La investigación judicial por los incendios forestales que afectan a Chubut avanza con nuevos indicios que abren una línea clave: una presunta disputa por tierras dentro de una comunidad mapuche
Así lo informaron autoridades judiciales y policiales, mientras el Gobierno provincial exige sanciones ejemplares para los responsables de los focos intencionales.
El fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el comisario general de la Policía de Chubut, Andrés García, brindaron una conferencia de prensa en la que detallaron los últimos avances. Según explicaron, el análisis de cámaras de seguridad resultó determinante: minutos después de iniciado el incendio en la zona de Puerto Patriada se observó el descenso de dos camionetas cargadas con pertenencias, como si se tratara de una mudanza.
De acuerdo a lo señalado por García, esta situación llamó la atención de los investigadores, ya que la mayoría de los vecinos no logró rescatar ni documentación personal debido a la rapidez con la que avanzó el fuego. Dos testigos que declararon de manera espontánea reforzaron esta hipótesis al identificar los vehículos y vincularlos con una familia de una comunidad cercana al lugar donde se originó el incendio.
Conflicto interno y contradicciones oficiales
Según la investigación, dentro de esa comunidad existía una disputa por tierras, originada a partir del intento de una mujer, llegada desde Buenos Aires, de ser reconocida como integrante. El reclamo habría sido rechazado y, a partir de allí, se habría generado el conflicto.
Esta línea investigativa contradice declaraciones previas del Ministerio de Seguridad nacional, que había vinculado los incendios con supuestos “grupos terroristas mapuches”. Las declaraciones oficiales de la Policía provincial, en cambio, indican que la comunidad sería una de las damnificadas.
Torres pidió sanciones ejemplares por incendios intencionales
Según C5N, en paralelo, el gobernador Ignacio Torres volvió a reclamar penas severas para quienes provoquen incendios. Confirmó que el foco en Puerto Patriada fue intencional, ya que se halló material combustible en el lugar, mientras que el incendio del Parque Nacional Los Alerces tuvo un origen natural por la caída de un rayo.
Torres advirtió sobre el contexto de sequía extrema que atraviesa la provincia y cuestionó la politización del tema. “Quien inicia un incendio de manera deliberada tiene que pagar las consecuencias”, sostuvo, al remarcar que más de 10.000 hectáreas resultaron afectadas y numerosas familias perdieron todo.
Con peritajes en marcha y testimonios bajo análisis, la Justicia busca determinar responsabilidades en una causa sensible, atravesada por el daño ambiental, la emergencia social y la necesidad de respuestas claras. El Gobierno provincial aseguró que acompañará el proceso judicial hasta que se esclarezcan los hechos y se sancione a los culpables.
