La justicia chilena determinó que el Estado deberá pagar 3,8 millones de dólares a 31 de los 33 mineros que sobrevivieron «enterrados» a 700 metros de profundidad en la mina San José, en pleno desierto de Atacama, a 800 kilómetros al norte de Santiago.
La resolución se obtiene a ocho años de la histórica hazaña que conmovió al mundo entero y tuvo a Chile en el centro de la noticia luego que todo un turno quedara encerrado y todo un país se movilizara por su rescate, que se convirtió en una epopeya al rescatar a todos los mineros con vida. Incluso Hollywood llegó a rodar una película sobre el hecho.
El Noveno Juzgado Civil de Santiago determinó que 31 mineros, de los 33 que en 2010 quedaron bajo tierra, recibirán individualmente 123 mil dólares como indemnización tras establecerse la responsabilidad del Estado en el derrumbe ocurrido el 5 de agosto de ese año, que los tuvo 70 días atrapados.
La magistrada Lidia Poza estableció la responsabilidad del Estado, específicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Dirección del Trabajo, por la falta de fiscalización de la Empresa Minera San Esteban, dueña del yacimiento donde se produjo el accidente.
El fallo indicó que el monto de resarcimiento es «por razones de prudencia y sobriedad, teniendo como parámetro que, aunque afectada en su máximo, la vida ha sido preservada y, por lo tanto, quedan esperanzas de recuperación. Y porque debe servir simbólicamente para que quienes detentan la autoridad sobre la materia materialicen en medidas concretas lo que esta experiencia nos ha dejado a todos/as como aprendizaje».
La compensación es para 31 de los 33, visto que dos de ellos no se sumaron a la demanda civil: Raúl Bustos y Juan Illanes. La jueza desechó los argumentos del Fisco, el cual mencionó el otorgamiento de una pensión vitalicia de 384 dólares y la cobertura del tratamiento médico. A juicio de la magistrada, dichos incentivos «no son constitutivos de ningún resarcimiento por daño moral, sino únicamente compensatorio del daño emergente y el lucro cesante».
Mario Sepúlveda, el histriónico minero que conquistó las audiencias al salir del encierro, dijo estar «muy contento» con la resolución, pero lamentó que no hubiese mayores sanciones para la minera: «Creo que a veces la gente tiene poca memoria. A mí, junto con esto, me habría gustado que hubiese una justicia verdadera contra los empresarios».
Daniel Herrera expresó a su vez que «no me lo imaginaba, ni esperaba; lo que nos pasó no generó ningún cambio, siguen ocurriendo accidentes en la minería. Espero que se hagan responsables los entes fiscalizadores».
El abogado defensor de los mineros, Jorge Ríos, apuntó que se estableció «claramente lo que aquí se conoce como una falta de servicio de las instituciones u órganos técnicos encargados de autorizar la apertura de la mina y, además, del cumplimiento de las medidas de seguridad, que eran necesarias para el desarrollo de la faena minera».
Ambito
