Oscar Peña, imputado en la causa «Revelación» por los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito, pidió declarar ayer ante los fiscales de la causa y lo hizo acompañado por su abogado, Javier Kadomoto.
El empresario de Esquel brindó una versión de los hechos muy parecida a la que describió en su momento quien fuera presidente de la Cámara de la Construcción en el Valle, Patricio Musante, al sostener que la situación de su empresa en la etapa en que acontecieron los hechos investigados «era catastrófica», lo que lo llevó a tener un pasivo de casi 80 millones de pesos, producto de los pagos que se veía presionado a realizar.
Sostuvo el empresario que entró en «una bicicleta con certificados, pagos y adelantos que le hacía el Banco», llegando a la situación de despedir a 200 empleados de Peña Construcciones.
Das Neves lo mandó a hablar con Cisterna
Según la declaración de Peña, en el verano de 2016 le planteó al gobernador Mario Das Neves la situación de ahogo financiero que padecía su empresa, y el mandatario lo mandó a hablar con el entonces ministro Coordinador, Víctor Cisterna (actualmente cumpliendo prisión preventiva por ésta misma causa).
Cisterna le habría dicho que tenía que pagar una coima del 5% de las nuevas obras, 3% por obras viejas o el 1,5% para destrabar los certificados. Y agregó Peña ante los fiscales que el entonces ministro lo derivó a hablar con Pablo Bastida, quien en la actualidad también cumple prisión preventiva domiciliaria sospechado de ser el «valijero».
Dando continuidad en su relato, Peña contó de aquel encuentro con Bastida que éste le indicó que debería mostrar voluntad de pago y empezar a aporar, en principio, 150 mil pesos. Reconoció Peña que empezó a pagar a la caja negra de la política con cheques, a falta de dinero en efectivo, y así logró destrabar los certificados.
El llamado de Correa
Coincidente con el relato de otros empresarios que también buscan el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, Peña relató además que, una vez que Cisterna dejó el Ministerio de Coordinación de Gabinete, recibió el llamado telefónico del subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.
Eso acontenció -según la declaración del empresario- en febrero de 2017, momento en que Correa le habría informado que el modus operandi se mantenía pese a la salida de Cisterna.
Con su declaración, Peña también se presentó como «víctima» de presiones de los funcionarios imputados, accediendo al pago de coimas para poder trabajar con su empresa constructora.
Logró así acceder a la audiencia que se realizará hoy en Rawson (lo hará por videoconferencia desde Esquel), donde se debería definir el pedido de «probation» de los empresarios Musante, Torraca y Salaberry.
El Chubut
