El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, consideró, en relación con el dinero vinculado a los casos de corrupción que implica a ex funcionarios provinciales, que “si saliera aprobada la ley nacional de extinción de dominio (que está en el Congreso) la cuestión se facilitaría mucho”. Manifestó que “si no saliera aprobada la ley, el Ministerio Público Fiscal tiene la intención de lograr el decomiso de los bienes luego de que haya una sentencia”. En diálogo con ADNSUR, dijo que la intención del Ministerio Público Fiscal es tratar de lograr el recupero de todos los bienes mal habidos”. En otro orden, consideró que debe cambiar el tema de financiamiento de los partidos políticos.
“Desde un principio se planteó la inhibición general de bienes de todas las personas sometidas a procesos, y en algunos casos, a pedido de las partes querellantes, importantes embargos. Se pretende garantizar que aquellas personas que están siendo investigadas; no se deshagan de los bienes que en principio el Ministerio Públicos Fiscal considera que adquirieron con dinero impuro”.
“En caso de que no saliera aprobada la ley, el Ministerio Público Fiscal tiene la intención de lograr el decomiso de los bienes luego de que haya una sentencia”, aseguró. Y agregó que los bienes “están a disposición de la justicia y secuestrados. Es cierto que la oficina judicial hizo un pedido y se le entregó como depósito judicial un equipo de sonido que necesitaban para grabar las audiencias. Una cosa es el depósito y otra la extinción del dominio o decomiso”.
La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita.
Miquelarena planteó que “lo que se suele hacer con las cosas secuestradas, es tratar de mantenerlas de la mejor forma posible, y en algunos supuestos, darle uso para que no se estropeen y tratar de mantener el valor de mercado de los bienes. Por ejemplo, el dinero secuestrado será depositado en un plazo fijo para tratar de evitar la depreciación del dinero”.
“Se busca preservar de la mejor forma posible a los bienes secuestrados para mantener su valor de mercado”. Además, el procurador general indicó que “tiene que ser consecuencia del delito que se investiga. No se puede decomisar un bien cuya adquisición no tiene nada que ver con el hecho que se investiga”.
Miquelarena remarcó que “estamos hablando de fraude a la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles y cuestiones que tienen que ver con el manejo de dinero”. A su vez, informó que “preferiría no hablar de sumas hasta tanto haya pericias contables que den un grado de certeza del monto que estamos hablando. En su momento fue una suma estimativa, pero nada indica que no vayan a aumentarse o que sea menos. Estamos en plena investigación”.
Respecto al financiamiento de las campañas políticas y el blanqueo de fondos, consideró que “hay un régimen de los aportantes, pero habría que darle una vuelta de rosca porque es evidente que las campañas se suelen financiar con dinero que no están del todo declarado. Y esto creo que es una deuda pendiente que tienen nuestros políticos y que deberían tratar de buscar algún mecanismo que sea más transparente y que quede efectivamente reflejado de donde sale el dinero de una campaña y quienes son los aportantes”, concluyó.
ADN Sur
