La noticia de que Argentina deberá dirimir una demanda de un fondo buitre en tribunales de Estados Unidos, a partir de un reclamo por 3.000 millones de dólares por parte de la firma Burford Capital, lleva a retrotraer la mirada en torno a los orígenes de la expropiación de la petrolera, que por entonces era conducida por el grupo Petersen. En efecto, la expropiación de YPF tuvo su primer antecedente en la provincia de Chubut, cuando en marzo de 2012 se anunció la reversión de áreas por falta de inversión.
En efecto, tras el anuncio de reversión de Campamento Central y El Trébol, en marzo de 2012, el orden cronológico refleja que en abril del mismo año se anunciaba desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la estatización parcial de la compañía. El hecho provincial no pudo hacerse sin la anuencia del gobierno nacional, ya que la familia Eskenazi había llegado al timón de la principal petrolera a partir del apoyo del gobierno de Néstor, a fines de 2007, cuando compró el 15%(posteriormente otro 10%, para llegar al 25%), en parte a partir de un préstamo de la propia Repsol.
Sin embargo, 4 años después –y tras el fallecimiento del ex presidente, en octubre de 2010- el panorama era diferente: en febrero de 2012, una revista de tirada nacional y editada por periodistas que luego tendrían fuerte vinculación con la petrolera nacionalizada, daban a conocer con lujo de detalles el plan del gobierno nacional para estatizar la petrolera. Es decir, la expropiación y estatización formaban parte de la agenda desde bastante tiempo antes, dando marco propicio para avanzar en acciones como las que se iniciaron en Chubut.
Fue así que en marzo el gobierno de Martín Buzzi anunciaba la quita de áreas en Chubut, mientras que a mediados de abril, la presidente Cristina Fernández enviaba al Congreso un proyecto de expropiación parcial: el 51% de las acciones quedaba en manos del Estado nacional y las provincias, por lo que posteriormente la española Repsol sería resarcida con 5.000 millones de dólares.
La reversión en la provincia quedó luego sin efecto, a partir de los nuevos objetivos de inversión de la compañía parcialmente estatizada.
Nueva demanda
Hoy el país afronta una nueva demanda internacional, en este caso promovida por un fondo de inversión que, según informa diario La Nación, compró compañías del grupo Petersen, tras la estatización, para quedarse con el derecho a litigar. Por su parte, el grupo de los Eskenazi habría ido a la quiebra tras no poder afrontar los créditos que había tomado para comprar el 25% de la petrolera, ya que la mayor parte sería afrontado a partir de la liquidación de dividendos generados por la propia compañía.
El fallo en contra de la Argentina, que ratifica que la demanda por 3.000 millones de dólares –que el fondo buitre exige al país- deberá tramitar en Estados unidos, fue producido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, mientras que el juicio debería tramitar en el mismo juzgado que en su momento ocupó el fallecido juez Thomas Griesa.
El gobierno argentino tiene la opción de apelar ante la Corte de Justicia de Estados Unidos, pero las perspectivas parecen difíciles para poder volcar la decisión a su favor y traer el juicio a la Argentina.
ADN Sur