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| AFP |
El gobierno de Nicaragua se comprometió anoche a retirar de las calles a la policía, fuerzas de choque y activistas sandinistas, como parte de una tregua de 48 horas acordada con los manifestantes que iniciaron protestas hace un mes.
El texto del acuerdo fue anunciado por el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, al concluir la primera sesión de trabajo del diálogo nacional instalado el pasado miércoles y del cual los obispos son mediadores.
Todos los sectores se comprometen a realizar una tregua hoy y mañana, en la que el gobierno se obliga a retirar a sus cuarteles a la policía, a retirar las fuerzas de choque y simpatizantes», indicó el documento.
Por su parte, la sociedad civil «deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones al diálogo, normalizar el tránsito y continuar el diálogo en un mejor clima el lunes 21 mayo», agregó.
El cardenal dijo que el acuerdo se tomó en vista de «la urgencia por detener los actos de violencia» que en 30 días se han cobrado la vida de decenas de personas en el país y han dejado pérdidas de 650 millones de dólares a la economía, según especialistas.
El pacto aclara, sin embargo, que «todos los sectores reconocen la necesidad imperiosa de derecho de reunión, manifestación y protesta cívica y pacífica», por lo cual se permitirá a las partes realizar este tipo de actividades, informó la agencia DPA.
La crisis comenzó el 17 de abril pasado con una protesta estudiantil contra una reforma al Seguro Social, que aumentaba las cuotas de empresas y trabajadores, y se profundizó tras la violenta acción de policías y paramilitares contra manifestantes desarmados.
Aunque el gobierno retiró el proyecto de reforma, las protestas no cesaron, y los manifestantes empezaron a pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega, en el poder desde hace 11 años, a quien acusan de autoritario y corrupto.
El gobierno solo reconoce 18 fallecidos durante la crisis, pero organismos de derechos humanos independientes reportan 66 muertos y más de 540 heridos, 200 de ellos por armas de fuego de la policía y grupos paramilitares.
Consultado por periodistas, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, dijo anoche que los representantes del presidente Ortega en el diálogo se comprometieron a «detener toda manifestación violenta de parte de sus activistas».
Agregó que, por su lado, los estudiantes se comprometieron a retirar los bloqueos de tránsito, pero se acordó que no desalojarán por el momento dos universidades donde decenas de jóvenes permanecen atrincherados desde hace un mes.
«Hemos acordado liberar el tránsito en las calles, pero las universidades seguirán siendo el espacio para que los estudiantes se manifiesten de manera pacífica», confirmó ante los periodistas Francisco Martínez, uno de los delegados estudiantiles.
«Hemos dado un paso importante hacia la serenidad, para que no haya un solo muerto y un solo herido más en Nicaragua, y para que todos podamos dormir tranquilos este fin de semana de no violencia», comentó monseñor Báez.
El acuerdo se logró en el primer día de trabajo del diálogo nacional, al que no asistió Ortega y que coincidió con la llegada al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
En una declaración, la delegación de la CIDH demandó al gobierno el «cese inmediato de la represión de las protestas» y lo instó a «adoptar las medidas necesarias de carácter urgente para garantizar el libre ejercicio del derecho de reunión pacífica y participación política de todos los nicaragüenses».
La CIDH también reiteró su «condena más enfática a las muertes, desapariciones, agresiones y detenciones arbitrarias de manifestantes, activistas y periodistas».
«Instamos a las autoridades a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos», añadió el informe.
La jefa de la misión de 11 funcionarios, la chilena Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua, dijo que durante cuatro días se reunirán con representantes de entidades del Estado, de la sociedad civil y otros actores como estudiantes, personas afectadas y familiares de víctimas.
Anunció que formarán equipos de trabajo en Managua y otras tres ciudades y que ya se instaló una oficina donde de inmediato empezaron a recibir decenas de denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas desde que iniciaron las protestas.