentes, a nivel mundial, de enfermedades provocadas por explotaciones de similares características”
Los socios
La gigantesca planta en Chubut la montaron un ex ministro de Sapag y un socio del intendente de Rincón.
Dos conocidos actores del negocio petrolero vieron hace dos años la gran oportunidad: descubrieron en Dolavon la cantera para extraer las arenas silíceas con la calidad requerida.
Luego invirtieron millones para lavar, tamizar y transportar a Vaca Muerta el preciado insumo.
Uno de los protagonistas es Guillermo Coco, ex ministro de Jorge Sapag, sospechados hoy ambos de intentar colocar 5 millones de dólares en un banco de Andorra.
El otro es Ángel Salazar, un político que generó un enjambre de empresas en Rincón de los Sauces que se presumen vinculadas a su amigo, el intendente y gremialista Marcelo Rucci.
De hecho es su socio en una de las firmas más importantes.
Fuente: Río Negro