La jueza penal de Puerto Madryn, Patricia Reyes, intimó al Gobierno de Chubut a garantizar en forma urgente, la atención médica y la provisión de medicamentos a los internos del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew.
La medida fue adoptada el viernes pasado en el marco de una audiencia celebrada en el edificio de Tribunales después de que los abogados Luciana Capone y Rodrigo Palumbo presentaran un hábeas corpus colectivo, adelantando que si no había una respuesta positiva a los reclamos planteados, solicitarían el arresto domiciliario de todos sus defendidos.
Los letrados solicitaron la restitución inmediata y definitiva del servicio médico y la restitución del recorte presupuestario respecto de la partida de alimentos y limpieza y la refacción del área de duchas.
Participaron de la audiencia el comisario Oscar Hess y el comisario inspector Enrique Daniel Urrutia, responsables del Servicio Penitenciario.
En la misma, se explicitaron detalles relacionados con las falencias que se observan en el servicio médico del Instituto, entre ellos, los problemas existentes con la empresa Cuidados, por falto de pago, la falta de una ambulancia y los recortes presupuestarios en alimentos y artículos de limpieza.
Tras analizar la situación, la magistrada comunicó al Ministerio de Gobierno y Ministerio de Salud que deberán hacer todo lo que sea necesario para dar una respuesta acabada para brindar atención médica a todas las personas que se encuentran en el Servicio Penitenciario e intimó al Ministerio de Gobierno para que en plazo perentorio de 48 horas solucione la cuestión de medicamentos, de la manera que crea conveniente, ya sea a través del Hospital, o saldando la deuda que mantiene con la farmacia o firmando un nuevo convenio con otra farmacia.
También intimó al Ministerio de Salud de la Provincia para que garantice la atención de las personas privadas de la libertad en las guardias de los hospitales, cada vez que sea necesario y que informe por los medios que corresponda a los médicos que de no realizar las asistencias médicas correspondientes pueden incurrir en un delito porque tienen la obligación de hacerlo.
También solicitó que clarifique respecto de si hay personas que fueron designadas para ser enfermeros y cumplir funciones en el Instituto Penitenciario Provincial.
Al mismo tiempo, la Dra. Reyes intimó al Ministerio de Gobierno a que en un plazo de 72 horas devuelva al instituto el móvil de traslado que fuera asignado oportunamente y ordenó a la Sección Compra del Ministerio de Gobierno que se dé cumplimiento completo a la petición que formule el Jefe a cargo del Instituto Penitenciario, Comisario Urrutia, en lo referido a alimentos y artículos de limpieza.